Escalada peligrosa, por Teodoro Petkoff
Lo que al comienzo pareció un incidente internacional entre Colombia y Ecuador, grave, sí, pero manejable dentro del marco de los organismos interamericanos, ha adquirido una matización extremadamente preocupante a raíz de las revelaciones del jefe de la Policía Nacional colombiana, porque éstas, de ser ciertos los documentos mostrados, involucrarían tanto a nuestro gobierno como al ecuatoriano en una relación absolutamente non sancta con las FARC. Por lo pronto, ya el gobierno ecuatoriano ha reconocido que la reunión entre uno de sus ministros y Reyes efectivamente y tuvo lugar, lo cual ya permite pensar que no se trata de un montaje del gobierno colombiano.
Dada la gravedad de la situación hay que actuar con suma prudencia y es lo que se le debe exigir, en primer lugar, al propio Chávez, cuyos desafueros verbales, si bien hasta ahora no han sido respondidos por el gobierno vecino, en este momento estarían totalmente fuera de lugar y complicarían aún más lo que ya está suficientemente complicado y peligroso.
Este lío tiene muchos bemoles. Por un lado, es cierto que las tropas colombianas, al irrumpir en territorio ecuatoriano, vulneraron, a la luz del Derecho Internacional, la soberanía de aquel país. También es cierto que Uribe no le dijo la verdad a Correa al describir la operación militar efectuada. Al parecer, sus militares le dieron una información sesgada de lo ocurrido. En este sentido, el reclamo del presidente ecuatoriano tiene pertinencia.
Pero la cosa es más compleja de lo que pareciera indicar una consideración abstracta de Derecho Internacional. Porque también es sabido que en numerosas ocasiones el gobierno colombiano se había quejado ante su homologo del sur de la presencia de las FARC en predios ecuatorianos, sin que aquél hubiera tomado ninguna iniciativa para impedirlo. Esa presencia era tan cómoda e impune que Reyes y su grupo fueron sorprendidos durmiendo ¡en piyamas! ¿Dónde se ha visto guerrillero durmiendo empiyamado? Esto habla de un sentimiento de seguridad total: «aquí no van a venir a buscarnos». Todo indica que se trataba de un campamento relativamente estable y permanente, sólo posible en territorio «liberado» o protegido por la extraterritorialidad. Tan protegido que el señor Reyes podía entrevistarse con un ministro ecuatoriano. Pues bien, según el Derecho Internacional, Ecuador tiene razón, pero ateniéndonos a ese mismo Derecho, ¿cuáles son las obligaciones de un país que es utilizado por fuerzas irregulares de otro como «santuario»? ¿No hay nada previsto a este respecto? Si no lo hay, algo habrá que hacer, porque no se puede pedir a ningún país que confronta una guerra interna que acepte indefinidamente que las fuerzas irregulares con las que pelea encuentren «guarimba» en un país vecino, mientras las fuerzas del Estado no pueden violar la frontera. Este es un asunto que compete en demasía al país que sirve de «santuario».
Pero ahora la cosa se complica más con los documentos mostrados por el gobierno colombiano, que de ser ciertos, (y ya uno de ellos ha sido confirmado por el gobierno de Ecuador) involucran de manera completamente indebida e inaceptable, a la luz de cualquier legalidad nacional o internacional, a altos funcionarios, tanto del gobierno ecuatoriano como del venezolano, con las FARC. Si se verifica la legitimidad de los documentos atribuidos por el gobierno colombiano a Raúl Reyes, nuestro gobierno está metido en un lío de marca mayor, porque no hay sustento legal alguno para esas conexiones de que lo acusarían los documentos de Reyes.
Es muy posible que esto explique la actitud de Chávez, que ayer consideramos un mero aguaje, para la galería interna. Pero tal vez intuía lo que podía venir y picó adelante, poniendo las barbas en remojo, creando una tensión artificial con Colombia para echar un velo sobre las revelaciones que sospechaba podían surgir de la computadora de Raúl Reyes, entre otras, la de que pudiera ser cierto que el comandante Iván Márquez, también miembro del Secretariado de las FARC entra y sale de Venezuela como Pedro por su casa. Si la cosa fuere cierta, lo que más conviene al país es que Chávez le ponga sordina a su lengua y se apele a la acción rápida de la OEA y de otros gobiernos, que podrían actuar para impedir que la sangre llegue al río –en sentido absolutamente literal.
En todo caso, aquí no queda más remedio que la acción pronta y decisiva de los organismos interamericanos.
