Familiares de Emirlendris Benítez piden su traslado inmediato a un centro de salud
Desde abril de 2023, Amnistía Internacional ha solicitado atención médica urgente para la comerciante Emirlendris Benítez, detenida en agosto de 2018 y condenada a 30 años de prisión por su supuesta vinculación al atentado contra Nicolás Maduro ese año
Familiares de la presa política Emirlendris Benítez solicitaron este jueves 6 de junio a las autoridades del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) que autorice un traslado urgente para la comerciante, debido a su grave estado de salud.
Así lo difundió la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en sus redes sociales. El traslado, informaron los familiares, sería para realizarle dos estudios médicos: una resonancia magnética y rayos X en la zona cervical, debido a los fuertes dolores de cabeza, piernas y una movilidad reducida en los últimos meses.
La oenegé señaló que Benítez «se encuentra en un estado de salud delicado», al tiempo que recordó que hace cuatro meses un médico solicitó estos estudios, pero la orden no ha sido cumplida. «Emirlendris tiene derecho a recibir la atención médica necesaria y es responsabilidad del Estado garantizar este derecho. Hacemos un llamado a las autoridades para no permitir que su salud se deteriore aún más».
#ATENCIÓN Familiares de Emirlendris Benítez solicitan a las autoridades del INOF que autoricen su traslado a un centro de salud para realizarle una resonancia magnética y RX en la zona cervical. Actualmente, Emirlendris se encuentra en un estado de salud delicado, con una… pic.twitter.com/mHvkdb2G7f
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 6, 2024
Desde abril de 2023, Amnistía Internacional ha solicitado atención médica urgente para la comerciante, detenida en agosto de 2018 y condenada a 30 años de prisión por su supuesta vinculación al atentado contra Nicolás Maduro ese año.
El organismo internacional recordó que Benítez padece graves secuelas de las torturas a la que fue sometida desde su detención. Detenida junto a su esposo mientras hacía una carrera en la madrugada, sus familiares han denunciado que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la golpearon, vapulearon contra objetos contundentes como paredes y fue asfixiada con bolsas plásticas.
Estas torturas le hicieron abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
El pasado 2 de abril la Corte de Apelaciones, a cargo de la jueza Katherine Harrington, ratificó su condena a 30 años de prisión. Permanece recluida en el INOF Los Teques, estado Miranda.
