Exconstituyente Freddy Gutiérrez: Hay una decisión de desactivar la Asamblea Nacional
El abogado constitucionalista considera que con la violación de la inmunidad parlamentaria a los diputados Édgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Manuela Magallanes, Luis Florido, Américo DeGrazzia, Simón Calzadilla y Richard Blanco se consuma un golpe de Estado por parte de los titulares del Ejecutivo, el TSJ y el Fiscal General
El abogado constitucionalista Freddy Gutiérrez, exconstituyente de 1999, aseguró que con la violación a la inmunidad parlamentaria de siete diputados a la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) queda claro que existe una decisión del gobierno de Nicolás Maduro, en combinación con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para desactivar definitivamente el Poder Legislativo.
Gutiérrez, quien participa de la Plataforma por la Defensa de la Constitución, resaltó que se ha imputado a los parlamentarios una serie de delitos que, a su juicio, no corresponden a la actuación de los diputados.
«Sin adelantar ningún antejuicio de mérito, ningún proceso judicial, por la sola acusación que hace el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República usurpada por Tarek William Saab, decide sin ningún fundamento el TSJ imputarles delitos que no existen, (porque) se ha venido jugando con el delito de traición a la patria, y yo me permito recordar que los procesados militares del año 1992, Chávez Frías, Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández, ninguno fue juzgado por traición a la patria, lo fueron por conspiración. En este caso, de la peor manera, el Fiscal los declara traidores a la patria cuando los únicos traidores a la patria son el propio Fiscal y el presidente del TSJ porque atropellan la Constitución, y además se les califica y se tipifica otros delitos como el de rebelión militar, que a mi juicio no existió, y el de rebelión civil que tampoco, porque no hubo leva de armas o grupos sublevados que hubiesen intentado tomar el poder por la vía de las armas», detalló el corredactor de la Constitución de 1999.
También desestimó el argumento de la supuesta flagrancia: «La flagrancia, de acuerdo al derecho penal ordinario, sucede cuando el presunto delincuente es tomado en la realización propia de los hechos, unas personas que están robando un banco y son capturadas dentro del banco, o saliendo del mismo, en ese caso se dice que hay un delito flagrante, pero la presencia de un diputado en cualquier parte del territorio de la República… Así castigarían de flagrante al cardenal Porras si en algún momento se presentara a alguna actividad de diálogo o mediación», apuntó.
A su juicio, con las acciones contra los diputados se cierran más las posibilidades de una negociación entre oposición y gobierno para lograr una salida pacífica al conflicto de Venezuela. hay una administración del Estado, integrada por el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el TSJ que están coludidos en la realización de delitos inaceptables que contravienen la Constitución. Estos hechos contra estos diputados es un botón de muestra de que estamos en presencia de un golpe de Estado, una usurpación y cómplices de la misma que tendrán en algún momento que ser juzgados con su debido derecho a la defensa y sentenciados de acuerdo en tribunales adhoc.
Gutiérrez estima que con estas acciones, el gobierno de Nicolás Maduro está consumando la aspiración de desactivar la AN que se tenía desde que la oposición logró la mayoría calificada de 112 diputados en las elecciones de diciembre de 2015. Eso se revela en varias ocasiones, que van desde lo que fue el despojo de los tres diputados de Amazonas hasta lo que está ocurriendo en estos días. En el caso de los diputados de Amazonas fueron proclamados y la Constitución establece que una vez que un diputado es proclamado solo se puede despojar de su inmunidad cuando hay un antejuicio de mérito y participa el Poder Legislativo en el allanamiento de esa inmunidad», argumentó.
