Estado de conmoción, por Jesús Elorza
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Qué sentido tiene el decreto de Maduro, de «Estado de Conmoción» si el país vive desde hace más de 20 años una emergencia humanitaria compleja, caracterizada por: la pobreza crítica del 80% de la población, la diáspora de más de 8 millones de personas, represión sangrienta de las personas o grupos opositores al régimen, crisis educativa, hospitales en crisis, pacientes condenados a muerte por carecer de seguros HCM, salarios y contratos congelados, violación de los derechos humanos, hiperinflación, miles de presos políticos, fraude electoral y usurpación de poderes.
El quiebre de las estructuras jurídicas, institucionales y administrativas del Estado se refleja en daños generalizados a la sociedad y en la pérdida de capacidades para prestar asistencia y protección a la población, como producto de un sistemático incumplimiento de garantías en materia de derechos económicos, sociales y culturales, generando un cuadro de múltiples y masivas violaciones a los derechos humanos.
En la opinión generalizada, de muchos venezolanos, el decreto de estado de conmoción, en este contexto, tiene el propósito de formalizar y legalizar un control de facto que ya se ejerce, desde hace mucho, sobre la población.
El principal sentido de declarar un Estado de Conmoción o Excepción en estas condiciones no es mitigar la crisis humanitaria, sino:
1. Centralizar y aumentar el control político y militar
El decreto otorga al Ejecutivo Nacional poderes extraordinarios que van más allá de la ley ordinaria. Esto le permite:
· Restricción de garantías: Suspender o limitar derechos constitucionales clave, como la libre expresión, el derecho de reunión y manifestación, y la inviolabilidad del domicilio. Esto es crucial para reprimir cualquier foco de descontento social o protesta cívica que pueda surgir de la propia crisis.
· Fortalecimiento del control territorial: Permite la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros cuerpos de seguridad para tareas de orden público o vigilancia, intensificando la presencia militar en la vida civil.
· Discrecionalidad en el gasto: Otorga al Gobierno la potestad de manejar recursos y presupuestos de manera directa y sin el control riguroso de los órganos competentes, lo que puede ser utilizado para fines clientelares o militares.
2. Desviar el foco de la crisis real
Al declarar una «conmoción» o una «amenaza externa» como la causa del decreto, el gobierno busca desviar la atención de los problemas estructurales que son responsabilidad directa de su gestión:
· Externalización de culpa: Se utiliza la figura del «enemigo externo» o la «amenaza a la soberanía» para justificar la crisis humanitaria y económica (pobreza, hiperinflación, salarios de hambre). En lugar de asumir la culpa, se culpa a un tercero, manteniendo la narrativa de que el país está bajo «ataque».
· Justificación de la represión: La represión de opositores y disidentes (que ya es una característica del régimen, evidenciada en los miles de presos políticos) obtiene un barniz de legalidad al ser ejecutada bajo un estado de excepción formal.
3. Evitar el Reconocimiento de la emergencia humanitaria
Paradójicamente, la declaratoria de «Estado de conmoción» funciona como una herramienta para evitar la necesidad de declarar o reconocer la Emergencia humanitaria compleja en los términos que la describen las organizaciones internacionales.
· Si se admitiera la emergencia humanitaria, se abriría la puerta a una mayor intervención y monitoreo internacional, así como a la exigencia de ayuda humanitaria coordinada, algo que el gobierno ha resistido sistemáticamente.
· El estado de conmoción, en cambio, permite al gobierno mantener el control total sobre la narrativa de la crisis y sobre cualquier asistencia que pueda entrar al país.
En resumen, en un país con una crisis educativa, diáspora, pobreza crítica, violación de los derechos humanos, fraude electoral y usurpación de poderes, la declaración de un estado de conmoción no tiene un sentido funcional para resolver dichos problemas. Su verdadero sentido es político y coercitivo: es un mecanismo legal para blindar el poder existente, maximizar la capacidad de represión y control, y desviar la responsabilidad de la catástrofe social y económica que mantiene en conmoción a la población.
