Foro Penal afirma que hay «omisiones graves» en últimos informes de Bachelet
El abogado y vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, aseveró que parece que no hubiese «hubiese continuidad en el análisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela»
La organización Foro Penal Venezolano afirmó, este miércoles 15 de julio, que hay «omisiones graves» sobre la situación de los derechos humanos en el país, luego del último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH (Oacnudh) sobre Venezuela.
En este último informe, publicado hoy por la oficina de Michelle Bachelet, se hace referencia a la falta de independencia del sistema judicial venezolano, así como la situación de violación de los DDHH de comunidades indígenas debido a la explotación del Arco Minero del Orinoco. Por ello, la oficina de la Oacnudh emitió 21 nuevas recomendaciones para su adopción por parte del Estado.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal , señaló que su «preocupación» principal como ONG es que se atienda y responda a las víctimas de estas graves violaciones de los derechos humanos, algo que a su juicio no queda claro con este nuevo informe de la Alta Comisionada.
«Considero que tanto el informe del 4 y 15 de julio de la Oficina de la Alta Comisionada, no se proecupan, de la manera como hubiesemos querido, de la situación de las víctimas de la represión política, se preocupan en hacer ver que hay una colaboración del Estado venezolano con la Oficina de la Alta Comisionada», insistió Romero durante una rueda de prensa.
Dijo que la pregunta que cabe es si la Oficina de la Alta Comisionada Bachelet trabaja solo por la cooperación de los Estados o la función de defender a las víctimas, y que se sientas acompañadas. «Por eso nos quedan dudas del informe, porque no se refiere en modo alguno a las víctimas como tal».
Además, el presidente del Foro Penal detalló que en este nuevo documento de la Oacnudh no se establece concretamente cuáles son los resultados de la colaboración con el Estado venezolano, «si esto no es así, entonces esta colaboración es totalmente inefectiva e ineficiente».
Sobre este punto, Alfredo Romero resaltó que no se han materializado peticiones de la Alta Comisionada en su informe de 2019 como la liberación de presos políticos, o la detención arbitraria de familiares de víctimas de persecución política para dar con su paradero. «La situación de la represión política, de los presos políticos, las condiciones de detención de los detenidos políticos ha empeorado desde el año pasado».
Destacó el caso del médico José Alberto Marulanda, uno de los presos sobre los que la Oacnudh ha urgido su liberación, y que fue detenido desde hace dos años por estar vinculado sentimentalmente a una militar acusada de presunta traición a la patria y rebelión.
«Cómo es posible que si hay un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos para exigir la liberación de estas personas, no se mencione en ninguno de los dos informes presentados este año», reiteró el abogado.
Indicó que este informe del 15 de julio sí reitera denuncias graves como la desaparición forzada de personas y la poca independencia del sistema judicial. Además se refiere a las torturas, incluso con detalles de cómo se ejecutan de acuerdo a información recabada por la Oficina de la Alta Comisionada.
Además, señaló que este nuevo informe muestra una «falta de comprensión» sobre lo que es el sistema de justicia venezolano, pues no se incluye la situación de las cárceles. «El sistema de justicia también son las cárceles y si no han podido visitar las carceles, los centros de detención como el Sebin o la Dgcim es algo a lo que se había tenido que haber hecho referencia dentro del informe».
El pasado 4 de julio, el Foro Penal también hizo una serie de observaciones a la Oficina que dirige Michelle Bachelet sobre omisiones dentro su informe. Alfredo Romero destacó que, si bien se han comunicado con los representantes de la Alta Comisionada en el país y se han enviado sus preocupaciones a la Oacnudh, no han obtenido respuesta.
«No ha habido respuesta formal de nuestras observaciones por parte de la Alta Comisionada, y debería haber una respuesta formal, porque esto no está suscrito solo por el Foro Penal sino por 100 presos políticos y sus familiares», dijo Romero, al tiempo que indicó que junto a estas nuevas observaciones, se enviará una carta formal con ambos casos.
El abogado reiteró que desde el Foro Penal se está pidiendo una aclaratoria formal sobre un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos, «si ese mandato no se cumple, las organizaciones y defensores de víctimas estamos en el deber de resaltarlo».
Informes sin continuidad
El abogado y vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, también hizo una serie de observaciones al informe emitido por la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet este 15 de julio, y aseveró que parece que no hubiese «hubiese continuidad en el análisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela».
«Pareciera que los informes de 2018 y 2019 están desvinculados. Pareciera que hubo una especie de borrón y cuenta nueva y que el Estado debe cumplir nuevas recomendaciones sin que haya respuesta sobre las recomendaciones anteriores», afirmó Himiob.
Recordó que en ninguno de los informes de este año se menciona que el Estado venezolano no cumplió con ninguna de las 23 recomendaciones previas, «sin embargo, en este nuevo informe se formulan 21 recomendaciones nuevas sin garantías de ningún tipo para su cumplimiento».
«Tienen muchas carencias y muestran muchos vacíos y dejan a las víctimas por fuera, esto es lo más preocupante», destacó el vicepresidente del Foro Penal, al tiempo que dijo que podrían, en última instancia, acudir al Consejo de DDHH de la ONU para elevar sus preocupaciones.
Entre las carencias que identificó la ONG sobre este nuevo informe, mencionó Himiob, es que no se informa que no ha habido una imputación a funcionarios militares o existe algún proceso judicial sobre la masacre ocurrida el pasado 22 de febrero de 2019 en la población indígena de Kumaracapay, estado Bolívar.
«Esto se exigió en 2019 y no se dice nada de esto. No se mencionan avances de la investigación de la masacre de Canaima, apenas se menciona; no dice nada de la criminalización de líderes indígenas, la instalación de equipos militares en territorios indígenas o la ocupación de militares y civiles venezolanos y extranejeros en territorios indígenas», precisó el abogado.
También señaló que en el informe de 2019 claramente se hacía referencia a la persecución y detención por motivos políticos, que forma parte de los mandatos de la Oacnudh sobre Venezuela. «En el informe de 2020 sorpresivamente desaparece. Lo más que se hace es señalar que se han producido arrestos arbitrarios o ilegales pero no se dice por ninguna parte que estos actos, que se han incrementado hasta ahora, hayan sido por motivos políticos. Es decir, se obvió expresamente este mandato».
