¿Es posible derrotar la reforma constitucional 2025?, por Rafael Uzcátegui
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Nicolás Maduro ha anunciado su propósito de reformar la Constitución en 2025, creando una comisión que debe entregar una propuesta el 15 de mayo. La primera vez que se intentó imponer una Carta Magna «socialista» y «comunal», en el año 2007, la sociedad venezolana rechazó la propuesta en un referendo popular. ¿Hay condiciones para derrotar este segundo intento? ¿Qué ha cambiado y que oportunidades se han creado luego de 18 años?
El talón de Aquiles de cualquier intento de modificar la Constitución en Venezuela es que debe ser aprobada, obligatoriamente, mediante un referendo popular. En el año 2007, cuando se intentó por primera vez, Hugo Chávez estimó que era suficiente su popularidad personal. Semanas antes del anuncio había vencido al candidato opositor Manuel Rosales, en elecciones presidenciales, por un holgado 25.9% de diferencia. A pesar de esta ascendencia, la capacidad comunicacional del zurdo de Sabaneta y el ventajismo estatal, finalmente el electorado rechazó la nueva Carta Magna en las urnas.
18 años después un nuevo intento, en un país que ha cambiado sustantivamente. La pregunta es si hay las condiciones para que las autoridades vuelvan a ser derrotadas en su intento de imponer un Estado comunal y socialista a partir de la reforma de la constitución. Hagamos algunas comparaciones entre las dos épocas para sondear esta posibilidad.
El liderazgo
Lo primero es el liderazgo del proceso bolivariano. En el año 2007 era ejercido, sin ninguna contestación, por Hugo Chávez, legitimado por su victoria electoral en presidenciales. En 2025, en cambio, Nicolás Maduro sufre una importante deslegitimidad luego del fraude comicial, que escondió una diferencia en contra del 40%, perdiendo autoridad a lo interno del movimiento bolivariano y cediendo cuotas a otros sectores de su movimiento.
En 2007 el liderazgo opositor estaba en proceso de recomposición, siendo el rostro visible del momento Manuel Rosales, luego de su rol como candidato presidencial unitario, teniendo a Primero Justicia como el principal partido emergente. 18 años después también pudiera decirse que el liderazgo opositor continúa recomponiéndose, con una diferencia: El amplio apoyo popular a la figura de María Corina Machado (MCM), certificada luego de la campaña electoral más eficiente contra el bolivarianismo. MCM ha anunciado que estimulará la abstención en las elecciones regionales de mayo de 2025, y todavía no ha emitido opinión sobre la reforma o de cuál será su estrategia frente a ella.
Los contextos
Tanto en el 2007 como en el 2025, con sus diferencias, el país protagonizó momentos crecientes de movilización. Luego de ganar las presidenciales de 2006 HCF cumplió su promesa de sacar del aire al canal televisivo RCTV, estimulando el protagonismo de los estudiantes universitarios en las protestas y quitándole a los venezolanos, incluyendo a los de su base de apoyo, su principal fuente de entretenimiento en señal abierta. Además, RCTV tenía un lugar importante en el imaginario simbólico y cultural del país. El sentimiento de «haber sido despojados de algo» se reflejaría luego el día de la votación, cuando se calculó que tres millones de personas que eran parte de la base electoral cautiva del oficialismo, habían dejado de sufragar.
A lo anterior, habría que añadir el significativo llamado del general Raúl Isaías Baduel, ícono del propio chavismo, a rechazar la propuesta de reforma constitucional. No se puede explicar la victoria del «No» en la reforma del 2007 sin incluir RCTV y al general Baduel.
En la actualidad tenemos el precedente de la participación, masiva y entusiasta, tanto en la campaña de la propia MCM como el propio día de las elecciones del 28 de julio. Agregamos, la respuesta popular al fraude de los días 29 y 30 de julio, donde hubo manifestaciones proto insurreccionales que, entre otras cosas, derribaron nueve estatuas de Hugo Chávez en todo el país.
La interrogante que emerge es el papel que pudieran desempeñar, para la dinámica movimientista, las elecciones de mayo 2025. Con una estrategia de largo plazo, los candidatos pudieran utilizar el espacio tolerado del proselitismo electoral regional para recomponer el tejido asociativo político que luego se enfrente a la reforma. Sin embargo, también existe el peligro que el tono de la discusión, sobre si participar o no, dinamite todos los puentes entre las diferentes facciones, que luego hagan cuesta arriba una reacción colectiva frente a la reforma.
Las bases oficialistas y opositoras
El chavismo del 2007 era uno que contaba con amplios recursos, por el alto precio del petróleo y gas en los mercados internacionales, para promover políticas públicas, especialmente las denominadas «Misiones». Las palabras «socialismo» y «comunas» tenían la capacidad de ser potencialmente resignificadas por la población, a partir de su vinculación emocional con HCF. Por los resultados, eso no fue suficiente. Además, las palabras de Baduel significaron, hasta ese momento, en el cisma más importante a lo interno del movimiento bolivariano.
El chavismo del 2025 ha sido reducido a una base electoral de tres millones de votos, sumergido en una crisis económica que pudiera agravarse si Donald Trump cumple sus anuncios de presiones financieras sobre el país, lo que limitaría aún más su capacidad clientelar.
Además, el concepto «Comunas» perdió las expectativas benévolas que pudo haber generado 18 años atrás, dado que la población ya tiene una experiencia real y concreta sobre lo que significa la gestión de servicios por parte de los «Consejos comunales».
Por su parte la oposición del 2007, aunque no lograba construir una narrativa eficaz para enfrentar al chavismo, aún conservaba la posibilidad de construir estrategias políticas unitarias, como lo demostró la creación de la «Mesa de la Unidad Democrática» un año después, con una amplia posibilidad de acción política. La oposición del 2025, en contraste, tiene un radio de acción muy disminuido, con un centenar de miembros de partidos políticos, especialmente de Vente Venezuela y Primero Justicia, como presos políticos o exiliados fuera del país, con un sector de sus dirigentes en la clandestinidad.
Censura y libertad de expresión
Aunque en el año 2007 el cierre de RCTV fue un precedente para todo lo que vendría después en materia de libertad de expresión e información, los medios y periodistas todavía contaban con posibilidades para ejercer su oficio. En el año 2025 la censura en señal abierta es casi total, con muchos medios cerrados, periodistas encarcelados y otros en el exilio. Los portales informativos independientes se habían convertido en una alternativa, pero han visto disminuidas sus capacidades por la disminución de la cooperación internacional, que constituía su principal fuente de financiamiento. 18 años antes no existían las redes sociales, por lo que la ciudadanía ha construido, bajo hegemonía comunicacional estatal, sus mecanismos para distribuir y compartir información.
La sociedad civil
Aunque HCF delineó en el año 2004 la estrategia de criminalización de las organizaciones sociales independientes, aún deberían pasar 6 años más para que Hugo Chávez pidiera la aprobación de una ley para regular la cooperación internacional. Para el año 2007 las ONG contaban con un margen de acción para realizar su labor e interpelaban a los funcionarios durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Eso les permitió desplegar un abanico de estrategias para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos en la aprobación de una Carta Magna regresiva en derechos humanos. Además, otros sectores, como los estudiantes universitarios y la jerarquía de la iglesia católica, se posicionaron críticamente sobre la propuesta de reforma.
En el año 2025, luego de la instauración de un gobierno de facto, diferentes mecanismos represivos han replegado a la sociedad civil, con muchos de sus voceros y activistas en el exilio, y con el precedente de la detención de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Correa. Además, sus capacidades se han visto disminuidas a partir de la drástica disminución de la cooperación internacional.
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El árbitro
La situación institucional es muy diferente. Aunque en el año 2007 había signos de debilitamiento en la división de poderes, existía confianza en la actitud profesional y técnica del Consejo Nacional Electoral. No obstante, posteriormente algunos de los contenidos rechazados fueron implementados por la vía de los hechos, particularmente la relección indefinida. Casi dos décadas después, luego del fraude electoral del 2024 la propia legitimidad del árbitro electoral también se encuentra en crisis. Entonces, ¿a pesar que el CNE pueda distorsionar los resultados, es posible volver a derrotar la propuesta de una reforma constitucional regresiva?
De manera similar al 28J es posible sacar un amplio margen de ventaja, sin embargo esto no garantiza el reconocimiento de la victoria. Sin embargo, la campaña contra la reforma pudiera ser el último hito de movilización política y pacífica en mucho tiempo, si descartamos la posibilidad de activar un referendo revocatorio presidencial en el año 2027. Esto justificaría organizar un gran movimiento nacional de contestación, visibilizando el descontento con las autoridades y su proyecto. La imposición de una constituyente «comunal» y «socialista» sería una amenaza existencial para los venezolanos, materializando la instalación de un gobierno de facto.
Finalmente, aunque no se reconozca públicamente, a lo interno del chavismo una nueva derrota sería el golpe de gracia para la autoridad de Nicolás Maduro sobre el universo bolivariano. Como se ha demostrado en las tensiones para la selección de candidatos a gobernadores, su ascendencia se ha mermado luego del 28J. El carisma de Hugo Chávez pudo asimilar y procesar aquel revés, algo imposible para la menguada personalidad de «Super bigotes», lo que pudiera generar terremotos endógenos imprevisibles.
Más que sus contenidos concretos, el chavismo está diseñando una estrategia narrativa para hacer digerible su propuesta de reforma. Aunque una derrota de esta propuesta no signifique la recuperación de la democracia, será una pelea necesaria por todas las consecuencias que su implementación pudiera tener.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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