Foro Penal contabilizó 11 nuevos presos políticos para este #6Oct
El balance del Foro Penal sobre presos políticos de octubre coincide con la extensión del mandato de la ONU de la misión independiente, encargada de investigar violaciones como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas
El director y presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, presentó este martes 6 de octubre el más reciente balance sobre los presos políticos que se registra en Venezuela e indicó que iniciando el décimo mes del año 2020 hay en el país 359 detenidos por delitos de conciencia, unos 11 más que se contabilizaron el 29 de septiembre cuando se tenían unos 348.
Los dígitos reseñados en el boletín reflejan que hasta el 6 de octubre hay 335 presos del sexo masculino y 24 del sexo femenino. Al ver la cifra global, pero descompuesta en civiles y militares, se desprende que son 232 civiles y 127 efectivos de la Fuerza Armada Nacional, ya sea en estatus activos o en situación de retiro.
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Aún se mantiene la cifra de dos adolescentes tras las rejas.
Si se hace la comparación con el balance presentado el 29 de septiembre, cuando se contabilizaban 324 hombres y 24 mujeres; 221 civiles y 127 militares, se evidencia que los dígitos correspondientes a las damas y militares detenidos permanecen sin alteraciones, mientras que de los civiles masculinos aumenta de 324 a 335. Es decir, que las cuentas del Foro Penal estiman que 11 hombres fueron arrestados en los últimos siete días.
#6Oct 359 es el número de #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada del @ForoPenal de esta semana remitida a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights /// 359 #politicalprisoners in #Venezuela according to @ForoPenal updated list pic.twitter.com/bKDhZdOwcz
— Alfredo Romero (@alfredoromero) October 6, 2020
El balance ofrecido por Romero y el Foro Penal se da el mismo día en que el Consejo de DDHH de la ONU aprobó una resolución donde se extiende por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, encargada de investigar violaciones como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
La resolución, impulsada por Perú y otros 15 países pertenecientes al Consejo, fue aprobada con 22 votos a favor, tres en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas) y 22 abstenciones. El mandato de esta resolución estipula que la Misión continúe investigando sobre estas violaciones a los derechos humanos, desde 2014, además de la situación del Arco Minero del Orinoco.
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Además ocurre en un contexto de protestas registradas en las regiones del país donde los ciudadanos han salido a manifestar por mejores servicios públicos y por la escasez de gasolina, manifestaciones que han sido reprimidas por parte de los cuerpos de seguridad y donde estos efectivos se han ido hasta las casas de quienes protestan para llevarlos detenidos.
