EsPaja | ¿Los que practican torturas en Venezuela van presos?
En ninguno de los casos investigados o revisados de torturas, malos tratos y violencia sexual y de género «se ha condenado a un presunto autor», señaló el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU difundido el 16 de septiembre de 2020
Texto: Alexis Correia
«Los que torturan en Venezuela van presos». Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea constituyente de 2017, respondió con esta frase al menos cinco veces el 14 de marzo de 2019 en un segmento del programa Vladimir a la Una de Globovisión, ante una pregunta concreta del entrevistador Vladimir Villegas: ¿en Venezuela se tortura?
Aparentemente fue una admisión de que este delito contra los derechos humanos sí se comete en el país, pero cuando ocurre, es castigado. Además, Saab asomó que «las responsabilidades (de un torturador) son individuales». ¿Son ciertas ambas afirmaciones?
No, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019 e integrada por Marta Valiñas (Portugal), Paul Seils (Reino Unido) y Francisco Cox (Chile).
«La Misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades de seguridad de alto nivel sabían o debían saber que las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones eran objeto de malos tratos y tortura. Esos actos tuvieron lugar en docenas de destacamentos militares y policiales. Se repitieron a lo largo de los años, especialmente en 2014 y 2017. No fueron incidentes aislados, ejecutados por personas que actuaban solas y sin órdenes. Fueron de naturaleza continua e implicaron la cooperación, por acción u omisión, de muchos agentes estatales en diferentes niveles», señala en sus conclusiones el informe de 443 páginas que presentaron Valiñas, Seils y Cox el miércoles 16 de septiembre de 2020. Las investigaciones documentan al menos 19 casos de torturas y tratos crueles, incluida la violencia sexual y de género.
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Agrega el documento, en claro desmentido a Tarek William Saab: «En ninguno de los casos investigados o revisados de tortura, malos tratos y violencia sexual y de género se ha condenado a un presunto autor. A pesar de las pruebas de que se tiene conocimiento de las denuncias de torturas y malos tratos a manifestantes, la Misión no tiene conocimiento de ninguna información que indique que las autoridades de alto nivel hayan tomado medidas para que los órganos responsables den prioridad a la investigación de las denuncias de tortura». Las conclusiones detalladas de la Misión Internacional de Determinación de Hechos pueden revisarse en este link.
Un caso concreto
El capitán Rafael Acosta Arévalo, detenido por su presunta implicación en una intentona golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro y muerto bajo custodia del Estado de 28 de junio de 2019, es una de las víctimas fatales de tortura que documentó la misión internacional.
«Acosta Arévalo tenía el tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, los codos y las rodillas, y moretones en varias partes del cuerpo, incluyendo el muslo, los glúteos y la espalda. El cuerpo (…) también mostraba una fractura en un pie y signos de quemaduras en su pie y en su muñeca (…). Tanto el abogado del capitán Acosta Arévalo como su esposa han afirmado que (…) se encontraba en buenas condiciones físicas antes de su detención y no tenía problemas de salud subyacentes (…). Los fiscales no mencionaron la palabra ‘tortura’ en la acusación. El delito de tortura tiene una pena más alta (15 a 25 años) que la de homicidio preterintencional (7 a 15 años). Además, según la ley especial sobre la tortura de Venezuela, el Estado es corresponsable del delito. En consecuencia, sólo los autores directos enfrentaron cargos, y se eximió de responsabilidad a los funcionarios de mayor rango».
Las responsabilidades no son solo individuales
Efectivamente, como señala el informe de la ONU, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes —aprobada por la Asamblea Nacional en 2013— desmiente a Tarek William Saab: las responsabilidades por el delito de tortura no son solo individuales. «Los funcionarios policiales, del servicio penitenciario, los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, los funcionarios militares, del sistema educativo, del sistema nacional de salud, los jueces de la República, que incumplan con la obligación de notificar a la Defensoría del Pueblo cuando tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta Ley, serán sancionados o sancionada con una multa, trabajo comunitario, o destitución según la gravedad del caso», señala, por ejemplo, el artículo 24.
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Torturas geolocalizables
«La Misión investigó 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró motivos razonables para creer que el SEBIN cometió arrestos y detenciones arbitrarias y/o actos de tortura u otros malos tratos contra personas percibidas como opositores políticos y sus asociados», agrega el informe en su pagina 83. «Las torturas y los malos tratos (en el SEBIN) se llevaron a cabo generalmente durante los primeros días de la detención, antes de la audiencia de presentación, y mientras la persona detenida permanecía incomunicada» (página 87). «La Misión dispone de información relativa a los patrones de conducta y los métodos de tortura utilizados por oficiales masculinos y femeninos de la Dgcim» (página 94).
«En todos los casos investigados relacionados con oficiales militares, las autoridades judiciales se negaron a ordenar la investigación de las denuncias de tortura. Ello a pesar de que las víctimas comparecieron ante el tribunal con claros indicios de malos tratos o declararon expresamente durante las audiencias que habían sido torturadas o solicitaron un examen médico. En algunos casos se ordenaron exámenes médicos, pero en los casos investigados, sólo una vez que las marcas de tortura ya no estaban presentes» (página 107). Los centros de detención en los que se han cometido torturas aparecen, incluso, geolocalizados o descritos gráficamente en el informe, caso de la Dgcim de Boleíta (Caracas).
«Los que torturan en Venezuela van presos», declaró Tarek William Saab como fiscal designado por la ANC en marzo de 2019. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha determinado que en Venezuela sí se tortura, y los responsables directos e inderectos de esas violaciones de los derechos humanos no son castigados, por lo menos no bajo ese delito.
