Escalada de violencia se demostró con sucesos de La Vega, dicen expertos
El cuadro de violencia del país es producto de una criminalidad desbordada y una acción inadecuada y desmedida de los cuerpos de seguridad, aseguran la directora de Cofavic, Liliana Ortega, y el criminólogo Fermín Mármol García. Evitaron comparar los hechos con antiguos casos de masacres, e insisten en que la violación a los DDHH es un punto común en los operativos policiales y militares
Lejos de ser un caso aislado y eventual, los sucesos ocurridos en la parroquia La Vega el pasado 8 de enero constituyen un eslabón en la cadena de la escalada de violencia que ocurre en el país, donde tanto la actividad de bandas armadas como el uso sin control alguno de la violencia por parte del Estado generan una espiral que está afectando profundamente el tejido social del país.
Los vecinos de La Vega vivieron horas de angustia y horror en esa semana que concluyó el sábado 9 de enero. Días antes, algunos habitantes de la zona habían reportado a través de las redes sociales la presencia de personas que portaban armas largas; se propagó la versión de que algunos de estos elementos estaban vinculados a una banda que prácticamente tiene el control de los barrios ubicados a lo largo de la Cota 905, zona adyacente a La Vega, y muchos vecinos intentaron resguardarse temprano en sus casas para evitar el peligro.
En la parte baja de La Vega se produjo la acción policial. Foto: Luna Perdomo
El viernes 8, con el ingreso a la zona de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la angustia dio paso al terror: 23 personas cayeron víctimas de la actuación de este cuerpo de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro que la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, ha insistido en que debe ser desmantelada pues es uno de los de mayor letalidad en el país y desde entonces han surgido informaciones sobre violaciones a los DDHH durante el operativo, allanamiento de viviendas, y presunto asesinato de personas que no formaban parte de banda alguna, todo ello con el agravante de que en Venezuela no existe la pena de muerte, algo que la mayoría de los países han dejado de practicar pues nunca produjo los resultados que alguna vez se esperaron.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares y Víctimas (Cofavic) y el criminólogo Fermín Mármol García, coincidieron en señalar que la actuación fuera de los cánones admitidos por Naciones Unidas es lo que ha facilitado toda esta escalada de la brutalidad, e insisten en señalar que los países que han logrado superar sus niveles de violencia lo han hecho trabajando en el marco de tales disposiciones y en conjunto con ONG de derechos humanos e instituciones sociales.
Violencia actual no se compara con masacres antiguas
Aunque algunos investigadores y ONG de DDHH han afirmado que la acción en La Vega, por el número de muertes (al menos 23), supera casos emblemáticos de masacres de la llamada IV República, como los de Cantaura (1982, 23 víctimas), El Amparo (1988, 14 muertos) y Yumare (1986, nueve asesinados), los expertos consultados por TalCual evitaron encuadrar lo ocurrido en La Vega en este tipo de prácticas.
“No es posible establecer comparaciones históricas en materia de DDHH –expresó Liliana Ortega-. En los últimos 31 años que hemos documentado, podemos decir que “el caracazo” (1989) no tiene comparación con ninguno de los casos ocurridos, por el número de víctimas, por el despliegue del Plan Ávila, el uso generalizado y desproporcionado de la fuerza en zonas populares y los componentes que participaron. Hay, además, elementos que son distintos; desde el año 2005 hemos venido documentando una serie de casos en el interior del país, bajo la denominación de grupos parapoliciales que se denominaron ‘de exterminio’, y que es un primer antecedente de estos escuadrones de violencia, se trata de cuerpos dependientes de policías estadales y municipales. Hay varios casos que la Corte ha dictaminado que ocurrieron en un contexto de impunidad y violencia”.
A su vez, Fermín Mármol García aseguró que es muy complejo comparar las cosas, porque son circunstancias, escenarios y motivaciones distintas.
“En donde se puede comparar es si se violó o no la ley, si se cree o no en el trabajo de investigación. Con respecto a lo de La Vega eso lo dirá el futuro. Podemos preguntarnos “¿Siente la población que hubo satisfacción con el trabajo de la Policía y el Ministerio Público con respecto al caso de El Amparo o no? No puedo comparar operativos, pero sí las conclusiones. ¿Se trata de una política que se va a sostener en el tiempo o es un operativo más?
Lea también: Venezuela: qué se sabe de la operación policial en Caracas que terminó en una «masacre»
Señaló que el crimen y la violencia son problemas sociales y requieren soluciones sociales. “Es evidente que los operativos policiales son necesarios, el crimen hay que reprimirlo y la violencia reducirla. Cuando hay control de territorios y economía criminal es necesario que las acciones de los cuerpos de seguridad vengan acompañadas de políticas sociales y la llegada tanto del sector público como del privado”.
La violencia se manifiesta con ataque a sectores vulnerables
Liliana Ortega aseguró que, tal como han acusado la Alta Comisionada Michelle Bachelet, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una grave escalada de violencia por parte del Estado en Venezuela que afecta a sectores vulnerables de la sociedad durante los operativos oficiales, en los que se han producido violaciones a los Derechos Humanos.
“No estamos ante casos aislados, sino que tal como lo ha dicho la Alta Comisionada, estamos frente a patrones de actuación que se han venido agudizando y no responden a una sola zona del país, sino que hay distintos casos ilustrativos en diferentes regiones de la geografía nacional”, expresó Ortega.
Detalló que existe un modus operandi en los cuerpos de seguridad, que hay comunidades vulnerables y se articulan con una demostración del alcance de la violencia que pueden desarrollar estos organismos, que también podrían tener el objetivo de mantener el control social.
“Se enmarcan en allanamientos ilegales de domicilios, con casi ninguna observación del precepto legal de allanamiento y con una demostración de fuerza muy importante; no solo de un cuerpo policial sino presencia mixta de cuerpos policiales y militares. Las posibilidades de denuncias de estos casos son muy escasas porque el alto despliegue de mecanismos de seguridad deja una fractura importante en los vecinos y el entorno donde ocurren los hechos, lo que hace que tengan inhibición y sientan vulnerabilidad, lo que les impide acompañar los casos a pesar de que pudieron conocerlos bien”, explicó.
La directiva de Cofavic. Retrato de Guillermo Suárez
Añadió que, todas estas actuaciones van generando un gran efecto de fractura, miedo y temor en las comunidades.
Delincuencia impone control territorial con la violencia
Fermín Mármol García señala que, muy lamentablemente, Venezuela está considerada por diferentes órganos multilaterales y empresas privadas que miden riesgos, como un país con una delincuencia organizada y violenta que controla territorios, por lo que el Estado debe actuar porque es su deber. Sin embargo, destacó que tal actuación debe ser en el marco de la ley, y como parte de una lucha de carácter integral, sumando otros elementos a la represión.
“Hay que explicarle a la ciudadanía cuál es el plan que se va a ejecutar, cuáles son los objetivos a corto o mediano alcance, no solo en el plano militar y policial sino en el social; cuál es la apuesta para que esa zona (objeto de un operativo) pueda ir a una economía formal floreciente. No he visto cuál es ese plan, no he visto que después de procedimientos policiales haya el componente social en la zona, pero por otro lado tampoco he visto la transparencia de la mano de trabajo conjunta con las ONG de DDHH, que, en vez de ser enemigos son aliados y tienen el poder de identificar debilidades en los procesos, y tampoco he visto la apertura a los medios comunicación social para que puedan tener sus ruedas de prensa, entrevistar a funcionarios para que éstos rindan cuentas, a lo largo de estas dos décadas”, detalló.
Indicó Mármol García que, cuando se genera la duda sobre un procedimiento, por parte de las ONG, de la sociedad civil del país, o de los ciudadanos, hay varias propuestas que emanan de la ONU, para esclarecer los hechos. “Si Venezuela es parte del concierto internacional, debe apelar a fórmulas que ha aprobado Naciones Unidas, como el Protocolo de Minnesota; si hay una duda de que pudo haber excesos en el ejercicio policial, del combate contra el crimen, ajusticiamientos, ese protocolo determina cómo hacer las autopsias, las exhumaciones, el tratamiento de testigos y víctimas sobrevivientes. ¿Por qué no aplicarlo cuando la Fiscalía, conjuntamente con el CICPC, y la Defensoría, pueden llamar a comisiones ad hoc que verifiquen las entrevistas e interrogatorios? No se ha puesto en práctica en el siglo XXI en Venezuela porque se alega una supuesta injerencia internacional”, lamentó.
Daños colaterales
Liliana Ortega advirtió que estos operativos no deben ser enfocados en la perspectiva exclusiva del saldo de ejecuciones extra judiciales, sino que hay que observar todos los daños colaterales que conllevan. “Hay abuso contra la mujer, menores, adolescentes, mujeres de la tercera edad; todo eso lo encontramos de manera sistemática en los casos que podemos documentar. Es muy importante señalarlo, porque no solamente estos operativos dejan un saldo importante de víctimas directas, sino que hay un número de víctimas secundarias, no solo de violaciones de DDHH, sino que se producen un desplazamiento forzoso interno, cambios abruptos de proyectos de vida y la fractura del tejido social y esto se acentúa con la impunidad. Lo ha venido señalando Naciones Unidas e igualmente el sistema Interamericano”, explicó.
Cofavic ha documentado 12.010 casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, y que la mayoría corresponde a los últimos tres años, en el marco de los operativos de seguridad, primero OLP y luego de las FAES.
“El 99% (de las víctimas) son hombres jóvenes, 80% menores de 20 años. El 75% de quienes buscan justicia, enfrentan la impunidad, denuncian los casos y sufren amenazas porque la violencia no termina con la operación; 75% de quienes hacen las denuncias son mujeres, madres, hermanas, hijas, esposas, 60% ocurre en procedimientos especiales de seguridad ciudadana que implica el uso de fuerzas mixtas (policías y militares)”, detalló Liliana Ortega.
Resaltó que, hasta septiembre de 2020, la mayor incidencia de tales hechos de violencia corresponde a dos cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y el CICPC, y que, al menos en 49% de estos casos, podría tener responsabilidad la PNB.
Control de espacio o territorio
Fermín Mármol García también señala las consecuencias que traen esas actuaciones desmedidas por parte de los cuerpos de seguridad. “Primero generan un desplazamiento de una población a lo interno, pero también una diáspora, una emigración, y eso es muy lamentable, ya que espanta la inversión extranjera, y también la nacional, y hace que se cierre un sector privado autóctono en determinadas zonas para dar paso a una economía criminal.
Especificó que en el país existen distintas estructuras del crimen organizado violento, unas ideologizadas, como pueden ser, indicó, ciertos colectivos armados, el Frente Bolivariano de Liberación, seudosindicatos de la construcción y mineros que tienen un componente ideológico, y, por otro lado, las no ideologizadas, que no solo dominan espacios de centros penitenciario, sino que su poder traspasó los muros carcelarios. Se trata de las mega bandas criminales. Además, sostuvo, también hay estructuras organizadas de delincuencia violenta foráneas, como células del Ejército de Liberación Nacional, disidencia de las FARC; y el Back Green.
Enfatizó que estas estructuras tienen como común denominador la violencia, el control de un espacio o territorio. “Se estima que, en un país con 335 municipios y 1.100 parroquias, al menos 300 de estas parroquias están seriamente comprometidas con el asentamiento de una o más estructuras de delincuencia organizada violenta y eso es profundamente lamentable”.
Además de todo eso, prosiguió, hay una delincuencia “de astucia”, que está haciendo florecer una economía criminal, con fondos procedentes de la corrupción y la legitimación de capitales, que han pulverizado la institucionalidad.
Lea también: Padre Alfredo Infante: Lo que pasó en La Vega es un reflejo de la situación del país
Estado irresponsable
Liliana Ortega sostuvo que ese avance de la criminalidad obedece a que el Estado ha ido desapareciendo en sus funciones de garantizar la seguridad. “A pesar que hay un Estado omnipresente en otros temas, con persecución y criminalización de civiles, acoso a periodistas, ONG de DDHH, casos que han sido documentados por la ONU, hay una desaparición progresiva del Estado como regulador de la fuerza, controlador de los elementos primarios de orden y convivencia”.
Considera que la proliferación de bandas armadas en distintos sectores del país y en todo el sistema penitenciario evidencia esto. Argumentó que, cuando el Estado ha abandonado sus competencias, las mismas son mal ocupadas por actores negativos que van a traer mayores elementos de violencia y sometimiento a comunidades.
Por ello, estima que el Estado tiene que abrirse a una reforma estructural de las policías. “No es maquillar cuerpos policiales y cambiar el nombre, sino una reestructuración. Es muy importante el castigo a los responsables. Que se sepa que quien comete a violaciones de DDHH no quedará impune, lo que es una alerta y genera niveles de abstención importantes”.
Otra acción importante, a su juicio, debe ser el que se puedan argumentar los casos de violaciones de DDHH. “Ha habido un clima de violencia, criminalización, persecución y debilitamiento de garantías por denunciar violaciones de DDHH, y ese clima de inhibición y miedo lo que hace es proteger a quienes cometen los crímenes”.
Aseguró que, para que los Estados puedan demostrar que tienen verdadera voluntad de que estos hechos no se repitan, que se haga justicia y que las víctimas tengan reparación, deben crearse condiciones, algo que señala no ha ocurrido, por lo que los resultados (la acentuación de la escalada de violencia) son reveladores.
No obstante, cuestiona cómo avanzar hacia ese objetivo si actualmente no se pueden controlar ni las cárceles, que son sitios confinados.
“¿Qué queda para el resto (de la geografía nacional)? No se ha implementado el bloqueo de señales telefónica e internet en las cárceles. ¿Cuándo van a colocar sistemas Hammer para impedir comunicaciones en los penales y dejar teléfonos públicos en la parte administrativa con emisión de llamadas de pocos minutos, con el anuncio previo a quien recibe la llamada que la misma se hace desde la cárcel? Para luchar contra el crimen y la violencia se requiere muchísima voluntad política y buscar los aliados correctos porque si no va a ser un tema cíclico donde solo se producen operativos”, recalcó.
Cese de la impunidad
Para Liliana Ortega, remontar la cuesta de impunidad que existe en el país es una tarea impostergable. “La Alta Comisionada de DDHH estableció algunas de ellas de cara a las policías y la Corte Interamericana, en sus sentencias, ha establecido cómo se puede generar un plan de acción que permita minimizar estas violaciones de DDHH, con reformas legislativas que son importantes”.
Insistió en que los hechos públicos que han sido denunciados demuestran que en La Vega pudiera haberse desarrollado un patrón de actuación que se ha observado en otros lugares del país en otros momentos. “Hay que investigar esos casos. Las atribuciones de investigación no las tienen las ONG sino las autoridades venezolanas. El inicio de la investigación no concluye con la actuación del Estado, tiene que ser independiente, reparar a las víctimas, ser conclusiva, dar garantías y mostrar resultados para poder decir que el Estado está poniendo todas sus atribuciones para que esto no se repita”.
Mármol García, a su vez, apuntó que varias experiencias latinoamericanas pueden servir de referencia. Destaco que Brasil aplicó una medida de ‘alerta temprana’, en la que se anunciaba el día y la hora en que la autoridad policial y militar iba a ingresar a la zona para no retirarse más y entonces las bandas tomaban la decisión de enfrentar a los cuerpos de seguridad o emigrar a otras zonas, y esto último representaba el enfrentamiento con otras bandas, fue una política que tuvo éxito.
“También hay un sinnúmero de operativos policiales en Latinoamérica en los que no se anuncia nada, porque tienes que actuar sobrevenidamente debido a que la amenaza es de tal magnitud que no se puede esperar a condicionar la entrada. En Venezuela tenemos que presentar un plan de políticas públicas contra el crimen y la violencia, pero un plan a gran escala necesita la voluntad de todos y no veo que eso esté presente en la realidad política venezolana”, concluyó.
