Expertos piden a la CPI y a Estados ejercer justicia en Venezuela tras informe ONU
Los expertos aseguran que el informe de la ONU busca la justicia y la verdad y consideran que esta se logrará con la persistencia de los familiares de las víctimas buscando a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad
Un grupo de expertos en derechos humanos analizaron el impacto del informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue dado a conocer el pasado 16 de septiembre, que acusa a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de ser responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
Durante el foro «Impacto del Informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre las violaciones de DDHH en Venezuela», los expositores Julio Borges, José Miguel Vivanco, Katya Salazar, Humberto Prado, Miguel Pizarro, Carlos Ayala y otros expertos en el tema de derechos humanos, analizaron el efecto del informe reciente de la ONU sobre Venezuela.
A juicio de José Miguel Vicanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, este informe es muy importante porque da a conocer ante el mundo «la brutal represión de la dictadura de Maduro» y demuestra que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela «son un patrón de conducta del Estado» y no hechos aislados.
Asimismo, Vicanco afirma que este documento «permite a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional seguir avanzando hacia el examen preliminar», mientras agrega que «a Maduro le será difícil demostrar que no conocía de estos casos, que se cometían a sus espaldas; son argumentos de los dictadores para buscar evadir culpas».
José Miguel Vivanco asevera que seguirá «comprometido con la causa de la libertad, de los derechos humanos, de los presos políticos y mostrándole al mundo lo que ocurre en Venezuela» hasta conseguir justicia.
En este mismo sentido, Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, resalta como hecho relevante del informe de la ONU que se tuvo la valentía de mencionar con nombre y apellido a los responsables de esos crímenes ocurridos que aún se cometen en Venezuela.
Salazar, al igual que Vivanco, considera que la Corte Penal Internacional (CPI) puede pasar a una investigación formal tras la publicación de este informe, pero añade que también «debería motivar investigaciones penales en distintos países».
Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y miembro de a Comisión Internacional de Juristas, reitera, al igual que los otros expertos, que el informe es importante para exigir justicia ante la CPI y pide a otros Estados ejercer justicia.
Para Katya Salazar, otro de los aspectos importantes de ese informe es que se demuestra la relación entre corrupción y crímenes de lesa humanidad, queda en evidencia «el aprovechamiento de los recursos del Estado y que esa habría sido la principal razón para cometer estos delitos», indica.
Del mismo modo, Ayala Corao opina que el informe de la ONU «es un paso adelante en la búsqueda de la justicia»; ya que en Venezuela no se puede hacer justicia porque, a juicio del especialista, «en Venezuela no hay poder judicial y se ha desmantelado la democracia y el Estado de Derecho».
Para el diputado Miguel Pizarro, hay dos aspectos claves: que se eviten las retaliaciones hacia los familiares por haber descrito la situación venezolana y, en segundo lugar afirma que «no es un proceso terminado» porque recuerda que en los próximos días habrá un examen en el Consejo de DDHH de la ONU, donde se evaluará a Nicolás Maduro y se renovarán mandatos.
Julio Borges, Comisionado Especial para Relaciones Exteriores, pidió con urgencia a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela «la apertura de procesos judiciales contra Maduro y los demás responsables de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en el país».
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Borges indició que el informe de la ONU revela más de 2.000 historias de carne y hueso de violaciones a los derechos humanos, pero indica que hay dos casos particulares: el de Fernando Albán y el del capitán Rafael Acosta Arévalo. «Esta lucha está mostrando que civiles y militares estamos sufriendo por igual y por eso debemos unirnos», enfatizó.
En este mismo aspecto, Carlos Ayala indicó que «el informe identifica una represión selectiva a miembros de la sociedad civil, políticos, comunicadores sociales y militares que son perseguidos, (siendo estos últimos) ejecutados dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); así como un gran sector que es el de la pobreza (afectado) con operativos para ejecuciones».
Las esposas de Fernando Albán y de Rafael Acosta Arévalo también participaron en el foro, contaron cómo sus parejas fueron torturados hasta ser asesinados y lo que ambas claman es justicia y apoyo internacional en sus casos,, para las demás víctimas y en general para Venezuela. De la misma manera, invitaron a los familiares de las demás víctimas a denunciar para que se conozcan todos los casos.
«Pedimos a la jurisdicción internacional que se avoque para que haya justicia. Pedimos a la CPI que tome esto como una prueba, es una luz al final del túnel que indica que la justicia llegará a Venezuela», manifestó Meudy de Albán.
En este mismo tema, Humberto Prado, Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, insistió en que el informe de la ONU «le dio voz a las víctimas» y les pidió no conformarse y continuar con el acompañamiento de las misiones y organizaciones que le dan el apoyo para que los países del mundo se den cuenta de la situación de Venezuela y se tenga justicia.
Para los especialistas y participantes del foro, lo más importante del informe es que «tarde o temprano esos responsables deberán presentar cuentas y así se conseguirá justicia para las miles de víctimas».
