España investigará a Ortega Díaz y Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad
La denuncia fue presentada en España el pasado 5 de mayo por Dulce Bravo, una opositora exilada en Argentina, quien relató que fue secuestrada y torturada en 2002 por colaborar con militares opositores en la plaza Altamira
La Audiencia Nacional de España admitió una denuncia contra Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres, exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Ambos residen en España y enfrentan acusaciones por torturas durante sus gestiones.
La denuncia fue presentada el pasado 5 de mayo por Dulce Bravo, una opositora exiliada en Argentina, quien relató que fue secuestrada y torturada en 2002 por colaborar con militares opositores en la plaza Altamira.
De acuerdo con el testimonio de Bravo, fue drogada, golpeada y amenazada para brindar información del general disidente Felipe Rodríguez. También afirmó que Rodríguez Torres, quien en ese entonces era director de la extinta Disip (ahora Sebin), le ofreció sobornos para revelar el paradero del general.
La demandante denunció que fue llevada a tribunales por orden de Ortega Díaz, que era fiscal sexta del Ministerio Público para esa fecha, y que se le negó declarar. La opositora también afirmó haber recibido amenazas constantes y vigilancia de agentes de inteligencia.
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Juez enterado
El juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, solicitó a la Fiscalía un informe para determinar la competencia en la investigación de estos hechos. Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, fue destituida en 2017 y posteriormente solicitó asilo en España en 2021, indica el portal español EDATV.
Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, también reside en España tras romper con el chavismo. Ambos fueron figuras clave en la represión de manifestaciones opositoras y en casos como la detención del exalcalde Leopoldo López.
La denuncia de Bravo se suma a otras iniciativas legales contra exfuncionarios venezolanos en territorio español. Organizaciones españolas como Manos Limpias han mostrado su apoyo a estas acciones judiciales emprendidas por exiliados.
La Audiencia Nacional ha rechazado anteriormente querellas similares, como la presentada contra Rodríguez Zapatero. Sin embargo, este nuevo caso podría marcar un precedente en la aplicación de la jurisdicción universal en España.
La investigación se centra en determinar si los hechos denunciados constituyen delitos de lesa humanidad perseguibles.
Este caso refleja la creciente presión internacional sobre exfuncionarios chavistas refugiados en países europeos. La colaboración entre víctimas, organizaciones y sistemas judiciales es clave para avanzar en estos procesos legales.
El desarrollo de esta investigación será seguido de cerca por defensores de derechos humanos y la diáspora venezolana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
