Fedeagro pide una ruta electoral sin presos políticos, inhabilitados ni ventajismos
Fedeagro sostiene en un comunicado que la construcción de una ruta electoral justa e imparcial, que genere confianza, debe darse «a través de un gran consenso nacional entre todas las organizaciones políticas y sociales y con un órgano electoral neutro e independiente, donde no prevalezca ninguna orientación o partido político
La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) se suma a los distintos gremios del sector productivo privado que han fijado posición sobre la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Afirma que un primer paso para reinstitucionalizar el Estado es ofrecer a la población procesos electorales libres, transparentes y competitivos, con un árbitro e instituciones legítimas, donde el venezolano no solo pueda votar, sino que mediante el ejercicio del voto pueda realmente elegir las autoridades de los poderes públicos.
Sostiene que la construcción de una ruta electoral justa e imparcial, que genere confianza, debe darse «a través de un gran consenso nacional entre todas las organizaciones políticas y sociales y con un órgano electoral neutro e independiente, donde no prevalezca ninguna orientación o partido político. Asegura que una nueva ruta electoral debe construirse «sobre bases de equidad, transparencia e instrumentos y normas avalados por los actores electorales (registro, padrón, calendarios), sin inhabilitados ni suspendidos, sin presos políticos, sin ventajismos y con el concurso de los venezolanos que están fuera el país. En fin, con directrices apegadas a la Constitución nacional».
El 4 de mayo, la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro designó a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) conformado por tres rectores asociados al chavismo y dos a la oposición (Enrique Márquez y Roberto Picón).
Fedeagro asegura, en un comunicado emitido este 13 de mayo, que la sociedad venezolana vive una profunda crisis social, política y económica caracterizada «por el desmoronamiento de las instituciones y la anomia social del conglomerado humano dentro de sus fronteras». Indica que los sectores agrícola y pecuario no escapan de esta realidad. «Doce años continuos de recesión han dejado secuelas difíciles de superar. Se requiere un supremo y mancomunado esfuerzo para impulsar un sector abatido, carente del dinamismo que ofrecía en etapas previas».
«La crítica situación en la que se encuentra nuestro sector impacta a la sociedad en su conjunto, habida cuenta del encadenamiento de sus procesos y la producción de bienes vitales e insustituibles: los alimentos».
Por otra parte, señala que la Venezuela rural depende de la actividad agropecuario, por lo que las consecuencias recesivas son allí más profundas y complejas que en las zonas urbanas. En 17 estados del país la principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Sus habitantes están vinculados a los procesos productivos del campo.
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El 11 de mayo, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) emitió un comunicado en el que sostiene que la designación de las nuevas autoridades del CNE es «un elemento primordial para el fortalecimiento de la democracia» y «un paso decisivo para comenzar a sentar las bases que conlleven a una eventual solución de la crisis social, económica y política que afecta al país». Sin embargo, advierte que los roles de los nuevos rectores, algunos de reconocida experticia en materia electoral, «carecerían de peso si no llegasen a actuar realmente como factores determinantes para lograr condiciones electorales favorables, que fomenten la existencia de partidos políticos, la participación de sus candidatos, y que garanticen la concurrencia de electores en un ambiente de libertad y confianza institucional».
El 6 de mayo, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) expresó que la designación de las nuevas autoridades del CNE «un paso importante en la difícil pero necesaria tarea de recuperar la confianza del voto y la garantía de los procesos electorales del país». «El camino por recorrer es largo y complejo. Los acuerdos, las negociaciones y la responsabilidad de encontrar verdaderas soluciones a la crisis política que por años ha vivido el país serán determinantes en la recuperación de la confianza en las autoridades electorales para garantizar elecciones libres, imparciales, auditables y transparentes», dijo la principal patronal del país en un comunicado.
