Foro Penal presentó su segundo informe sobre violación de DDHH a comunidades indígenas
La ONG señaló que su Comité de Pueblos Indígenas, recabó los testimonios de los familiares de las víctimas con el fin de realizar la denuncia en las diferentes instancias “nacionales e internacionales”
La ONG Foro Penal dio a conocer este martes su segundo reporte especial sobre la represión política ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de los habitantes de las comunidades indígenas en Venezuela durante este 2019.
En el documento la organización señala que en lo que va de año se han realizados ataques sistemáticos a las comunidades indígenas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
La ONG señaló que su Comité de Pueblos Indígenas, recabó los testimonios de los familiares de las víctimas con el fin de realizar la denuncia en las diferentes instancias “nacionales e internacionales”, como la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
De la misma manera, indican que dicho informe se trata, específicamente, sobre los testimonios de personas que presenciaron el asesinato de 3 indígenas (entre ellos una niña y una mujer embarazada) a manos de presuntos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
El documento señala que entre abril y mayo de 2019 se documentaron casos de graves violaciones a los derechos humanos realizadas por parte de agentes del Gobierno, cuyas víctimas fueron miembros de la etnia indígena “Warao” establecidos en la localidad conocida como “Agua Salada”, comunidad indígena Mariusa, en el estado Delta Amacuro y contra un capitán de la etnia Curripaco de la comunidad indígena Montaña Fría, en el eje carretero Sur del Municipio Atures, estado Amazonas.
Asimismo, hacen mención al más reciente informe emitido el 5 de julio de 2019, por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, donde se reconoce que existen violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales.
“Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años”.
Finalmente, recordaron que el primer informe de la organización sobre violaciones a los derechos humanos de los indígenas venezolanos, se realizó sobre los hechos ocurridos entre el 22 de febrero al 28 de febrero de 2019, con ocasión al ataque sufrido por el pueblo indígena Pemón del estado Bolívar.
“Tranquilos somos waraos”
Harry Pérez, integrante de la comunidad indígena Mariusa, se encontraba el pasado 29 de abril con otro grupo de indígenas en dos pequeñas embarcaciones, en las cuales se dirigían a recoger agua potable a un sector conocido como “La Lagunita”.
De acuerdo con Pérez, las embarcaciones tuvieron que pedir ayuda a un navío triniario que se encontraba cerca para poder trasladar las pimpinas de agua hasta la zona. Hasta que fijaron una embarcación de la Guardia Nacional (GN) que los seguía.
Pérez señaló que les hizo saber a los efectivos militares que ellos eran de la etnia Warao, sin embargo, funcionarios accionaron sus armas de fuego y acabaron con la vida de una mujer (embarazada) y una niña que iban en el bote.
“Yo me paré, levanté mi mano y les dije: tranquilos somos Waraos (…) Era un caño pequeño, el bote iba pasando y ya disparó una ráfaga (…) Cuando los vi atrás estaban muertas, una niña y una mujer embarazada, además de un señor herido”, dijo Pérez.
En este hecho resultaron asesinadas Belkis Mendoza de 22 años, quien estaba embarazada de 6 meses y una niña de 6 años de nombre Samaritana Mendoza, además fue herido de bala Edgar Pérez de 42 años de edad.
Según el indígena, pudo reconocer a uno de los funcionarios que se encontraba en la embarcación militar “la sanitaria”, al que nombró como López, quien justificó los hechos diciendo que ellos habrían abierto fuego únicamente a los fines de impactar el motor de la embarcación.
Mataron al Capitán Curripaco
El domingo 22 de mayo de 2019 funcionarios armados y encapuchados a bordo de un vehículo rústico marca Toyota de color blanco, sin placa de identificación, irrumpieron de manera violenta en el sector Montaña Fría, ubicada a 25 kilómetros de Puerto Ayacucho, estado Amazonas; fue en ese operativo donde falleció el capitán de la comunidad indígena Curripaco Eduardo Garrido.
Garrido había sido nombrado capitán hace 10 años y también fungía como pastor de la comunidad.
Un familiar del líder indígena, quien no quiso revelar su identidad por temor a represalias, señaló que lo efectivos castrenses ingresaron en la zona de manera ilegal, robando pertenencias de las personas en los hogares en los que ingresaron.
Asimismo señaló que Garrido observó cómo estos presuntos funcionarios entraron en dos de las casas del sector y se llevaron los teléfonos celulares que encontraron, entre otras pertenencias, por lo que agregó que cuando llegaron a la casa del líder Curripaco asesinado, otros miembros de la comunidad, entre estos niños y mujeres, quisieron evitar que ocurriera lo mismo y salieron en defensa del mismo.
“Al momento en que el pueblo, la comunidad se acercó hacia ellos, la reacción de montarse en la camioneta para irse, fue cuando soltaron los disparos que acabaron con la vida del dirigente indígena, quien se encontraba muy cerca del vehículo (…) Así mismo arrancó la camioneta y seguían disparando hasta que arrancaron de aquí, de esta comunidad”, dijo el allegado de Garrido.
Eduardo Garrido falleció inmediatamente tras recibir un impacto de bala en el rostro. Dejó viuda a su esposa Cecilia y huérfanas a sus tres niñas de 16, 7 y 2 años.
Estos hechos fueron denunciados por los habitantes de la comunidad ante el Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo y CICPC.
