Familias piden a Unicef actuar «con urgencia» para liberar a cinco adolescentes detenidos
Ángel González, Jonathan Bravo, Abraham Rivero, Gabriel Rodríguez y Luisneidel Zúñiga son los cinco adolescentes detenidos por razones políticas en los estados Lara, Falcón y La Guaira. Sus familiares denuncian que están bajo juicios penales que se han estancado por falta de la presentación de medios probatorios
Familiares de los cinco adolescentes detenidos por razones políticas en el país pidieron al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que «actúen con urgencia» y garanticen la liberación inmediata del grupo, algunos de ellos bajo arresto desde hace 10 meses.
Ángel González, Jonathan Bravo, Abraham Rivero, Gabriel Rodríguez y Luisneidel Zúñiga son los cinco adolescentes, entre los 16 y 17 años, que permanecen detenidos en retenes para menores en los estados Lara, Falcón y La Guaira y bajo juicios penales que se han estancado por falta de la presentación de medios probatorios.
«Soñar no es ilegal, los cinco a la escuela, no a un penal», reclamaron sus padres y representantes en una protesta convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos frente a la sede del sistema de Naciones Unidas, en Caracas, este miércoles 21 de mayo.
«Esta situación resulta profundamente alarmante, no solo por la ilegalidad de las detenciones, sino también por las graves vulneraciones a los derechos humanos que estos menores padecen, en abierta transgresión a las normativas nacionales e internacionales de protección infantil y adolescente», señaló el Comité en el documento entregado a la representación de Unicef Venezuela.
En los casos de Luisneidel y Abraham fueron detenidos en la bajada del playón en La Guaira el 29 de julio de 2024, junto a otros dos adolescentes. Sus padres se enteraron que se los llevaron en una camioneta negra, sin placas, un día después gracias a personas del lugar, y los ubicaron en el retén de Caraballeda.
En el caso de Ángel, fue arrestado el 9 de agosto de 2024 luego de que funcionarios de la Policía de La Guaira lo buscaran en su vivienda la noche anterior y amenazaran a su padre con arrestarlo.
Su hermana, Mirbelis González, comentó que el joven, quien tiene un hijo de siete meses que no ha podido conocer, fue acusado por un vecino de la zona de haber participado en las protestas en rechazo a los resultados de las presidenciales, pero los policías ni siquiera encontraron en la vivienda la ropa que supuestamente cargaba ese día.
Los jóvenes fueron acusados de presunto terrorismo, incitación al odio y daños al patrimonio público. Sus juicios fueron anulados por un tribunal del sistema penal de adolescentes con competencia en terrorismo «por falta de medios probatorios»; sin embargo, los procesos penales iniciaron nuevamente bajo las mismas imputaciones.
«Le pedimos al Fiscal que les dé la libertad, como aquel 7 de diciembre que nos dijo que les iba a dar la libertad, pero no cumplió. El 11 de diciembre los bajaron a tribunales que les iban a dar la libertad, mi hermano estaba muy emocionado, y se hicieron las 9 de la noche cuando les dijeron que no los iban a liberar», señaló González.
Adolescentes detenidos en enero
Los adolescentes Jonathan Bravo y Gabriel Rodríguez fueron detenidos los primeros días de enero, pero a 387 kilómetros de distancia uno del otro y en circunstancias distintas.
A Gabriel, un joven beisbolista que empezaba su primer día de trabajo en una panadería artesanal, lo detuvieron el día 9 a las afueras del ambulatorio Don Felipe Ponte en Cabudare (estado Lara) por portar un suéter y bermudas negras, cuestión que funcionarios de la Guardia Nacional consideraron una «pinta de guarimbero», denunció su tía Joanny Méndez en la protesta.
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Mientras que Jonathan fue sacado de la habitación de su casa en Coro (estado Falcón) el pasado 11 de enero por funcionarios armados y encapuchados que ingresaron a la vivienda sin orden judicial, todo por un supuesto mensaje en un grupo de WhatsApp contra el gobernador Víctor Clark, quien aspira a la reelección en las elecciones de este domingo 25.
Ambos jóvenes permanecen en juicios, que maneja el Tribunal Especial de Segunda Instancia con competencia en Terrorismo del sistema penal de adolescente, a cargo de la jueza Dayana Castillo, donde no se han presentado las pruebas que supuestamente los vinculan a los delitos imputados.
En la protesta se mostraron bates, camisas deportivas y otros objetos de los adolescentes detenidos por razones políticas
«Estamos exigiendo la liberación de nuestros hijos, que son inocentes de todo lo que se les está imputando. Nuestros hijos no deberían estar en una celda, deberían estar en clases, deberían estar en un aula o haciendo deportes», señaló Francis Palencia, madre de Jonathan.
Desde el Comité consideran urgente que los organismos adopten medidas para garantizar la restitución de los derechos de estos menores, «provenientes de familias de escasos recursos económicos».
Insistieron a Unicef para que actúen como «mediadores» ante las autoridades venezolanas para garantizar su liberación inmediata. «Unicef tiene el poder y la responsabilidad de ser un faro de esperanza en medio de esta crisis, alzando su voz en defensa de los derechos fundamentales de la infancia».
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