Estigma y persecución, por Roberto Patiño
Twitter: @RobertoPatino
La semana pasada Amnistía Internacional, el Centro de Defensores para la Justicia y Foro Penal, presentaron a la opinión pública los resultados de la investigación “Represión calculada: Correlación entre estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, un estudio que analiza y demuestra la relación que existe entre los mensajes de odio que emite la red de medios públicos oficialistas y las detenciones arbitrarias en el país.
Durante más de un año de investigación, sobre el período comprendido entre el 2019 hasta el primer semestre del 2021, estas organizaciones especializadas en la defensa de los Derechos Humanos, descubrieron, con pleno rigor científico, que existe una alta relación entre las estigmatizaciones y mensajes de odio que emiten Venezolana de Televisión y sus portales aliados y las detenciones arbitrarias que ocurren en el país.
El estudio confirma lo que sabemos de manera dolorosa muchos venezolanos: la propaganda oficial del régimen forma parte de todo un sistema represivo que señala a los “enemigos del Estado” y “terroristas”, señalamientos que puede llevar a que cualquier ciudadano sea detenido, de manera arbitraria.
La investigación, que recurre a modelos estadísticos y análisis evolutivos con datos documentales, confirma que en el país existe una política de Estado –que involucra a los medios oficiales, a los cuerpos de seguridad y a los tribunales– para acosar, perseguir y detener a quienes consideran enemigos del régimen.
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Uno de los datos más reveladores que comparte el estudio es la «utilidad» que tienen para el sistema represivo estas detenciones arbitrarias. Con ellas, explica la investigación, no sólo se intenta «silenciar» o «neutralizar» a la persona, sino que además se busca lograr un «efecto disuasorio» sobre el resto de la sociedad.
Detener de manera ilegal a un ciudadano, después de un proceso de difamación por los medios de comunicación oficialistas, es una advertencia y una amenaza para el resto de los venezolanos. La paz política, de la que tanto habla el régimen desde inicios de este año, no es otra distinta a la que nace del miedo, otra evidencia de que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como advierte el estudio.
Venezuela se ha vuelto un país peligroso para los defensores de DDHH, activistas políticos y sociales, periodistas y medios de comunicación. Se señala y persigue a la disidencia, se cierran medios y se bloquean portales de noticias independientes; y todo aquel que cuestione, disienta y se enfrente al régimen corre el riesgo de ser señalado, estigmatizado y perseguido. El país se nos está convirtiendo, por una política pensada y diseñada desde el más alto nivel gobierno, en un estado general de sospecha y desconfianza.
El informe concluye con un llamado a la comunidad internacional para apoyar las investigaciones que hacen organismos como la Corte Penal Internacional y la relatoría de DDHH de la ONU, para identificar a los responsables de estas políticas de persecución que podrían “inducir a la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las autoridades venezolanas, incluso al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos”.
Nosotros, desde nuestro trabajo en el Monitor de Víctimas seguiremos apoyando a los familiares de las víctimas de los abusos del Estado, seguiremos dando voz a quienes pretenden ser silenciados, continuaremos trabajando, en las calles, sistematizando, investigando y difundiendo los abusos del régimen, con la certeza de que más temprano que tarde, volveremos a recuperar la Venezuela democrática por la que estamos luchando.
Este es nuestro compromiso.
Te invitamos a descargar la investigación y conocer los detalles:
https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/02/Represion-calculada.pdf
Roberto Patiño es Ingeniero de Producción-USB. Magíster en Políticas Públicas-Harvard. Director|de Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad.
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