Fiscal de la CPI está «determinada» a investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La fiscal de la CPI indicó que este año esa instancia tiene 10 exámenes preliminares abiertos, incluidos los dos sobre Venezuela, y se completaron cuatro de ellos, correspondientes a las situaciones en Palestina, Irak/Reino Unido, Ucrania y Nigeria
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo que su Oficina está «determinada» a continuar con la situación de Venezuela en esta instancia, donde se mantiene un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por máximas autoridades del Estado, al menos desde 2017.
Durante la presentación de su informe sobre la situación de los exámenes preliminares que sigue la Fiscalía de la CPI, Bensouda dijo que este año se iniciaron dos nuevos exámenes preliminares «tras las remisiones del Estado Parte recibidas del Gobierno de Venezuela y del Gobierno de Bolivia».
Este nuevo examen es una solicitud del régimen de Nicolás Maduro para que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos debido a las sanciones que ha impuesto a funcionarios de forma individual, así como a la industria petrolera.
«La Oficina también anunció su determinación de la materia con respecto a la Situación en Venezuela I y continuó avanzando en su evaluación con respecto a las situaciones en Colombia, Guinea y Filipinas», señaló la fiscal Bensouda.
Como Venezuela I se conoce al informe divulgado por la Fiscalía de la CPI el pasado 14 de diciembre, donde se afirmó que existen motivos razonables para creer que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad a partir de 2017, en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, por lo que posiblemente se inicie la etapa de investigación «durante la primera parte de 2021».
En su informe, la Fiscalía de la CPI determinó, «sin perjuicio de otros crímenes que se puedan determinar en una etapa posterior», que hay fundamentos razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional».
En estos crímenes relacionados con la encarcelación u otro tipo de privaciones ilegítimas de libertad, también se incluiría la presunción de tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, además de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, todo ello contemplado en el Estatuto de Roma.
Los patrones de tortura, donde se incluyen los delitos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son descritos en «La República que tortura», una serie documental de TalCual.
La Fiscalía de la CPI señala por estos hechos a cuerpos de seguridad como la PNB y su Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Sebin, la Dgcim, Cicpc, Guardia Nacional y su Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas); además de grupos de civiles relacionados al régimen de Nicolás Maduro «actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento».
Un examen preliminar está compuesto de cuatro fases. Actualmente, el caso venezolano se encuentra en la fase 2 (que será cerrada), donde la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. De allí se pasaría a la fase 3, que se concentra en valorar la admisibilidad. Finalmente, en la fase 4 se evalúa el interés de la justicia, es decir, si vale la pena que el caso pase directamente a la CPI.
Una vez completado el examen preliminar, que según el informe se espera culminar «durante la primera parte de 2021», se espera que el caso venezolano pase a la fase de investigación, que consiste en la presentación del caso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI por parte de la Fiscalía como parte acusadora, con acusaciones individuales a los señalados de cometer los crímenes de lesa humanidad.
La fiscal de la CPI indicó que este año esa instancia tiene 10 exámenes preliminares abiertos, incluidos los dos sobre Venezuela, y se completaron cuatro de ellos, correspondientes a las situaciones en Palestina, Irak/Reino Unido, Ucrania y Nigeria.
Además, esta es la última entrega de informes por parte de la fiscal Bensouda, cuyo periodo vence en 2021 y deberá ser reemplazada por las autoridades de la CPI.
Responde Saab a la CPI
En un comunicado difundido este 15 de diciembre, el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, valoró como «positivo» el informe sobre los examenes preliminares que sigue la Fiscalía de la CPI en todo el mundo, pues se puso de manifiesto «que desde esta institución y el Estado venezolano se está colaborando en todo momento con esa instancia jurídica internacional».
Con esto, Saab se refiere a los documentos entregados a principios de noviembre en La Haya a la fiscal Fatou Bensouda por parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, hecho que es mencionado el informe sobre el examen preliminar Venezuela I.
Según Saab, dijo que esto demuestra que las instituciones venezolanas «están dando todos los pasos necesarios» y se demuestra «su firme disposición a colaborar».
El fiscal no mencionó en su comunicado la afirmación de la CPI sobre la existencia de motivos razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional».
#COMUNICADO el Ministerio Público destaca que en el Informe Anual de la CPI @IntlCrimCourt se haya valorado la reunión sostenida con el Defensor del Pueblo y nosotros el #4Nov en La Haya: así como la recepción del voluminoso #Informe entregado por el @MinpublicoVE este #30Nov pic.twitter.com/KaZGyanoxU
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 15, 2020
