Explosión de granada en Apure deja un militar muerto y 10 heridos
El artefacto que explotó se trataría de un mortero de granada Sani de 120 mm, cuyo estallido dejó también a 10 militares heridos, entre ellos tres oficiales
La tarde de este sábado 3 de abril se conoció que Yoendri Enrique Piñero, cabo segundo del grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional (GN), murió luego de que estallara una granada que funcionarios militares intentaban accionar contra supuestos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sector de El Ripial, en Apure. En este estado se ha producido por dos semanas un fuerte enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y presuntos disidentes de las FARC que ha provocado que más de 5.000 venezolanos se desplazaran hacia Colombia para tratar de salvar sus vidas.
El artefacto que explotó se trataría de un mortero Sani de 120 mm, cuyo estallido dejó a 10 militares heridos, entre ellos tres oficiales, de acuerdo con información publicada en Twitter por Javier Mayorca, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
El accidente fue confirmado por el teniente coronel Raúl Rooilander Quintero, comandante del 215 Grupo de Artillería de Campaña (G.A.C.) Coronel Miguel Antonio Vázquez, en apoyo a la ZODI Apure, quien también resultó herido por la explosión del mortero.
APURE Murió un cabo segundo del grupo de acciones de comando de la GN (Yoendri Enrique Piñero) cuando estalló una granada de mortero SANI 120 mm que intentaba accionar contra supuestos disidentes de las FARC en El Ripial. Otros 10 militares heridos, entre ellos tres oficiales.
— Javier I. Mayorca (@javiermayorca) April 3, 2021
La minuta oficial señala que el funcionario de la GN murió «luego de posicionar las piezas de mortero SANNI 120 MM, hacia blancos de la disidencia de las FARC, en el sector El Ripial, cercano a La Victoria, estado Apure… efectuó el disparo de 11 granadas HE, en el cual se escuchó la detonación de una granada dentro de la pieza, ocasionando el fallecimiento de un combatiente y 10 heridos».
Los 10 funcionarios militares heridos son Quintero, quien presentó fractura de fémur y está siendo atendido en el quirófano del hospital ubicado en la 92 Brigada de Caribes; mayor Marco José Álvarez González, con esquirlas en piernas y pecho; capitán Víctor Julio Domínguez Sánchez, herido por esquirlas en el abdomen, teniente Julio Manuel Hinojosa Morgado, fracturado en el cráneo, se encuentra siendo trasladado al hospital militar de San Cristóbal; sargento segundo Luis Omar Cárdenas Flores, con esquirlas en las piernas; Breinner Alexander Granados Suárez, herido en el abdomen y trasladado también para San Cristóbal; sargento segundo Elías Domingo Gil La Torre, quien perdió un brazo; soldado Jorge Enrique Pérez González, quien presentó fractura de pelvis y heridas por esquirlas en las piernas; Edwin José Castro Ramírez, herido por esquirlas en las piernas, estable y fuera de peligro; y Jean Carlos Hernández Puente, con esquirlas en las piernas, también estable y fuera de peligro.
De acuerdo con el balance presentado el 1 de abril por la FAN a través de un comunicado, nueve militares fueron heridos en la población de El Ripial durante un ataque que dejó un saldo de dos funcionarios muertos el pasado 31 de marzo.
La FAN insiste en que estos grupos irregulares que operan en Apure lo hacen con el consentimiento de las autoridades colombianas para realizar actividades delictivas y reitera que continuarán «empleando todas nuestras capacidades combativas hasta cuando sea necesario para neutralizar a estos delincuentes».
Durante los enfrentamientos ha habido denuncias de que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la FAN han quemado casos y saqueado. Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, asegura que los responsables de los ataques y quema a viviendas, vehículos, motocicletas, la escuela y hasta corrales de ganado, son «la Fuerza Armada Nacional y las FAES». Sin embargo, dijo que «destrucciones a puestos policiales y militares, que han estado vacíos, han sido por la guerrilla».
El representante de Fundaredes considera que las FAES «llegaron a la zona para hacer una labor de exterminio»; pues desde que este cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue movilizado a la zona, comenzaron a evidenciar «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, amenazas y hostigamiento contra civiles y defensores de derechos humanos»; lo que a juicio del profesor universitario, «se les fue de las manos».
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, considera que las violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Apure durante los enfrentamientos son más evidencias para la Corte Penal Internacional (CPI). «Los atroces abusos que el régimen venezolano ha venido cometiendo con impunidad son un caso de estudio y una llamada de atención para la CPI».
