Foro Penal pide a misión de la ONU en Venezuela que «visualice más» denuncias de DDHH
Los directores del Foro Penal explicaron que se ha evidenciado un aumento de la indefensión de las personas arrestadas por motivos políticos desde marzo
La ONG Foro Penal realizó un balance de la situación de presos políticos en los primeros cuatro meses de 2020 y según el director presidente de ese organismo, Alfredo Romero, de la cifra contabilizada hasta el 4 de mayo de 367 detenidos por delitos de conciencia, hay que restarle las cinco más recientes excarcelaciones, quedando el monto en 362.
«Este numero refleja uno de los mas altos que han existido en la historia, del de casi 400 al que hemos llegado en otras oportunidades. El superar a los 400 presos es un numero alto. Coloca a Venezuela en el país con mayor cantidad de presos políticos de Latinoamérica, es más alto el numero de presos que los que hay en Cuba, Nicaragua, que son lugares que existen una gran cantidad de presos políticos».
Señaló que desde enero a mayo de 2020 se han detenido a 120 personas. Sin embargo, desde el 8 de marzo hasta el 7 de mayo se ha evidenciado un «pico importante» de arrestos durante la cuarentena decretada por el Ejecutivo, sumando 99 aprehensiones. Sin embargo, estas cifras no reflejan las detenciones por violar la cuarentena.
Explicó que pueden definirse unos cuatro tipos de grupos de presos políticos en el país: Uno en el que se suman unas 10 personas por el tema del coronavirus, siendo emblemático el caso del periodista Darvinson Rojas y el personal de salud como la bioanalista Ángela Sayago y Julio Pinedo; Un segundo grupo, de cerca unas 10-11 personas, fueron detenidos por emitir mensajes contra funcionarios públicos o situación del país por redes sociales o grupos de WhatsApp. El tercero está relacionado con los arrestos a personas vinculadas con el entorno del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el cuarto -que es el que más tendrían arrestos- son los detenidos por estar presuntamente envueltos en conspiraciones o rebeliones.
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Resaltó que una de las situaciones durante los días de aislamiento social que implicó el arresto de efectivos castrenses fue el pasado 20 de abril tras los sucesos en Puerta Morocha en Los Teques. Además, manifestó que no solo han sido detenciones, sino desapariciones forzosas. En el caso del destacamiento 441 de la Guardia Nacional en la localidad mirandina, hay 16 personas detenidas, entre ellas cinco mujeres.
Los familiares de estas personas también han sido arrestadas y acotó que de la cifra de militares presos recientemente son dos activos y los demás en situación de retiro.
Manifestó que en la cifra de los presos políticos no se incluyen los detenidos durante las supuestas incursiones en Macuto y Chuao porque no se sabe la tipificación de los delitos cometidos por estas personas.
Otro de los casos emblemáticos se dio con arrestos en Guarenas el pasado 25 de abril, cuando detuvieron a un oficial retirado de 65 años junto a su esposa y a dos vecinas. Ellas entran en un grupo de 16 que están desaparecidas y se presumen que están en la Dgcim, «pero no nos consta».
Refirió que desde enero hasta la fecha, se han visto 26 desapariciones forzosas «sin contar las de esta semana».
Anunció que continúan esperando excarcelaciones y aclaró que conocen de las mismas porque son los familiares los que notifican, luego que los llaman para decirles que ocurrirán. Esta situación la están registrando desde hace aproximadamente un mes.
Hizo mención Romero que para el caso de Venezuela hay dos comisiones de las Naciones Unidas que están observando lo que sucede en el país. Una de ellas está en Panamá, que es la misión de determinación de hecho y con la que hablan constantemente, cuyos datos que recaban se esperan conocer en junio de este año y la otra es la misión que está en el país.
«Vemos con preocupación que están en Venezuela, se comunican con las víctimas y no se pronuncian (…) deberían servir para hacer visible la violación de DDHH que hay en el país (…) Nos consta que están trabajando porque canalizamos muchas diligencias, pero debería haber una reacción más llamativa para visualizar lo que ocurre. Ha habido pasividad», alertó.
Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que se ha evidenciado un aumento de la indefensión de las personas arrestadas por motivos políticos desde el 8 de marzo ala fecha, ya que existen diversas dificultades como la movilización y la escasez de gasolina para poder acudir a prestar defensa en los tribunales, aunado al pretexto del aislamiento y la cuarentena.
«Lo cierto es que los cuerpos de seguridad del Estado ni las instituciones en Venezuela ofrecen las condiciones necesarias para el acceso a la justicia. No están dadas las condiciones», acusó.
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Reportó que en los centros de reclusión niegan la presencia de personas en las instalaciones, «lo que es el inicio de la comisión del delito de desaparición forzosa», al tiempo que señaló que los tribunales están prácticamente cerrados y «no hay manera de enterarse de los casos». Además, dijo que existen bloqueos a los abogados y los familiares, tanto que han tenido que montar guardia en la acera del frente para saber de casos y prestar la atención debida.
Acotó que existen dos adolescentes presos por motivos políticos: Uno que está preso en el centro de reclusión para adolescentes en Cochecito desde diciembre de 2019 y el otro por protestar. Este último está en arresto domiciliario. También acusó un aumento en las detenciones contra mujeres, donde según cifras del Foro Penal tienen unas 23 aprehendidas por estos delitos. «La represión no tiene cuarentena. No discrimina porque abarca a hombres y a mujeres».
Expresó que desde el 8 de marzo al 4 de mayo, se tiene registro de ocho militares presos, dos de los cuales están activos y los demás en situación de retiro, mientras que la cifra global de efectivos castrenses en esta condición asciende a 128, cuenta en su mayoría que se lleva desde 2014. Por otro lado, en los primeros cuatro meses de 2020 se tiene conocimiento de 10 uniformados presos.
