Foro Penal sobre ley contra el fascismo: Es un golpe a las garantías constitucionales
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, aseveró que las sanciones penales contenidas en el proyecto de ley contra el fascismo son difusas, «extremadamente amplias y sometidos a la más absoluta discrecionalidad para su aplicación»
El Foro Penal Venezolano advirtió este jueves 4 de abril sobre las fallas legales del proyecto de ley contra el fascismo, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional 2020, y aseveró que esto es un «golpe a las garantías constitucionales», la libertad de expresión y de conciencia.
«No está redactada desde una perspectiva técnica legislativa correcta, sino desde la perspectiva de un ideólogo político que está buscando obtener beneficios o cumplir objetivos políticos», aseveró el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, en una rueda de prensa.
Himiob señaló que en la evaluación hecha a este instrumento, según el documento que ha circulado en redes sociales, se evidencia que la formulación de tipos penales responde a «disposiciones sancionatorias que no cumplen con la precisión o certeza del principio de legalidad contenido en la Constitución».
Señaló que las sanciones penales contenidas en el proyecto son difusas, «extremadamente amplias y sometidos a la más absoluta discrecionalidad para su aplicación».
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A su juicio, esto puede dar pie «a irregularidades muy grandes, donde el criterio subjetivo de quién aplica la ley defina si una persona está cometiendo delito o no. Esto puede prestarse a grandísimas tergiversaciones. Cuando se promulgó, a través de un decreto ley, la conocida Ley contra el Odio, se incurrió en esta misma falla técnica legislativa, incluyendo en esa norma tipos penales amplios, difusos».
Himiob reiteró que esto es contrario a cualquier ejercicio de derecho penal garantista de los derechos humanos. También detalló que desde 2018, fecha en que se promulmó la Ley contra el Odio, 79 personas han sido criminalizadas por medio de esta norma.
«Si esto pasó con esta Ley contra el Odio, no hay garantía alguna, tal como está formulada, que en la ley contra el fascismo se sigan utilizando las mismas fórmulas que son francamente desconocedoras del principio de legalidad y esto conlleve a la criminalización arbitraria, contraria a los principios fundamentales, por el simple hecho de pensar diferente», afirmó.
Hizo un llamado a la Asamblea Nacional 2020 a publicar ese texto para que la población conozca que se discute, y que se llamen a expertos penales para que sean asesorados en la formulación y redacción de tipos penales «para evitar incurrir en excesos o errores autoritarios» contrarios a la Constitución.
Respecto a la situación de los presos políticos en el país, el abogado y presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que hasta el 3 de abril se registran 269 detenidos. De ellos, 249 son hombres y 20 mujeres. La mayoría pertenece al sector militar.
También destacó que desde 2014 han registrado casi 16.000 personas detenidas por razones políticas, y más de nueve mil todavía se encuentran con medidas cautelares que restringen su libertad (presentación en tribunales, prohibición de salida del país, prohibición de hablar de su caso).
Recordó que en diciembre, producto de algunas negociaciones, se excarcelaron a 20 presos políticos, pero desde entonces otras 15 personas han sido detenidas. «Se sigue produciendo lo que hemos denominado el efecto de puerta giratoria, que hemos identificado como una estrategia de intimidación para el control político».
El abogado se refirió además a los traslados de presos que se hicieron en semanas pasadas desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, al oeste de Caracas, a un nuevo anexo de la cárcel de El Rodeo I, cerca de Guarenas.
Manifestó que hay preocupación por el acceso restringido para los familiares, al tiempo que dijo que todos los trasladados son hombres. En esta nueva cárcel se encuentran el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, el coronel Alejandro González, involucrado en la conspiración «Brazalete Blanco», o Juan Carlos Marrufo, esposo de María Auxiliadora Delgado, que todavía se encuentra en la sede de la Dgcim.
