Fallo de Corte del Caribe Neerlandés permite a empresa de EEUU embargar crudo venezolano

La corte rechazó los argumentos del Ministerio de la Defensa y dio luz verde a la empresa estadounidense Huntington Ingalls para ejecutar un fallo contra bienes del Estado venezolano en Bonaire y San Eustaquio
El Tribunal Conjunto del Caribe Neerlandés autorizó a la compañía estadounidense Huntington Ingalls a ejecutar un laudo arbitral por 130 millones de dólares contra bienes del Estado venezolano en las islas de Bonaire y San Eustaquio. La decisión, difundida el 14 de octubre, desestimó los argumentos del Ministerio de la Defensa y marca un nuevo capítulo en un prolongado litigio internacional.
Según reseñó Crónicas del Caribe, el proceso se inició cuando Huntington Ingalls demandó a Venezuela ante una corte arbitral en Río de Janeiro por incumplir los pagos correspondientes a la repotenciación de las fragatas misilísticas F-21 ARV Mariscal Sucre y F-22 ARV Almirante Brión, trabajos realizados en los astilleros de Pascagoula, Misisipi, entre 1998 y 2002.
Las labores incluyeron reparación de cascos, sustitución de plantas propulsoras diésel, modernización de sistemas de armas, mando y control, y mantenimiento de turbinas a gas. Tras varios fallos internacionales favorables, la empresa ha intentado cobrar la deuda mediante embargos en distintas jurisdicciones del Caribe donde Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mantiene inventarios de crudo.
El fallo, redactado por la magistrada Maroeska Scholte, rechazó los siete argumentos presentados por los abogados Lincoln Gómez y Brian Coffie, representantes del Ministerio de la Defensa venezolano. Uno de los puntos centrales era que los laudos estaban dirigidos contra el Ministerio y no contra el Estado venezolano.
«El Ministerio de Defensa venezolano, incluso bajo el derecho venezolano, carece de personalidad jurídica y no puede participar de forma independiente en negocios jurídicos. Por lo tanto, las acciones y declaraciones del Ministerio de Defensa venezolano […] deben atribuirse a la entidad jurídica a la que pertenece este Ministerio: el Estado de Venezuela», señala el texto del fallo citado por Crónicas del Caribe.
El tribunal también descartó la supuesta inmunidad jurisdiccional alegada por la defensa venezolana. «Dado que la presente solicitud se refiere únicamente a la cuestión de si el laudo arbitral de 19 de febrero de 2018 […] no requiere una decisión sobre las acciones públicas de Venezuela, el derecho a la inmunidad de jurisdicción no se cuestiona aquí», explica la decisión.
Con esta resolución de la corte, Huntington Ingalls podrá avanzar en el embargo de crudo de Pdvsa almacenado en instalaciones de Bonaire y San Eustaquio, en una maniobra similar a la que en 2018 ejecutó la petrolera ConocoPhillips para exigir compensaciones por expropiaciones en Venezuela.
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