Estatuto de Roma y la investigación de la CPI: ¿en qué afecta la amenaza de Venezuela?
La decisión de la administración de Nicolás Maduro de retirarse del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la CPI, no afectará la investigación por crímenes de lesa humanidad que se adelanta desde 2021. También se mantienen sus obligaciones financieras y el examen preliminar Venezuela II, como se conoce a la solicitud de investigar los supuestos crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana cometidos por Estados Unidos a través de la aplicación de sanciones económicas
El cierre de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, una decisión anunciada el lunes 1° de diciembre, trajo una respuesta inmediata de la administración de Nicolás Maduro: la denuncia del Estatuto de Roma, del que Venezuela es parte desde el año 2000.
Dentro de la Fiscalía de la CPI existen dos procesos acerca de Venezuela: una investigación por crímenes de lesa humanidad como torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidos al menos desde 2014, y un examen preliminar –también bajo la presunción de crímenes de lesa humanidad– sobre el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos contra la población venezolana.
¿Pero qué tiene que ver el Estatuto de Roma? Esta norma creada en 1998 estableció la creación de la Corte Penal Internacional y rige su funcionamiento en todos sus ámbitos. Además, se delinearon cuatro crímenes internacionales sobre los que procede: de lesa humanidad, de guerra, el genocidio y la agresión.
La CPI además tiene un carácter complementario de los sistemas de justicia nacionales, es decir, su función está en sancionar aquellos graves crímenes cometidos por particulares sobre los que jurisdicciones penales de los Estados parte no pueden o no quieren proceder.
En el caso venezolano, seis Estados parte introdujeron una petición en 2018 para que se evaluara la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI, a cargo del británico Karim Khan, informó sobre el inicio de una investigación al respecto.
Asimismo, el fiscal Khan anunció un memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro –basado en el principio de complementariedad– para «reformar y revitalizar el sistema penal y de justicia», esto con el objetivo de establecer «una rendición de cuentas genuina en Venezuela a favor de las víctimas de presuntos crímenes».
Bajo ese enfoque, en junio de 2023 se firmó un nuevo memorando de cooperación –que no es público– y se estableció la creación de una oficina de la Fiscalía en Caracas sin facultades de investigación, a diferencia de la creada en Ucrania.
Pero la falta de «progreso real» de esa complementariedad por parte de la administración Maduro llevó a la decisión anunciada esta semana por el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang.
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«Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas», declaró Niang ante la Asamblea de Estados parte, cuestión que fue ratificada en el informe anual de la Fiscalía de la CPI.
La respuesta desde Venezuela. En un comunicado, la administración de Nicolás Maduro denunció una «instrumentalización de la justicia» y la supuesta falta de cooperación de la Fiscalía de la Corte Penal al no enviar funcionarios a la oficina en Caracas o formular aportes a las iniciativas del lado venezolano.
«Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos», se afirmó.
En esa línea, pero dando un paso más allá, la Asamblea Nacional –dominada por el oficialismo– aprobó el martes 2 de diciembre un acuerdo y un proyecto para derogar la Ley aprobatoria del Estatuto de Roma. En resumen, un instrumento legal para retirarse de la CPI.
Implicaciones de la decisión. Si Venezuela denuncia efectivamente el Estatuto de Roma deberá pasar un año para que la decisión tenga validez, según lo establece la propia norma en su artículo 127 (1). Sin embargo, en el segundo apartado de dicho artículo se señala que esto no exonera o elimina las investigaciones, enjuiciamientos penales o incluso obligaciones financieras contraídas por el Estado parte.
Como lo han explicado organizaciones como Acceso a la Justicia o abogados como Tamara Suju y Joel García, la investigación por crímenes de lesa humanidad continúan.
«La derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma no extingue la jurisdicción de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad ya cometidos. Salir de la Corte no representa un acto de fortaleza soberana, sino un retroceso en la defensa de los derechos humanos», ha dicho García.
Esto también aplica para el examen preliminar Venezuela II, como se conoce a la solicitud hecha por la administración Maduro de investigar los supuestos crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana cometidos por Estados Unidos a través de la aplicación de sanciones económicas.
La propia Fiscalía también ha reiterado que la investigación por crímenes de lesa humanidad continúa, mientras organizaciones, víctimas y países como Argentina –uno de los que introdujo la solicitud inicial– han pedido que se avance en la situación para identificar a los responsables y se emitan las órdenes de captura correspondientes.
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«Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley», dijo el fiscal adjunto Niang. En el informe anual de este año se reconoce que han «avanzado activamente a lo largo de 2025, impulsando múltiples líneas de investigación».
La CPI también ha insistido que el desarrollo de la investigación no se ha visto afectada por la decisión del fiscal Karim Khan de excusarse del caso y siguen recabando pruebas disponibles sobre los crímenes denunciados por las víctimas, sus representantes y organizaciones de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
