Fin del TPS: venezolanos quedan en riesgo, pero pueden aplicar a otras opciones legales
El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) deja a los venezolanos en riesgo de deportación, pero aún no se ha llegado al fondo del asunto porque se mantiene el litigio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, que puede tardar años. El activista en defensa de los migrantes Kelvi Zambrano afirma que aún hay mecanismos para permanecer legalmente en EEUU y sugiere buscar asesoría especializada
La Corte Suprema de los Estados Unidos puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos. Esta es la cuarta vez que ocurre este proceso en lo que va de año. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que las condiciones en Venezuela ya no justifican mantener el TPS y que extenderlo es contrario al interés nacional.
Esta decisión deja a miles de venezolanos en un limbo. Específicamente, alrededor de 350.000 migrantes con TPS quedan en riesgo de deportación y otros 250.000, a quienes se les vence el permiso el próximo 7 de noviembre, pueden quedar en la misma situación.
Sin embargo, esta resolución no implica el cierre definitivo del caso. La Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo del asunto, sino que suspendió los efectos de la decisión del juez federal de California Edward Chen. «La Corte simplemente está diciendo: ‘Suspendo la decisión del juez Chen hasta que el Noveno Circuito de Apelaciones decida el fondo del asunto'», explica Kelvi Zambrano, director de la ONG Migration in Action y activista en defensa de los migrantes y advierte: «Esto genera una gran incertidumbre y coloca en una situación de indefensión a los venezolanos«.
El litigio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California puede extenderse meses o hasta años.
Cuando Chen anuló la decisión del Gobierno y restituyó el TPS para los venezolanos, dijo que «la acción de la secretaria (Noem) amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país». Además, afirmó que ese acto viola la ley.
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Política contradictoria
Zambrano considera que la política de Trump es contra la migración venezolana y a la vez contradictoria: «Por una parte, dice que el gobierno venezolano es una narcodictadura que debe ser desplazada del poder, pero, por otra, criminaliza a las víctimas de esa misma dictadura que han huido del país».
«Son víctimas de persecución legal», afirma el activista en defensa de los migrantes que poseen TPS y sostiene que se está usando el Derecho y sus interpretaciones «para tratar de darle piso de legalidad a una situación que no es legal». Añade que estas acciones no solo «contradicen la jurisprudencia estadounidense, sino también los compromisos internacionales asumidos por EEUU en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»
«La decisión del TPS lo que genera es una gran desprotección a la comunidad migrante venezolana», enfatiza el director de Migration in Action.
Tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal, los permisos de trabajo y todo lo que esté supeditado a él queda sin efecto.
No obstante, Kelvi Zambrano recuerda que a los venezolanos con TPS del año 2021 se les vence el próximo 7 de noviembre a las 11:59 p.m. y a los que tienen una extensión de la designación de 2023, se les vence en octubre de 2026.
Riesgos y opciones legales
Quedarse sin TPS y acumular tiempo ilegal en Estados Unidos conlleva un efecto negativo para los venezolanos y posteriores trámites migratorios. «Cuando se acumula ese tiempo, se genera un récord negativo, puede impedir arreglar documentos o solicitar otro estatus, salvo que pida un perdón migratorio, lo que implica salir del país y enfrentar procesos más complejos», detalla el representante de Migration in Action.
También alerta que sobre la dimensión política de la medida: «Hay una suspensión de alguna u otra manera del Estado de derecho. Existe un conflicto evidente entre el poder Ejecutivo y el Judicial, similar a lo que se vive en Venezuela. En Estados Unidos hay jueces amenazados o destituidos por decisiones de carácter humanitario a favor de los migrantes», expone.
Tras la pérdida del TPS, Kelvi Zambrano recomienda a los venezolanos buscar asesoría legal, bien sea paga o gratuita, para evaluar sus alternativas. Menciona que pese a que hay sobresaturación en todas las oficinas migratorias, existen organizaciones no gubernamentales (como Migration in Action) para brindar acompañamiento, asistencia a los migrantes y un listado de abogados pro bono «para ayudarlos».
Entre las principales opciones legales a las que pueden acceder los venezolanos que quedan desprotegidos, el activista menciona:
- Solicitar asilo político: explica que incluso los migrantes que llegaron en 2021 y sobrepasaron el año para este trámite pueden acceder a él. «La regla del año tiene excepciones, y una de ellas es el cambio de circunstancias. En este caso, el fin del TPS es un cambio no imputable a los migrantes, por lo que se reabre el lapso para pedir asilo».
- Aplicar a una visa por interés nacional (EB2): destinada a personas que destacan profesionalmente o que pueden demostrar aportes relevantes en su área laboral. «Estudios demuestran que los venezolanos son de los migrantes más preparados», agrega.
- Optar por una visa U o T: dirigidas a víctimas de delitos o de trata de personas. «Hay muchos venezolanos que han sido víctimas de agresión por parte de ciudadanos americanos o casos donde las personas fueron víctimas de trata», presentando las pruebas necesarias, pueden acceder a este beneficio migratorio.
El director de la ONG Migration in Action advierte que la política migratoria estadounidense está operando en dos direcciones: la legal, que procura deportar a la mayor cantidad de migrantes posible, y otra psicológica, que utiliza el miedo como forma de control social, «para que los migrantes se autodeporten».
Insiste en que hay que actuar rápido: «Aquellos que tienen TPS deben iniciar sus procesos en cuanto expire su estatus. Si su protección termina el 7 de noviembre, el 8 de noviembre ya deberían estar presentando su solicitud de asilo». Aunque reconoce que la situación es grave, reitera que aún existen herramientas legales y organizaciones dispuestas a prestar ayuda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
