Estafa y legitimación de capitales, algunos delitos que se le imputan a Ernesto Quintero
Ernesto Quintero pasó un año detenido en España tras ser solicitado por la Interpol, luego de todo este tiempo de negociación las autoridades decidieron entregarlo a la justicia venezolana, quien lo solicita por estar vinculado en una presunta red de estafadores que operaba en el estado Zulia.
Luego de que fuese extraditado de España a Venezuela, finalmente el lunes 18 de julio fue presentado ante el Tribunal 9° de Control del estado Zulia Ernesto Quintero, quien de manera virtual desde Caracas, conoció los delitos que se le imputan.
#AHORA Fiscal General Tarek William Saab informa sobre la extradición a Venezuela de Ernesto Quintero, implicado en la estafa realizada por ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa a centenares de víctimas #19Jul pic.twitter.com/jKfok3qLRd
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) July 19, 2022
De acuerdo a lo dicho por el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, Quintero estaría vinculado a una red con la que se estafo a 300 personas aproximadamente, a quienes les fueron robados en promedio 50 millones de dólares. La mayoría de las víctimas son personas de la tercera edad, que invirtieron sus ahorros en la casa de bolsa ABA mercado de capitales.
Es así como le fueron imputados los delitos de: estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en prejuicio de multiplicidad de víctimas.
El Tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y gravar y la incautación de bienes.
Durante una rueda de prensa Saab aseguró que Quintero fungía como tesorero de ABA Mercadeo de Capitales y de otras dos empresas que integraban este consorcio financiero.
El inicio de este caso se remonta a octubre de 2010, cuando se recibió la primera denuncia en contra de ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa. En ese entonces una ciudadana manifestó que mensualmente recibía los recibos de pago de los intereses de su inversión, hasta que en mayo de 2010 ya no recibió más recibos ni las llamadas del ejecutivo que cada mes la contactaba.
Preocupada acudió a la sede de ABA en Maracaibo y le informaron que pronto solucionarían su situación, pero nunca la resolvieron. Posteriormente se enteró que la Casa de Bolsa había sido intervenida por cometer irregularidades. Como ella, numerosas personas se acercaron al Ministerio Público a denunciar que ABA no les había dado respuesta de sus inversiones.
La investigación pudo determinar que ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios.
Según lo dicho por el fiscal, esos títulos valores fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio ABA de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes británicas. Al ser vendidos o transferidos a ABA Capital Markets, estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de ABA Mercado de Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta la fecha.
Entre los presuntamente estafados están la Caja de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, La Caja de Ahorros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, la Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida, el Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm, la Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros.
Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión, contra Enrique Auvert (presidente del Grupo ABA), la cual no se materializó.
Por supuestas solicitudes de las víctimas el Ministerio Público le dio un reimpulso a esta causa y el 9 de octubre de 2018 se solicitaron 19 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en este fraude.
La extradición de Ernesto Quintero
El 14 de julio las autoridades españolas entregaron al régimen venezolano al ciudadano opositor, Ernesto Quintero, antiguo empleado de una casa de Bolsa en Caracas, acusado de una presunta estafa.
Dicha extradición ha causado “indignación y estupor” en la comunidad venezolana residenciada en España. “Es un grave precedente que nos preocupa e indigna a todos. Hemos pedido explicaciones a las autoridades”, indicó Antonio Ecarri, quien ejerce como jefe de la misión diplomática designada por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, en la nación Ibérica.
De acuerdo con el diario El Mundo, la defensa del opositor al régimen de Nicolás Maduro, ha intentado durante 29 meses luchar contra el proceso, sin recibir respuestas de las autoridades españolas. De la misma manera, han sido desestimadas distintas peticiones de asilo.
Quintero fue detenido por las autoridades españolas en un control policial en Madrid el pasado 10 de febrero de 2021, luego de que se advirtiera una notificación roja de la Interpol en su contra, situación por la que lleva más de un año en prisión provisional, en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Ni la Audiencia Nacional ni el fiscal ni el Consejo de Ministros atendieron las demandas no sólo de sus defensores, también Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), que en un escrito subrayó el arraigo familiar de Quintero y recomendó «el no retorno y la valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la situación humanitaria y de seguridad en Venezuela».
La defensa de Quintero argumenta que el motivo del que se sirvió Caracas para reclamar su extradición «no solo es rotundamente falso, sino que además oculta la motivación política, ya alegada en multitud de ocasiones, sobre la persecución política declarada por el fiscal general de Venezuela contra las casas de bolsa y sus trabajadores», por considerarlas «afines a una ideología de corte capitalista», opuesta al régimen y «perseguida» por el mismo.
Sus abogados reiteran que la vinculación del opositor con la empresa donde trabajaba era de «subordinación absoluta», con «funciones meramente administrativas siempre llevadas a cabo bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert», que en una declaración judicial prestada en Venezuela dijo que «Quintero no tenía capacidad para cometer los tipos penales enunciados en la orden de aprehensión en su contra».
«Ninguna cortesía merecen las autoridades requirentes», porque quienes solicitan la extradición, explican, son el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general de Venezuela, Mikel Moreno y Tarek William Saab, respectivamente, sancionados por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos.
Su defensa reclama que la extradición tenía que haber quedado suspendida a la espera de lo que acuerde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la demanda que presentaron el pasado 24 de mayo por presunta vulneración de derechos fundamentales.
