Estado venezolano utiliza la desaparición forzada como herramienta de control ciudadano
El especialista en derechos humanos e integrante del consejo consultivo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, explica que la desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para infundir miedo en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera, no se limita a los familiares del desaparecido, sino que afecta a su comunidad, al equipo laboral y al conjunto de la sociedad
Autor: La Hora de Venezuela
Desde el 7 de enero, los familiares, compañeros de trabajo, colegas, activistas y alumnos de Carlos Correa, desconocían su paradero. Ese día, el periodista, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Espacio Público fue interceptado en el centro de Caracas y detenido por presuntos funcionarios de seguridad, que vestían ropa oscura y escondían sus rostros con pasamontañas.
La desaparición fue denunciada por su esposa, Mabel Calderín, y por integrantes de distintas ONG después de recorrer las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela y El Helicoide –en la capital venezolana–, así como la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maripérez, para intentar conocer su paradero. La respuesta en todos los lugares era la misma: “Carlos no está aquí”.
“La legislación del mundo castiga severamente la desaparición forzada porque no es un delito solo contra la libertad personal sino contra el ejercicio de los derechos”, indica Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público.
Transcurridos 8 días de búsqueda, de solicitudes de información y hasta de un recurso de Habeas Corpus, que fue negado, el miércoles 15 de enero, el fiscal 52 con Competencia Nacional en Delitos Económicos, Alirio Mendoza, confirmó a Calderín que Carlos Correa, había sido presentado ante el Tribunal Cuarto de Control con Competencia en Terrorismo el jueves 9 de enero, dos días después de su desaparición. No tuvo acceso a defensa privada, pues le asignaron un defensor de oficio.
En ese encuentro con Calderín, el fiscal dijo que no podía informar sobre los supuestos delitos de los que se le acusaron a Correa. Tampoco dio a conocer el sitio de reclusión a los familiares o abogados defensores. Lo único que le confirmó el funcionario es que Carlos Correa estaba preso, pero se rehusó a ofrecer detalles.
La madrugada del 16 de enero, Carlos Correa fue excarcelado con medidas cautelares. A pesar de su libertad condicional, fue víctima de desaparición forzada.
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“La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para infundir miedo en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera, no se limita a los familiares del desaparecido, sino que afecta a su comunidad, al equipo laboral y al conjunto de la sociedad. Lamentablemente, se ha convertido en una práctica cada vez más común en Venezuela”, explica el activista Marino Alvarado, integrante del consejo consultivo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Alvarado recuerda que, en el pasado, la desaparición forzada era un símbolo de las dictaduras militares, pero en el caso venezolano, se ha convertido en un método de represión contra los oponentes políticos, incluyendo dirigentes de partidos, defensores de derechos humanos, periodistas o familiares de estas personas. Todo esto avalado en una lucha contra el terrorismo, como una especie de patente para incumplir con la norma que señala a las desapariciones forzadas como un crimen de Estado, considera.
Otros activistas de derechos humanos coinciden con Alvarado. A través de un comunicado suscrito por la ONG que dirige Correa, Espacio Público, expresaron que su caso “forma parte de una intensificación de la represión postelectoral que busca silenciar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos”.
Crimen convertido en norma
El abogado penalista Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público (MP), sostiene que Venezuela es parte de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El Código Penal establece penas de 12 a 20 años de prisión a cualquier autoridad o persona al servicio del Estado que prive de libertad a un ciudadano de forma ilegítima y se niegue a reconocer su paradero.
“El comité de Naciones Unidas ha hecho advertencias sobre lo que ocurre en Venezuela. Tan grave es que la desaparición forzada que se encuentra entre los crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma”, explica el consultado.
Pero en las detenciones con fines políticos los agentes del Estado han convertido en norma la práctica de la desaparición forzada, advierte.
“La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para infundir miedo en los ciudadanos”, explica Marino Alvarado, integrante del consejo consultivo de Provea.
“La desaparición forzada puede ser una detención arbitraria, arresto, secuestro o cualquier forma que inicia con la privación de libertad. Acto seguido, hay una negativa de quien tiene a la persona de que efectivamente la tiene. La legislación del mundo castiga severamente la desaparición forzada porque no es un delito solo contra la libertad personal sino contra el ejercicio de los derechos”, explica.
A las víctimas de desaparición forzada las privan de las garantías establecidas en la Constitución y las leyes como el derecho a comparecer en un tribunal en un lapso de 48 horas después de la detención; a recibir asistencia jurídica, conocer los motivos de la detención o comunicarse con sus familiares.
“Las personas que tienen una persona y niegan que se encuentra allí han cometido el grave delito del [artículo] 180A del Código Penal venezolana que es la desaparición forzada. Pero los dos organismos llamados a evitar que eso ocurra, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, son partícipes de la desaparición. Esto es gravísimo. Sobre todo en el caso de Tarek William Saab, que lo avala luego de muchos días de desaparición forzada le ponen a la orden a estas personas y él simula que acaban de ser detenidos mediante actas policiales falsas”, agrega.
En Venezuela se han registrado 18.237 detenciones políticas desde 2014 hasta la fecha, según cifras de Foro Penal. La mayoría de ellas comenzaron como desapariciones forzadas, reitera Mundaray, debido a que las autoridades se rehúsan a identificarse con nombre y cargo y explicar las razones de la detención, como lo dice la legislación vigente.
“Ahora lo hacen [funcionarios] encapuchados, con armas largas, sin estandartes [del organismo de seguridad]. Todos actúan con nocturnidad, se visten de negro. Ahí empieza una situación de desaparición forzada porque esa detención pudo ser cometida por un colectivo, un grupo guerrillero o criminal o un organismo de seguridad del Estado”, detalla el abogado.
En Venezuela estos casos tienen un patrón: los cuerpos de seguridad no dan información del paradero aunque las familias recorren los centros de reclusión y preguntan si están allí; los fiscales presentan a las víctimas fuera del lapso previsto y los jueces avalan el proceso con actas falsas, denuncia el abogado.
“Hay todo un entramado en el sistema para permitir que se produzca la desaparición forzada. Incluso con la creación de centros de tortura clandestinos como se ha documentado con la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) o la Dirección de Acciones Estratégicas (Daet) de la Policía Nacional Bolivariana”, comenta.
Casos registrados en 2025
El caso de Carlos Correa no es el único que sirve para mostrar cómo las desapariciones forzadas se convierten en práctica recurrente y común por parte del Estado venezolano.
Hasta el 15 de enero de 2025, familiares, organizaciones y ciudadanos denuncian la desaparición forzada de:
Enrique Márquez. Excandidato presidencial y coordinador del partido Centrados con la Gente fue detenido el 7 de enero. “Fue secuestrado por grupos parapoliciales que, usando la fuerza como ley, pretenden callar e intimidar a quienes queremos un mejor país y tenemos una visión distinta”, dijo su esposa. Hasta la fecha de publicación no hay información sobre su paradero y fue vinculado por el Gobierno con «planes conspirativos».
Ángel Godoy. Presidente del Movimiento Democracia e Inclusión y fue detenido la tarde del 8 de enero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Los Teques, estado Miranda. Así lo denunció Nicmer Evans, fundador de la organización, a través de sus redes sociales. Su hermana, esposa, hijos y amigos piden una fe de vida debido a que su paradero es desconocido.
Julio Balza. Es miembro del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado y fue detenido tras la concentración del jueves 9 de enero en Caracas. Su defensa introdujo una petición en los tribunales debido a que su familia tiene más de 5 días sin información sobre él. Funcionarios no identificados lo interceptaron en el municipio Chacao.
“En Venezuela se han registrado 18.237 detenciones políticas desde 2014 hasta la fecha, según cifras de Foro Penal. La mayoría de ellas comenzaron como desapariciones forzadas”, dice Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público.
Noel Álvarez. Expresidente de Fedecámaras y jefe del @ConVzlaComando en el estado Miranda que fue detenido el 10 de enero. Su hija denunció, en redes sociales, que desconoce su ubicación, condiciones de detención y acusaciones que pesan en contra de su padre. “Los familiares no podemos ni debemos conformarnos con suponer que están presuntamente bajo custodia de algún organismo del Estado”, le dijo al fiscal Saab.
Enderson Rivas. Es dirigente del partido político Voluntad Popular en Yaracuy el 10 de enero se denunció su detención en Chivacoa, municipio Bruzual. Hasta ahora, se desconoce cuál organismo efectuó el procedimiento y el paradero de Rivas. El Comité por la Libertad de Presos Políticos en Venezuela (Clippve) también manifestó su preocupación por la situación de Rivas y responsabilizó al Estado venezolano de garantizar su integridad.
Rafael Tudares. Es yerno de Edmundo González Urrutia, quien denunció su secuestro el 7 de enero. Tudares fue interceptado mientras llevaba a sus hijos al colegio. Hombres encapuchados vestidos de negro lo obligaron a subir a una camioneta. Desde entonces, su paradero es desconocido. “Mis nietos vivieron un momento de terror cuando se llevaron a su padre. Ese terror crece cada día por su ausencia. 7 días después no sabemos dónde ni cómo está Rafael. ¡Queremos justicia y libertad!”.
Hay otros nombres que aparecen en informes como los de las misiones y grupos de trabajo de la ONU que han documentado casos de detenciones que comenzaron con denuncias de secuestro y desaparición forzada. En estas menciones están Anthony Michell Molina Ron, Emirlendris Carolina Benítez Rosales, María Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo Capozzi, Josnars Baduel, Oreste Alfredo Schiavo Lavieri, José Javier Tarazona Sánchez, Ramón Centeno Navas, Juan Nahir Zambrano Arias, , Olvany Marian Gaspari Bracho, Uaiparú Güerrere López, José Ignacio Moreno Suárez, Luis Enrique Camacaro Meza, , Dignora Hernández Castro, , Williams Daniel Dávila Barrios, Perkins Asdrúbal Rocha Contreras, Yenny Lucia Barrios Torbello y Biagio Pilieri Gianninoto, registradas entre los años 2023 y 2024.
La desaparición forzada, así como las detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles registrados en Venezuela en los últimos años, son parte de la investigación abierta en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad ejecutados por miembros del Estado venezolano o colectivos, según Provea.
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