Estamos a las puertas del aquelarre legal
Autor: Víctor Amaya
Todos los caminos conducen a Roma pero no todos marchan a Miraflores. Por eso la movilización convocada para la sede del Ejecutivo el próximo 3 de noviembre no es la única carta que se juega la Mesa del Unidad Democrática. Está claro: el propio Henrique Capriles dejó abierta la puerta a la reactivación del camino electoral como manera de desactivar, por ahora, una caminata hasta el palacio de Gobierno.
La estrategia opositora se basa en que tiene con qué presionar a un Gobierno disminuido, que aunque controla las instituciones y las armas no tiene ni pueblo, ni apoyo internacional ni demasiado margen de maniobra de gestión. Por eso, empujados por la suspensión del proceso revocatorio a manos del chavismo, decidió apelar a su arsenal institucional.
Así, en la Asamblea Nacional avanza un «juicio político» al Presidente de la República: la discusión sobre una sanción política al mandatario, una suerte de voto de censura por cómo ha manejado el país. El acuerdo aprobado por el Parlamento para iniciar este proceso se basa en las violaciones legales que implican gobernar por decreto de excepción desde enero, prologándolo de manera irregular, el desconocimiento al Poder Legislativo, la no presentación del Presupuesto 2017 a la AN, el aumento de la persecución política, entre otros considerandos.
El diputado Juan Miguel Matheus (propuso el acuerdo) y lo sustenta en la función de control que la Constitución otorga en la Asamblea Nacional en el artículo 222, «y el 139 establece que todo funcionario es responsable jurídicamente por abuso de poder, así como el 25 dicta que se incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa todo aquel que dicte actos que menoscaben principios constitucionales».
Según el parlamentario, se trata entonces de dar un castigo moral al Presidente. «Lo hemos dado a conocer como `juicio político’ aunque no es propiamente un juicio jurídico, como pudiera ser en Brasil que terminó con una destitución».
Pero sí es una sanción al mandatario que «en el mundo entero se entiende que significa el quiebre de su legitimidad, y por eso el Parlamento dice que hay que ir a un desenlace electoral», explica Matheus.
Añade, que en términos reales una declaratoria de responsabilidad política sería el primer paso para que el Ministerio Público comience una investigación penal que conduzca a un antejuicio de mérito, o que la Contraloría active averiguaciones por fallas administrativas.
Está conciente que tal cosa no ocurrirá -el propio acuerdo denuncia la no separación de poderes y el secuestro institucional- pero sí defiende que se están cumpliendo los extremos legales. «Abrimos el procedimiento y le concedemos el derecho a la defensa. Convocamos a Maduro para el 1° de noviembre, de acuerdo al debido proceso».
SANCIÓN MORAL
El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández explica que el «juicio político» no tiene consecuencias jurídicas inmediatas. «No implica el cese de las funciones de Maduro», aclara.
Matheus asegura que la MUD combina lucha institucional con calle y protesta de ciudadanía.
«Por eso hemos señalado una ruta: paro cívico, procedimiento y comparecencia de Maduro en la AN y, como se prevé cuál va a ser el resultado, la cámara iría a darle una notificación en Miraflores»., El diputado por Carabobo y constitucionalista deja claro que no se trata de una destitución.
Eso sí, «si se declara responsabilidad política, Maduro tendría la responsa bilidad Moral de hacerse a un lado», afirma.
Una fuente cercana a la MUD, que resguarda su identidad pero da a conocer intríngulis estratégicos de la alianza opositora, asegura que se trata de «una afirmación del poder de la AN, y eso es legítimo. Se trata de un escalamiento de la presión sobre Maduro para que rectifique y se retome el revocatorio».
El informante sostiene que se entiende tal camino asumido como una competencia constitucional del Parlamento, mientras la recomendación ha sido asumir la vía moderada, algo que se construye discursivamente. «Hay una ruptura constitucional, hay que aumentar la presión sobre el Gobierno, hay que buscar una vía electoral y hay que cuidar el diálogo», dice.
CAMINO DE ESPINAS
En la «Toma de Venezuela» de este miércoles, Henry Ramos Allup ratificó que el Parlamento buscará el abandono del cargo del Presidente de la República para «llevarle su carta de despido» a Miraflores el 3 de noviembre.
Ese escenario, solicitado por Julio Borges ante la plenaria del Legislativo días antes, se basa en una interpretación jurídica, o en dos. Por un lado, la consideración de que tal escenario -«declarado como tal por la Asamblea, dice la Constitución»- tiene que ver con el no ejercicio físico de las funciones presidenciales; y, por el otro, el incumplimiento de las atribuciones del cargo.
El artículo 232 dice que el Presidente «es responsable del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo», entre ellas «procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos».
Según Matheus, si el Presidente no ha cumplido con eso, «hay un abandono del cargo, al no cumplir las funciones».
José Ignacio Hernández afirma que la Carta Magna «no dice nada» en específico de las razones para tal declaratoria. «La Asamblea pudiese decidir que el problema de fondo es que Maduro no ha ejercido efectivamente las competencias que le corresponden. El primer deber del Presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si dicen que él ha dado un golpe de Estado, es abandono de su primera responsabilidad.
Este es un camino que requiere de la AN decisiones muy bien fundamentadas y razonadas».
El politólogo Luis Salamanca califica como «insostenible» jurídicamente la segunda interpretación.
«La palabra abandono está allí como la ausencia injustificada del cargo, no tiene que ver con la calidad de la gestión. La Constitución da elemebntos para interpretar la ausencia del cargo», dice el académico al recordar que a Hugo Chávez en plena enfermedad «nunca se le consideró como ausente del puesto».
Este jueves, la bancada parlamentaria del PSUV introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad en contra de los actos que se puedan emanar desde la Asamblea Nacional. «La AN no tiene facultad constitucional para juzgar al Presidente de la República», dijo Héctor Rodríguez al afirmar que el Legislativo está cometiendo delito constitucional.
José Ignacio Hernández asegura que la responsabilidad política sería vista por la comunidad internacional como una respuesta lógica a la declaratoria que hizo la AN de golpe de Estado. «La ausencia absoluta sí sería valorada con mucho cuidado», sostiene mientras explica que el Ejecutivo nacional ha mantenido un «golpe de Estado permanente al violar la ley por varios flancos y bloquear mecanismos constitucionales. Aún así, aclara que «la Sala Constitucional pudiera intervenir para suspender y anular todo lo actuado por la ANm e incluso es probable que la sala actúe antes de que la AN decida algo».
Este jueves, Henry Ramos dijo que Maduro «debería comparecer el próximo martes».
MADURO PUEDE RECTIFICAR ANTES DE CAER EN UN ESCENARIO DE ANARQUIA CONSTITUCIONAL
La asamblea nacional acusa al ejecutivo de golpe de estado, de romper el hilo constitucional. El tribunal supremo de Justicia señala al legislativo de estar en desacato y, por tanto, sus actos son nulos. El ejecutivo, por tanto, considera al parlamento como «inexistente».
Pero en la asamblea nacional se aprestan a nombrar nuevos magistrados del tsJ y rectores del cne, que pudiera conducir a tener una doble estructura burocrática y un no reconocimiento al completo entre poderes, aún peor si la an decide declarar vacante el cargo de presidente de la república y esperar la convocatoria a elecciones en 30 días (que el cne no cumplirá) por ese camino, dice el constitucionalista José ignacio Hernández, «vamos a caer en un tema de desorden y anarquía. Es como un ping pong de desconocimientos, un aquelarre constitucional que pone en riesgo la convivencia democrática y pacífica. Allí perdemos todos».
No es fácil ponerle el cascabel a ese gato. «Las partidas de ping pong se acaban porque una de las dos partes sale fortalecida, porque hay un arreglo para parar la partida, o porque un tercero decide parar la partida. Es decir, nuestros escenarios parecieran ser un acuerdo político, la ingobernabilidad y el desconocimiento múltiple o la intervención de un tercer actor que puede ser, por ejemplo, la propia crisis económica», dice Hernández.
Por ahora, la muD y el Gobierno hablan de diálogo, con diferencias. Este domingo 30 hay reunión convocada en margarita y a pesar de esfuerzos para hacerla en caracas, la oposición decidió enviar a chúo torrealba, según anunció él mismo el jueves en la mañana.
Colette Capriles afirma que «hay un trabajo que hacer que es darle contexto a todo esto reivindicando la vía electoral, mediante el rr o por elecciones generales en el corto plazo. Pero para eso hay que tener el diálogo a mano porque es donde se puede pactar algo en ese sentido», y destaca que aún a nicolás maduro se le está dando la oportunidad de rectificar.
Para eso sería la ventana de 7 días entre la «toma de Venezuela» y una eventual marcha a Miraflores que, sin embargo, desde el psuV se anuncia no se permitirá.
«Miraflores es del pueblo», gritó Diosdado cabello el jueves.
LA ESTRATEGIA ES PRESIONAR HASTA LOGRAR RETOMAR EL CAMINO ELECTORAL
Sobre las actuaciones de la an y la posible declaratoria de abandono del cargo, la psicóloga Colette Capriles alerta sobre confundir medios con fines. «Llegamos al momento en que se escala la presión, en un contexto de ruptura constitucional inédito en el país. Pero hay que ser estratégico.
La cuestión del juicio es una amenaza creíble, pero no es necesariamente eficaz porque el gobierno no cederá. Es una jugada de alta incertidumbre, pero válida». No obstante, destaca que desde la oposición se le ha dado margen de maniobra al gobierno para retomar el camino electoral.
El diputado matheus dice que el «juicio político» pudiera tener consecuencias jurídicas reales, pero «no habiendo estado de derecho y estando secuestrado el tsJ, la mUD combina lucha institucional con calle y protesta de ciudadanía. Por eso hemos señalado una ruta: paro cívico, procedimiento y comparecencia de maduro y decisión de la cámara».
Para luis salamanca la entrega de una «carta de despido» es «un acto puramente político, no jurídico» y prefiere destacar el condicionamiento de Capriles de reactivar el camino electoral o marchar a Miraflores. «Es propuesta importante, chantaje de alto nivel. Es mi capacidad de obligarte a una acción en virtud de mi fuerza, que la activaré si no haces lo que yo exijo. Es la mayor demostracion de poder que puede hacer la oposición».
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