Estigmatización y represión selectiva contra opositores ha recrudecido desde 2019
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, afirmó que estos “no son hechos aislados. Responden a una política de Estado que responde a dos caras: la incitación de estos actos (estigmatización, represión y detención) y su impunidad”
Amnistia Internacional, el Foro Penal Venezolano y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) presentaron este jueves 10 de febrero un informe donde afirman que los ataques y mensajes estigmatizantes desde altos funcionarios y medios estatales se conjugan con la represión selectiva de opositores, que ha recrudecido a partir de 2019.
“El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instaurada por el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos”. dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Considera que esta “coordinación” es un nuevo indicador de la política sistemática de represión de la administración Maduro, “y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional”.
Para esta investigación se revisaron los registros del Foro Penal y el CDJ desde enero de 2019 hasta junio de 2021, a los que se aplicaron distintos modelos estadísticos y otros de analítica descriptiva.
El estudio reveló la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por agentes de seguridad estatal, y las estigmatizaciones, realizadas por varios medios de comunicación.
Mientras en 2019 la correlación general entre ambas variables era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
Las correlaciones anuales entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones.
Fue más estrecha (de 74%) en 2019 con las detenciones que practicaron órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional); en 2020 por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES), que sube hasta el 92%; y en 2021 por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que también sube al 92% de correlación con las estigmatizaciones.
Marianna Romero, directora general del CDJ, afirmó que «documentaron como las campañas de estigmatización han sido la base de la política represiva y de criminalización en Venezuela. Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales”.
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Otro de los hallazgos significativos fue la alta correlación (94%) que se observó de enero 2019 a junio 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar.
Para Romero, la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado.
Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, afirmó que estos “no son hechos aislados. Responden a una política de Estado que responde a dos caras: la incitación de estos actos (estigmatización, represión y detención) y su impunidad”.
En los registros del Foro Penal se señala que en tres de cada cuatro arrestos arbitrarios por motivos políticos, los afectados han sido víctimas de estigmatización por medios oficiales.
Esta no es una política formalmente declarada, continuó Himiob, pero sí vigente contra aquellas personas a las que el poder le resulten incómodas o quiera neutralizar. Sugirió además que se hagan investigaciones en diferentes estratos del Estado venezolano que ejecutan estas acciones.
Amnistia Internacional, Foro Penal y el CDJ hicieron un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que incluyan casos concretos y posibles partícipes de privación arbitraria de libertad y represión selectiva por motivos políticos.
También piden a la comunidad internacional que apoye a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos y el apoyo financiero a la CPI para que continúen en su labor de justicia.
