Fiscalía peruana ratifica solicitud de 36 meses de prisión preventiva para Castillo
Durante una audiencia por el caso del expresidente peruano Pedro Castillo, la fiscal Galinka Meza señaló al exmandatario de delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple
La Fiscalía de Perú ratificó ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).
Fue la fiscal Galinka Meza la que presentó los argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley el martes 7 de marzo, durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante. En la audiencia, celebrada este mismo día, participó Castillo de manera virtual acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.
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Desde diciembre del 2022, cuando fue arrestado tras intentar dar un golpe de Estado al Congreso, se le dictaron 18 meses de prisión preventiva. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, durante la audiencia la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.
Según lo expuesto por la fiscal, la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021. En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego “vendrían a conformar el gabinete en la sombra”.
Meza dijo que la presunta organización tenía una “estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar” y que esta posición “era presuntamente asumida por Pedro Castillo”.
El “propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones”, dijo.
