Familiares de adolescentes detenidos en protestas poselectorales hacen vigilia este 16Oct
El 16 de octubre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha alertado sobre nuevas denuncias de padres y madres cuyos hijos adolescentes, detenidos durante las protestas en el contexto electoral del 28 de julio, están siendo obligados a declararse culpables durante las audiencias preliminares, lo que constituye una grave violación de sus derechos humanos
En horas de la tarde este 16 de octubre, un grupo de familiares de adolescentes que fueron detenidos en las protestas contra el resultado del Consejo Nacional Electoral, en las que se nombró ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro, realizaron este una vigilia a las afueras de la cárcel de Tocuyito para exigir su libertad.
«Ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes», expresaron los parientes de los menores de edad, de acuerdo con el medio de comunicación VPITV.
Las manifestaciones, que se registraron a partir del 29 de julio, sin conducción política y que fueron rápidamente reprimidas, dejaron miles de detenidos, entre ellos decenas de adolescentes.
Algunos fueron detenidos en sus casas, en operativos policiales o en las protestas. El Foro Penal Venezolano, que se dedica a la defensa de detenidos por razones políticas, llegó a contabilizar 142 adolescentes detenidos, entre los 13 y 17 años de edad.
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A finales del mes de agosto se dieron algunas excarcelaciones en varios estados del país, pero todavía quedan 70 detenidos en centros para adolescentes en conflicto con la ley, cárceles o comandos policiales.
El 16 de octubre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha alertado sobre nuevas denuncias de padres y madres cuyos hijos adolescentes, detenidos durante las protestas en el contexto electoral del 28 de julio, están siendo obligados a declararse culpables durante las audiencias preliminares, lo que constituye una grave violación de sus derechos humanos.
Dicha organización recordó que cualquier declaración obtenida bajo coacción carece de validez legal, según lo establecido en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de Venezuela que prohíbe que cualquier persona sea forzada a confesarse culpable o a declarar contra sí misma.
Además de la coacción, la ONG denuncia que la Defensoría Pública ha sido impuesta como representación legal de estos jóvenes, privándolos de la posibilidad de elegir a un abogado de confianza.
«Es muy preocupante y motivo de absoluto rechazo las denuncias sobre las actuaciones de la Defensoría Pública a la cual han sido obligados a aceptar como representación legal ya que les han impedido nombrar abogados de confianza, pues lejos de defender los derechos de estos jóvenes y promover los elementos de prueba aportados por las familias contribuyen con las irregularidades en los procesos y el irrespeto a las garantías judiciales», compartieron en un post de la red social X.