Familiares de presos políticos piden apoyo a Lula: Cada segundo de sus vidas es cercenado
Familiares de presos políticos solicitaron al Gobierno de Brasil y a su presidente Luiz Inácio Lula da Silva que interceda por la liberación de los 1.808 detenidos, según cifras del Foro Penal. Denunciaron el aislamiento sistemático y las graves condiciones de reclusión en las distintas cárceles del país
El Comité de Familiares de Presos Políticos protestó la mañana de este miércoles 11 de septiembre para solicitar al Gobierno de Brasil que interceda en la liberación de todos los detenidos por razones políticas en Venezuela y el cese inmediato de la represión en el país.
Desde la plaza Bolívar de Chacao, estado Miranda, familiares y activistas se concentraron para denunciar la situación de torturas físicas y psicológicas que sufren los presos políticos, además del aislamiento al que son sometidos en las distintas cárceles del país. A unos metros, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), vestidos de civil, tomaban fotos y videos, alertó Provea.
9:57 am Funcionarios policiales de civil se ubican en distintos lugares de la Plaza Bolívar de Chacao buscando amedrentar a quienes se concentran en apoyo a familiares de los presos políticos. pic.twitter.com/oRUUis6LI6
— PROVEA (@_Provea) September 11, 2024
«Cada segundo de los presos políticos y sus vidas está siendo cercenado por ser torturados todos los días», sentenció Andreina Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel, uno de los detenidos por la llamada «operación Gedeón».
Baduel se refirió a la «grave situación» de la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I, donde se encuentra su hermano y otros 45 detenidos. «Están en condiciones inhumanas, en una celda 2×2 donde solo tienen la letrina y están aislados las 24 horas del día».
«Pedimos la mediación del presidente Lula da Silva en virtud de que en Venezuela siguen siendo criminalizada la disidencia, en virtud de que hoy somos 2.500 familias con presos políticos que somos amenazados y ellos torturados. Quiero además pedirle al mundo que no se olviden que en Venezuela seguimos siendo víctimas de violaciones a nuestros derechos humanos», señaló.
Sol Ocariz, hermana del activista de DDHH Edward Ocariz, recordó que su hermano fue «secuestrado» de su casa el pasado 2 de agosto en su vivienda en la parroquia Coche, al oeste de Caracas. «Esta es la fecha, ya tengo mes y medio y yo no sé de mi hermano, yo no sé si estará vivo, yo no sé en qué condiciones está. No permiten verlo, no me dan explicación de él».
Pidió a la comunidad internacional que interceda por todos. «Están personas son inocentes, aquí no tenemos asesinos, aquí no tenemos, ladrones y violadores. Únicamente presos políticos por un empeño, por minimizar la expresión que nos da la Constitución a cada uno de nosotros».
De izquierda a derecha: El activista Marino Alvarado, Andreina Baduel, Sol Ocariz y Hiowanka Ávila, en espera de entregar un documento a la Embajada de Brasil en Caracas. Foto Cortesía
Edward Ocariz fue procesado por los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y escándalo en la vía pública. Actualmente se encuentra en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito. La respuesta que reciben sobre las visitas es que «esperen que su privado de libertad les avise cuándo pueden venir a verlo. Eso es todo».
Mientras que Hiowanka Ávila, hermana de Henrybert Rivas, dijo que «aquí se están violando sus derechos humanos, hay una violación a las normas Mandela dentro de las cárceles, hay lugares donde no permiten el ingresos de comida, de agua. En el caso de Rodeo I fueron traslados en los meses de febrero y abril y no han permitido la comunicación a los padres».
Explicó que entre los detenidos en El Rodeo, que han bajado sistemáticamente de peso, «hay hombres que tienen hijos y todavía no les permiten llamadas. Todavía no nos permiten que ellos nos envíen cartas, siguen las comunicaciones solo por 20 minutos y a veces es menos el tiempo».
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Reyes Flores, madre de Bruno Juárez, se movilizó desde el estado Carabobo para asistir a la protesta, como hace semanalmente cuando va a visitar a su hijo en la sede de la DIP La Yaguara. El joven de 28 años fue detenido el 3 de noviembre de 2021 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se bajaba de un vuelo procedente de España, al igual que Gabriela Montes.
Ambos compartían un vínculo: estar relacionados por familia o trabajo con la esposa de Hugo Carvajal, exdirector de la Dgcim y detenido en Estados Unidos por narcotráfico. «Los acusaron de que venían a sabotear las elecciones regionales y los desaparecieron 15 días. A ellos los acusaron de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir».
En mayo del año pasado, la jueza Grendy Duque Carvajal los sentenció a 30 años «sin tener pruebas». Apelaron y aún están a la espera de una resolución judicial. «Yo vendí todo, mi casa, mi camioneta y un terreno para poder costear los abogados. Ahora sacamos de dónde no tenemos para visitarlos, llevarles agua, los alimentos, hay que llevarles todo», comentó Flores.
Una situación más o menos similar vive Juan Freites, activista de Vente Venezuela detenido en La Guaira el pasado 23 de enero en el Sebin Helicoide. Su madre, Atali Cabrejo, dijo que «yo le llevo todo, pero ahí dentro sí les dan la comida, eso no se puede negar (…) Él dice que está bien, pero está coartado de su libertad».
«La lucha es esta, alzar la voz nosotros sus familiares, sus padres, madres, hermanos, sus hijos, porque no es justo de que ellos estén presos. Mi hijo tiene es defensa pública, ni defensa porque yo he querido contactarlo pero no le han permitido designar una defensa privada», aseveró.
Jyuly Rosso también es familiar de un detenido vinculados a partidos políticos. Su padre, Aldo Rosso, tiene 69 años y es activista de Voluntad Popular. Fue detenido el pasado 4 de julio cerca de su vivienda en Caracas cuando se iba a trasladar a la manifestación por el inicio de la campaña electoral.
Luego de seis días fue presentado en tribunales y acusado públicamente por Tarek William Saab de estar vinculado a un presunto sabotaje del sistema eléctrico nacional. «Ninguna de esas acusaciones son verdaderas, él no tiene responsabilidad en ninguna de las cosas que le acusan. Mi papá tiene 69 años, una persona de la tercera edad, podrás imaginar las situaciones físicas y psicológicas», expresó su hija.
Rosso está detenido en la DIP La Yaguara y sufre de diabetes e hipertensión. «Ya lleva dos meses en el cual no ha tenido ningún tipo de presentación, ya pasaron los 45 días de investigación y no lo han presentado, no hay juicio. Él está allí esperando, pero sí puedo decir que las condiciones de salud de mi papá han ido en picada. Lo que exigimos es su libertad inmediata, por su edad y por la situación en la que se encuentra allí».
La protesta en favor de los presos políticos se replicó en países como España, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Argentina, Ecuador, Austria, Chile, Países Bajos, Uruguay, Colombia, Panamá, Estados Unidos, México, Costa Rica y Francia.
En todos esos países, los venezolanos se trasladaron a las sedes de la Embajada de Brasil con un documento similar al que fue entregado en Caracas y donde solicitan las gestiones de Lula da Silva para lograr la liberación plena de todos los presos, que se excarcele a aquellos con pena cumplida, que cese la represión inmediatamente y que lleve a cabo las gestiones necesarias para que se otorguen los salvoconductos a los opositores asilados en la Embajada de Argentina.
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