Excarcelaciones en medio de incertidumbre: familias piden tomar en cuenta todos los casos
Las excarcelaciones de 110 personas el pasado 3 de marzo, según anunció el Ministerio Público, no son suficientes para los familiares. Al menos 300 presos políticos por los sucesos luego de las presidenciales permanecen detenidos en la cárcel de Tocorón. Las familias también piden tomar en cuenta a los «olvidados» en comandos policiales
El Ministerio Público anunció el 3 de marzo la excarcelación de 110 personas, acusadas por supuestas «acciones violentas y criminales» tras las elecciones presidenciales de julio pasado. Las medidas cautelares se anunciaron sorpresivamente, tras una semana de protesta de familiares de los presos políticos exigiendo su libertad plena y, en el interín de ese cumplimiento, una serie de condiciones para una reclusión digna y respeto a los derechos humanos de los detenidos.
Desde las detenciones arbitrarias a partir del 29 de julio, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha entregado ocho documentos ante el Ministerio Público, a cargo del fiscal general Tarek William Saab, para solicitar la libertad plena e inmediata de todos los arrestados –antes y después del 28J–, respeto a sus derechos humanos, atención médica y otras condiciones como la instalación de una mesa de diálogo entre las familias y el organismo, para dar a conocer de manera oportuna todos los casos y discutir las medidas.
Entre los meses de octubre y noviembre de 2024 se tomaron en cuenta a los familiares, especialmente de adolescentes, para conceder excarcelaciones en base a las pruebas que entregaron a la Fiscalía. Desde entonces, según el fiscal, se han otorgado medidas cautelares que benefician a 2.006 personas de las más de 2.200 que reportó el propio Saab en agosto del año pasado.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) señaló a TalCual que, efectivamente, alrededor de 100 personas fueron excarceladas el pasado fin de semana. Las liberaciones no solo se produjeron en la cárcel de Tocorón (estado Aragua), pues la organización indicó que tienen conocimiento de la excarcelación de seis presos políticos que se encontraban en comando policiales o destacamentos militares.
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Entre los excarcelados se contó a Carlos Valecillos, un joven que intentó suicidarse dentro de la cárcel de Tocorón a principios de diciembre, hastiado de las condiciones de reclusión y el poco avance en su caso. También recibió medidas Cristian Albornoz, quien padece de esquizofrenia y estuvo sin tratamiento en prisión.
Otros nombres se reservan, explicó el Comité, porque los familiares manifiestan sentir miedo de que las medidas puedan ser revocadas si hacen públicos sus casos. A los excarcelados anteriores también les han amenazado con interrumpir nuevos beneficios procesales si denuncian las condiciones en prisión, señaló la organización.
Excarcelaciones: no para todos
Solo en la cárcel de Tocorón, según lo informado al Clipp por familiares, al menos 300 presos políticos todavía esperan por una medida cautelar que les permita continuar sus procesos judiciales en libertad. Las autoridades también les han dicho que tienen previsto continuar con las liberaciones, aunque sin fechas exactas o cuántos serán liberados.
Uno de ellos es Johndry José Caraballo, un trabajador independiente de 41 años que fue detenido alrededor de las 6:30 p.m. el pasado 30 de julio en Catia La Mar (estado La Guaira) por funcionarios de la Policía Municipal. Fue trasladado al comando de Playa Grande. Allí estuvo hasta el 26 de agosto, cuando fue llevado a la cárcel de Tocuyito (estado Carabobo). En febrero fue trasladado a Tocorón.
«Él está enfermo, sufre de hemorroides, dolores en la columna y la cintura. No les aceptan que les llevemos comida, sino solo al momento de la visita para compartir. Solo les permiten agua y un paquete de galletas. Ellos están pasando mucho siendo inocentes, porque ninguno es terrorista», comentó su madre Eneida Caraballo.
En sus visitas, Johndry le repite a su mamá que sólo quiere salir para estar con sus hijos y pregunta qué pasará con su caso. «Cada vez que veo a mi hijo ahí metido me da dolor. Llora conmigo porque ya está cansado».
Caraballo es único sostén de familia y tiene dos hijos. El mayor de ellos tuvo una crisis de ansiedad hace unos meses y les dijo que quería morirse. Desde entonces mantiene terapias con un psicólogo para tratar la situación. «Le pido al señor presidente que se ponga las manos en el corazón y lo libere. De verdad estamos pasando mucho trabajo, ya es mucho castigo».
En los comandos policiales también se mantienen presos políticos en espera de un beneficio. Eso es la expectativa inmediata de Dairelis Chirinos para su hija Génesis Leticia Riera Chirinos, quien fue detenida el pasado 8 de agosto en el sector La Esperanza del Taparo, un área rural de Punto Fijo (estado Falcón).
Desde entonces, la modelo y estudiante del tercer semestre de Comunicación Social permanece recluida en la sede «Banco Obrero» del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de esa ciudad.
«Yo he tenido la oportunidad que no han tenido muchas madres, que han visto a sus hijos enfermarse y están en una situación crítica. Ella está en el Cicpc Banco Obrero, en medio de toda esta situación adversa y angustiosa, pero todos los días le puedo llevar sus alimentos y no ha sido maltratada», comentó Dairelis.
Génesis fue acusada, junto a otras personas, del ataque contra la sede de la Alcaldía de Punto Fijo y le imputaron los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y daños a la propiedad privada. Pero su madre resalta que «la misma prueba que la acusa es la prueba que demuestra su inocencia».
«En ese video que usaron para acusarla se refleja que no estuvo ni en la hora de lo que sucedió, que estuvo en plena luz del día, que ella medió verbalmente cuando un grupo de adolescentes querían irrumpir en la Alcaldía con piedras. No tuvo nada que ver con la quema. Ella también medió para que no agredieran a los policías, en el video que tiene el Ministerio Público se demuestra que ella dice que los policías son seres humanos, que quieren llevar el pan a sus casas», aseguró Chirinos.
Por ahora Génesis espera en su celda, que comparte con otras 12 detenidas por delitos comunes, por una fecha para el inicio del juicio. «No tenemos mucha información. Yo no puedo viajar desde Punto Fijo a Caracas todo el tiempo porque es un gasto muy grande. La defensora pública la información que me da es que eso se les escapa de las manos porque todo viene de un superior».
Génesis ha presentado problemas en la cervical por sus condiciones de reclusión, además del síndrome de ovario poliquístico que enfrenta cada mes con su menstruación. «Ella dice que, además del dolor de la cervical, se le adormecen las manos, le dan mareos, no puede dormir del dolor».
Como su causa está radicada en tribunales antiterrorismo, que despachan desde Caracas, se le ha dificultado solicitar atención médica. Génesis pasó por una revisión forense, pero no le han permitido la visita a un especialista. Tan solo permiten entregarle algunas pastillas para hacer el dolor más llevadero.
«Yo pido la liberación de todos nuestros hijos, muchos fueron solo a observar, pero no hicieron ningún daño. No es solo el daño que le están causando a ellos, es una familia quebrantada. Los hogares están siendo quebrantados psicológicamente», afirmó Dairelis.
A ese clamor se une Ligia Salazar. Su esposo, Franklin Montesinos, está detenido desde el pasado 3 de agosto, cuando funcionarios vestidos de civil se lo llevaron de su casa en Barcelona (estado Anzoátegui) mientras estaba arreglando una moto. Desde entonces permanece en un comando policial de esa ciudad.
Montesinos, pese a que «él no estuvo en marchas ni nada de eso», comentó su esposa, espera un juicio por los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. La audiencia preliminar fue hace tres meses. «El defensor nos dice que hay que esperar, incluso hemos pedido traslado pero no han dado respuesta sobre eso».
Los sábados durante una hora a Ligia se le permite visitarlo. Igual se traslada al comando todos los días para llevarle sus tres comidas, agua y cualquier artículo de aseo personal que requiera. Las condiciones de reclusión no le han sido favorables a su salud. «Está muy enfermo, tiene retención de líquidos, dolores en la columna. También han presentado problemas de glicemia, dolores de cabeza frecuentes».
Ligia pidió a las autoridades «que se pongan la mano en el corazón y liberen a mi esposo y a todos los presos políticos. Nosotros tenemos cinco hijos y estamos pasando bastante trabajo. Yo tengo que estar viniendo a Caracas desde Barcelona para saber cómo ha avanzado el caso y no tengo dinero suficiente para eso».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
