Feministas buscan acabar con clandestinidad del aborto a través de la despenalización
El Proyecto de Ley Sobre Derecho Sexuales y Reproductivos plantea el reconocimiento de la sexualidad como un derecho humano y el establecimiento de las acciones que recaen en la obligación del Estado y de la sociedad en materia de educación integral. Más de una veintena de organizaciones civiles piden, por medio del proyecto, la derogación de los artículos 432, 433, 434 , 435 y 436 del Código Penal, en los que se penaliza el aborto. Expertas consultadas por TalCual advierten sobre el alto número de muertes por consecuencia de abortos clandestinos, afirman que lo que se sabe «puede ser la punta del iceberg», porque existen muchos casos que nunca llegan al hospital
Que el aborto no sea legal no quiere decir que no se practique. Venezuela es uno de los países de la región que tiene una de las leyes más restrictivas y rígidas en cuanto a la interrupción del embarazo. En el país, el aborto inducido es tipificado por el Código Penal como un delito por el que personas con capacidad de gestar pueden pagar penas de entre seis meses y dos años de prisión, sin contar el desprecio social al que son sometidas.
La interrupción del embarazo es ilegal incluso en casos de incesto, si se trata de una menor de edad, por una malformación congénita en el feto o aunque haya ocurrido producto de una violación.
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Para Human Rights Watch (HRW), «restringir el acceso legal al aborto no disminuye la necesidad, pero es probable que aumente el número de mujeres que buscan abortos ilegales e inseguros, lo que lleva a una mayor morbilidad y mortalidad». Mientras que para el Instituto Guttmacher, la estigmatización de esta práctica médica no solo impide las reformas legales «sino que también retrasan la implementación cuando se han ampliado los criterios legales».
Justo para atender esta problemática más de una veintena de organizaciones civiles y no gubernamentales venezolanas promueven un Proyecto de Ley Sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Consta de 18 artículos, una disposición derogatoria para cuatro artículos del Código Penal y una disposición final.
Las plataformas consideran necesaria la entrada en vigencia de un instrumento jurídico que garantice que la sexualidad y la reproducción sean calificados como derechos humanos. Este proyecto es un «primer papel», en el que se necesitan incorporar otros elementos.
Aunque es bien sabido que en Venezuela existen artículos que establecen derechos sexuales y reproductivos, como en la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente (Lopna) o la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, activistas aseveran que por el hecho de estar regados en leyes «se diluyen», lo que genera un efecto adverso muy importante para el reconocimiento global de todos los derechos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus protocolos en materia de interrupción del embarazo. Recomienda que todos las interrupciones sean seguras y existan los procedimientos para que sean realizados. Pese a esto y al avance de otras naciones en este tema, Venezuela mantiene atadas a las personas con capacidad de gestar a una norma que no ha tenido reforma desde hace más un siglo.
El aborto es un hueso duro de roer
«En Venezuela las mujeres no dejan de abortar pese a que sea considerado delito, buscan formas inseguras en su desespero», dice a TalCual Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier, una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.
Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier
El tema del aborto es el más polémico, «es un hueso duro de roer», asevera en conversación telefónica Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). Comenta que en el debate de temas como este han interferido visiones religiosas y la postura de personas con percepciones conservadoras o «con una mirada patriarcal y machista sobre las decisiones de las mujeres».
El proyecto de ley solicita la derogación de los artículos 432, 433, 434 , 435 y 436 del Código Penal vigente en los que se penaliza el aborto.
Magdymar León detalla que «está en discusión que, por ejemplo, se legalice la interrupción por indicaciones (en los casos de violación sexual, incesto, riesgo de la vida o salud de la gestante, en caso de malformación congénita incompatible con la vida, embarazo de adolescentes o niñas y personas en casos de extrema pobreza)».
La defensora explica que otra propuesta sobre el tapete es que se proponga la despenalización hasta la semana 14 de gestación. Es decir, que en esos casos no se solicite un permiso o una causal, sino que durante ese «período prevalezca el derecho de la gestante a decidir sobre la continuación o no de ese embarazo».
En el proyecto de ley, actualmente debatido por comisiones de organizaciones civiles y diputados de la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional del 2020, se establece que todas las personas tienen el derecho a decidir el intervalo, número de hijos a procrear y las condiciones en las cuales realizar el parto. También tienen el derecho a no procrear si es su decisión. No fue posible establecer comunicación con diputados del Parlamento que domina el PSUV.
«Derecho a la intimidad, todas las personas tienen derecho a decidir libremente y sin interferencias arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas», se añade en el texto.
El costo de la clandestinidad
Suzany González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex), cita datos de datos del Fondo de Población de la ONU sobre mortalidad materna en Venezuela, para comentar que en la nación rondan las 100 muertes por cada 100 mil nacidos vivos.
«Si calculamos que en Venezuela todos los años se embarazan 600 mil mujeres de acuerdo a los datos del fondo, y recordando que existe un subregistro, se estima que por lo menos el 10% de las muertes están asociadas a abortos inseguros. Algunos dicen que llega al 20%», añade.
González, abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), enfatiza que la estigmatización no es solo un tema de despenalización del aborto, sino que tiene que ser de reconocimiento de los derechos humanos.
Subraya que la propuesta de ley plantea, en principio, el reconocimiento de la sexualidad como un derecho humano, el establecimiento de las acciones que recaen en la obligación del Estado y de la sociedad en materia de educación sexual integral. A su juicio, serviría de poco si se despenaliza el aborto pero continúa el estigma y la persecución social.
Suzany González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex)
Datos del informe Estado de la Población Mundial 2019 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dejan ver que Venezuela se ubica como el tercer país con mayor tasa de fecundidad adolescente, con 95 nacimientos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años.
El artículo 6 del Proyecto de Ley Sobre Derechos Sexuales y Reproductivos establece que todas las personas tienen derecho a ser tratadas sin discriminación en la esfera de la vida y la salud reproductiva. Así como también a la información y atención integral, confidencial, continua, humanizada, acompañada y libre de riesgos, antes y durante todo evento obstétrico, contando para ello con el acceso oportuno a las diferentes modalidades de atención intra y extrahospitalaria. Haciendo énfasis en la garantía de los cuidados obstétricos de emergencia.
A través del informe de Mujeres al límite (2019) realizado por la Coalición Equivalencias en Acción, se pudo conocer que en Venezuela se registraron 2.246 abortos en 2018 en un periodo de cinco meses (de agosto a diciembre). 31% de esos abortos se practicaron a menores de 18 años y cuatro procedimientos se realizaron a niñas menores de 12 años. De mayo a junio de 2018, el 59% de las víctimas de abuso sexual fueron menores de 12 años.
Sobre este informe, Magdymar León, también docente en Maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), detalla que se hizo una observación de cuatro instituciones hospitalarias, dos maternidades y dos hospitales con sala de parto: la maternidad Concepción Palacios, en Caracas, el Victorino Santaella en los Teques, estado Miranda, y en la maternidad del Sur y del hospital Enrique Tejera, ambos en Carabobo.
«Encontramos que por cada cuatro partos atendidos hubo un aborto inducido. Si sacamos una cuenta simple de que anualmente en Venezuela hay un promedio de 500 mil nacidos vivos, nos daría aproximadamente unos 125 mil abortos al año, en función a los que encontramos y a lo que son las cifras de natalidad», apunta.
León resalta la importancia de los números. Al mismo tiempo hace énfasis en que esta es una estimación «de las que se sabe», y que puede ser la punta del iceberg porque existen muchos casos que nunca llegan a ir a una hospital.
Enfatiza, además, que son innumerables los testimonios de mujeres que son víctimas de violencia en los recintos de salud. Dice que son insultadas y vejadas. Considera que no hay un protocolo posaborto integral, pues se sabe de tratamientos y lo que hay que hacer medicamente, pero no de orientación o exploración sobre las razones de la interrupción ni atención integral.
Mientras, Estefanía González afirma que la falta de respuestas del Estado a la exigencia solo significa poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Desde Mulier han recogido diversos testimonios de gestantes en las regiones. «En Maracaibo, las mujeres jóvenes han tenido que caminar —durante paros de transporte, la situación de la gasolina y la pandemia— hasta las maternidades para recibir atención médica, incluso por casos de abortos involuntarios. En los casos en los que se indujeron el aborto, el procedimiento fue a través de formas inseguras, con medicamentos ilegales que ni siquiera eran los que buscaban. Sumado a esto y producto del desespero, tuvieron que caminar kilómetros para llegar a un centro de salud. Esta es la realidad».
Explica que hay diversos mecanismos para que se realicen las interrupciones: «Hay algunos casos en los que se requiere de aspiración, legrado o manipulación, pero también hay abortos farmacológicos, que son un recurso indicado justamente para el período cuando está comenzando la gestación».
El artículo 14 del mencionado proyecto de ley señala que serán criterios generales de actuación de los poderes públicos y la administración pública en el ámbito nacional, estadal, municipal y comunal:
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Feminismo comunal sobre el aborto
Niet Briceño, del Frente Cultural de Izquierda, respalda el proyecto de ley. Durante una manifestación realizada el 28 de septiembre para exigir a la AN acciones sobre el tema, cuestionó ante la colectividad la gestión del Poder Ejecutivo nacional por garantizar educación integral y por proveer a la ciudadanía de métodos anticonceptivos.
De acuerdo a lo señalado por Briceño, la exigencia de derechos sexuales y reproductivos y por la despenalización del aborto también viene de las comunidades. Asevera que el tema tiene que ver también con que la acción sea aceptada socialmente y las personas dejen de ser satanizadas.
Niet Briceño, del Frente Cultural de Izquierda
«¿Dónde está el pensum educativo con educación sexual? No lo hay. Somos los movimientos comunales los que lo hemos hecho (llevar el tema a los sectores populares). Aquí es donde están las que abortan a diario. Sabemos las condiciones en las que viven las mujeres. Ellas no deciden qué les toca. Es eso o perforarse los úteros», exclamó ante una multitud.
Zuleika Matamoros, representante del movimiento Mujeres de Izquierda, aseveró que son más, son los testimonios de mujeres «que fuimos obligadas a ser madres por no poder decidir».
Zuleika Matamoros, representante del movimiento Mujeres de Izquierda
Afirmó que el aborto debe ser visto como un derecho fundamental y un derecho humano. Exigió, en nombre de todas las mujeres, acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Del mismo modo deploró que la inclinación religiosa de diputados como Javier Bertucci —quien es cristiano evangélico— valga más que la petición ciudadana.
En tanto Nancy Bello, psicóloga y representante de Mujeres por los Derechos, enfatizó que el aborto no es un deseo, sino una necesidad. Considera que cada vez que se produce uno, el Estado está obligado a garantizar que se dé en las mejores condiciones.
«Estamos en una lucha de ciudadanía. Tenemos nuestros derechos a medio camino. Esta despenalización va de que podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Mientras eso no sea así seguimos siendo ciudadanas a medio camino», señaló.
Nancy Bello, integrante de Mujeres por los Derechos
El año pasado se conoció el caso de una niña de 13 años en el estado Mérida que fue víctima de violencia sexual en repetidas ocasiones por parte de su vecino, Carlos Alberto Terán, un hombre de 52 años. La niña quedó embarazada y decidió, junto a su madre, interrumpir el embarazo. Acudieron a Vanessa Rosales, una activista por los derechos de la mujer y maestra del barrio. Ella les aconsejó denunciar al hombre y además le dio recomendaciones para interrumpir su embarazo no deseado.
Durante el procedimiento, la niña sufrió una complicación. En el hospital se dieron cuenta de que le habían practicado un aborto. Le hicieron un legrado (limpieza quirúrgica del interior del útero) y luego la policía la interrogó sin la compañía de su madre, una abogada o la presencia de un fiscal de menores.
En octubre de 2021, Vanessa Rosales fue detenida junto con la madre de la niña por «agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros», mientras que al acusado por violación lo capturaron y lo dejaron libre en cuestión de horas por falta de pruebas.
Ante la indignación nacional e internacional, el fiscal general Tarek William Saab expidió una orden de captura contra el agresor y lo comunicó por Twitter. Al hombre todavía no lo han capturado, mientras que la activista estuvo presa por nueve meses bajo un proceso judicial plagado de irregularidades.
