Fedecámaras pide incluir en las negociaciones de México la asignación del FMI
La patronal Fedecámaras envió una carta al mediador noruego, Dag Nylander, a la que TalCual ha tenido acceso. En la misiva, la organización destaca que confía «en que la negociación y el diálogo generen acuerdos sustanciales y fructíferos, que garanticen soluciones tempranas a los problemas de los venezolanos”
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) emitió el pasado 3 de septiembre un documento en el cual celebraron con beneplácito la inclusión en la agenda de negociación el punto referente a la “protección de la economía nacional y las medidas de protección social en favor del pueblo de Venezuela”, al tiempo que pidieron agregar a la discusiones “la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En una carta dirigida al facilitador de la mesa de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, Dag Nylander, a la que TalCual ha tenido acceso y ha podido confirmar su autenticidad, la organización gremial aseguró que Venezuela atraviesa “uno de los momentos más críticos” desde la perspectiva económica, político, social, institucional y sanitario de la historia “poniendo en riesgo así los derechos humanos de los venezolanos” debido a los efectos de la pandemia por covid-19. “Con la previamente existente crisis humanitaria compleja y multidimensional, reconocida por organismos internacionales y multilaterales”, señalaron.
En este sentido, la asociación empresarial señaló como una “urgencia” el rescate del sector privado del país, al que calificaron como un “factor fundamental para el desarrollo del país”. Agregaron que el país necesita “financiamiento internacional y del diseño de políticas públicas adecuadas” para la reactivación del aparato productivo nacional “en el marco de la garantías constitucionales de la libertad económica, de propiedad privada, libre iniciativa empresarial como la seguridad jurídica para la inversión”.
“El país requiere de un plan concertado de recuperación de la actividad productiva que permita un retorno a la normalidad de manera ordenada, saludable y segura, garantizando a los trabajadores ingresos suficientes para alimentarse, protegerse y cubrir las necesidades del núcleo familiar”, señala el documento.
De la misma manera, consideraron que el conflicto político se ha constituido en un “obstáculo” para el acceso del país al financiamiento internacional por parte de organismos multilaterales. “Es menester acuerdos humanitarios inmediatos entre los actores políticos (…) Para obtenerlo y destinarlo, con especial énfasis, hacía alimentos, medicinas y la vacunación contra la covid-19”.
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El pasado 2 de agosto, la junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) adoptó la decisión de poner a disposición 650.000 millones de dólares para atender la crisis económica mundial y sanitaria, y de esa manera ayudar a los países más vulnerables, sin embargo, Venezuela no puede acceder a los 5.000 millones correspondientes debido a los conflictos políticos.
Ante este panorama, Fedecámaras consideró necesario procurar un acuerdo de los actores políticos “para explorar propuestas y soluciones conjuntas” que sean elevadas al FMI para restablecer este mecanismo de financiamiento.
“Fedecámaras confía en que la negociación y el diálogo generen acuerdos sustanciales y fructíferos, que garanticen soluciones tempranas a los problemas de los venezolanos”, expresa la misiva.
Finalmente, ofrecieron sus servicios de asesoría y experiencia para contribuir al éxito de este proceso de negociación “en pro del bienestar colectivo”.
Es importante recordar que el representante del oficialismo, Jorge Rodríguez, aseguró que la comunicación recibida por parte de Fedecámaras rechazaba las sanciones contra el régimen y señalaba que “las sanciones eran las causales del deterioro económico y de la crisis humanitaria”. Sin embargo, en el documento real de la organización empresarial no hace mención a las medidas por parte del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.
