Familiares de presos políticos denuncian ante el MP vulneración de derechos en el Rodeo I
Las autoridades no han ofrecido explicaciones sobre qué sucedió en el Rodeo I, por qué se suspendieron las visitas y la recepción de paquetería el pasado fin de semana. Familiares de los presos políticos exigen «fe de vida» y reactivar las visitas para comprobar el estado de salud de los recluidos
Familiares de presos políticos detenidos en el contexto poselectoral acudieron la mañana de este miércoles 18 de diciembre a la sede del Ministerio Público para denunciar la vulneración de derechos de la que son víctimas los reclusos. La desinformación y el hermetismo sobre lo que ocurre en el Rodeo I, cárcel ubicada en el estado Miranda, desde la semana pasada, cuando se suspendieron las visitas mantiene a los allegados en incertidumbre y angustia.
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, apresado en 2018 por el caso del dron, relató a TalCual que desde el pasado jueves 12 de diciembre los detenidos «comenzaron a gritar en la noche, de manera desesperada, y no sabemos qué está pasando realmente. Gritaban ‘libertad, justicia y asesinos’ y eso da mucho qué pensar».
Ávila comenta angustiada que el uso de la palabra «asesinos» los dejó preocupados, pues fueron gritos que se mantuvieron desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de diciembre en la tarde y se interroga qué pudo haber pasado dentro del penal para desencadenar esa situación.
«¿Están siendo maltratados o privados de alimentación? ¿Ocurrió un hecho violento dentro del penal?»: son algunas de las interrogantes que tiene Ávila y otros familiares y para las que no hay respuestas.
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Las autoridades de la cárcel no han ofrecido explicaciones sobre qué sucedió en el Rodeo I, los familiares exigen «fe de vida» y que se garanticen las visitas, que fueron suspendidas el pasado fin de semana, porque es la única manera de constatar el estado de salud del recluido.
El temor de las familias aumenta cada día ante la falta de información y la imposibilidad de comunicarse con los internos. Hiowanka Ávila denuncia que los presos están incomunicados, sin la posibilidad de hacer llamadas telefónicas o enviar cartas. Además de las visitas, también se negó el pasado fin de semana el ingreso de paquetería al Rodeo I.
«Cuando fui a almorzar no podía comer porque no sabía si mi hermano había comido. Dormir es imposible; todos estamos preocupados por lo que pueda estar ocurriendo dentro», confiesa la hermana de Henryberth Rivas.
El silencio de las autoridades genera desconfianza entre los familiares de los presos políticos, quienes dicen dudar de directivos y funcionarios de la cárcel porque en ocasiones anteriores han ofrecido información contradictoria. «Ellos me han mentido», afirma Ávila, quien insiste en que la única forma de comprobar si su hermano está bien «es viéndolo y hablando directamente con él».
Otros familiares de presos políticos recluidos en el Rodeo I aseguran que «hay muchas personas allí con condiciones delicadas de salud que no han sido atendidas». Reclamaron ante la Fiscalía las pésimas condiciones de reclusión, los tratos crueles a los que son sometidos los encarcelados y expresaron preocupación por los riesgos para la vida e integridad de los detenidos.
Respaldados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los familiares consignaron ante el Ministerio Público decenas de carpetas con documentos probatorios de la inocencia de los detenidos tras las protestas iniciadas el 29 de julio que demostraban descontento con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro para un tercer mandato.
Tratos degradantes y humillantes
Parientes de otros detenidos, que permanecen en otro sitio de reclusión, también se mantienen denunciando las condiciones en las que mantienen a sus familiares. Jenny Barrios, madre de Junior Arrieta, cuenta que tiene más de 12 días sin ver a su hijo tras ser trasladado desde la cárcel de Yare (Miranda) a Tocuyito (estado Carabobo). Esta familia es oriunda del estado Zulia.
Arrieta fue arrestado por supuestamente haber recibido $2.000 de la líder de la oposición, María Corina Machado, para financiar comanditos opositores, pero Barrios desmiente estas acusaciones y denuncia que su hijo fue trasladado sin orden judicial al penal de Tocuyito, donde también está encarcelado su sobrino José Leonardo Chirino, también acusado por una integrante de un consejo comunal de atacar una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos fueron encarcelados el pasado 3 de agosto.
Jenny Barrios condena las revisiones a las que son expuestas en las cárceles: «Nos revisaron las partes íntimas con linternas y teléfonos, sin saber si nos estaban grabando o solo iluminando. Fue una experiencia degradante, fue una vergüenza, fue el trato más inhumano que he visto yo en la mujer», afirma y denuncia las dificultades económicas que enfrenta para trasladarse para visitar a su hijo y la imposibilidad de costear su tratamiento neurológico por los altos costos.
«He tenido que vender arepas y rifas para costear los viajes. Le pido al presidente (Nicolás Maduro) que recuerde sus orígenes humildes, que vea el sufrimiento de las madres como yo, que perdí mi trabajo, que se ponga la mano en el corazón y libere a nuestros hijos», agrega.
Organizaciones de derechos humanos han exigido a las autoridades venezolanas garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos, así como el acceso a mecanismos básicos de comunicación y visitas regulares.
Tres presos de las protestas poselectorales han fallecido en pocas semanas en distintas cárceles. Sus familiares aseguran que ha sido por falta de atención médica.
