Escuadrones de la indignidad, por Gregorio Salazar
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Han pasado más de diez días desde el brutal ataque contra el grupo de madres de los detenidos el 29 y 30 de julio del 2025, tras las protestas por el gigantesco robo electoral del 28-J, y aún el país permanece sacudido por una mezcla de indignación, de repudio, de anhelo de justicia y de profunda preocupación por el desborde impune de delincuencia política por el quieren despeñar al país.
Lo que se produjo en las redes sociales fue un verdadero estallido de condenas, por un lado, y luego de solidaridad desde dentro y fuera del país, potenciado sin duda por el exabrupto que siguió a la vil agresión contra las madres, como lo fue la desaparición forzada de la activista de derechos humanos, Martha Lía Grajales.
Desde hace tiempo el régimen se mueve en esa dinámica perversa. Tapar un desafuero con otro. Justificar un desmán con otro mayor. Creer que el abuso de poder va a silenciar, va a convencer o a hundir en la resignación a toda una población que sigue de pie y que aspira el regreso a la vigencia del Estado de Derecho, fuente de justicia, paz y convivencia, principio del rescate de las garantías constitucionales hoy confiscadas.
A medida que se fueron conociendo nuevos detalles del asalto han surgido nítidamente una serie de agravantes que dejan poco espacio para dudar de la complicidad de sectores del oficialismo en la actuación del escuadrón de vándalos encapuchados –escuadrón de la indignidad más cobarde y más abyecta—que ejecutó la agresión contra las cincuenta madres que habían iniciado una vigilia frente a la sede del llamado Tribunal Supremo de Justicia que, puestos a ver, ninguna de las tres cosas es.
Esas madres, que pacíficamente daban visibilidad a su reclamo de libertad para sus hijos injustamente encarcelados, merecían la protección de los organismos del Estado que se supone velan por la seguridad pública y de los cuales habían funcionarios de diversas fuerzas en el sitio. No ocurrió así. De manera inconcebible, los elementos policiales se retiraron sorpresivamente y dejaron a la buena de Dios a quienes cívicamente manifestaban.
Para mayor alevosía, fue apagado el alumbrado de la zona frontal de la sede del TSJ. Un hecho para nada casual, como se vería, pues en medio de la oscuridad irrumpió la banda parapolicial, integrada por unos 50 a 70 sujetos, con el ensordecedor tronar de sus motocicletas, para luego emprenderla contra las mujeres, a las que amenazaron de muerte, golpearon y despojaron de sus celulares, pancartas y documentos de identidad. Las carpas donde acampaban fueron destruidas.
Como era de esperarse, se produjo la denuncia pública del condenable ataque, de la cual participaron grupos de activistas de derechos humanos, entre ellos Martha Lía Grajales, integrante de Surgentes, que luego de ser sometida a desaparición forzada y recluida en dos centros policiales por 48 horas fue liberada el martes, no sin antes imputarla arbitrariamente por los presuntos delitos de conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir.
Si algo demostró la detención de Martha Grajales es la gran sensibilización que existe dentro y fuera del país sobre la deriva autocrática, el desborde represivo, la intolerancia y la impunidad con la que se está arremetiendo en Venezuela tanto contra los disidentes políticos, como quienes en su labor de activistas de derechos humanos denuncian estas tropelías. La protesta se masificó durante varios días en las redes y a ellas se sumaron incluso organizaciones de izquierda del continente.
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A quienes han hecho rutina de esta serie de actuaciones al margen de la constitución y las leyes, que van desde la desaparición forzada hasta la imputación de supuestos crímenes no cometidos, hay que aclararles que denunciar miserables agresiones como las padecidas por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad no es incitar al odio, como organizarse para defender los derechos humanos no es asociarse para delinquir y ninguna de las dos cosas es conspirar con gobiernos extranjeros. Respeten, por favor, la inteligencia de los venezolanos.
Aquí no hay que «extirpar» a nadie, como insólitamente lo asomó algún encumbrado vocero, sino comenzar por acatar el mandato que dieron los venezolanos el 28 de julio cuando eligieron presidente a Edmundo González Urrutia y abrir las compuertas para que la libertad y la democracia puedan ser construidas de nuevo entre nosotros, con todos y para todos.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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