Fraude Escuálido, por Teodoro Petkoff
Si lo que cuenta el primer vicepresidente del CNE, Alfredo Avella, es cierto (y no se ve qué razones habría para poner en duda su alegato), el modo como el CNE resolvió la impugnación presentada por William Dávila a los resultados electorales de Mérida, configuraría un gravísimo caso de fraude electoral cometido por la mayoría del CNE. La mayoría del organismo electoral se habría conchupado para realizar un fraude grotesco, descarado y de una suciedad moral y ética raras veces vista en este país -que ha visto de todo. En la página 3 de esta edición presentamos un resumen del «voto salvado» de Avella ante la decisión del organismo de declarar sin lugar la acción de William Dávila. Quien la lea podrá darse cuenta fácilmente de que esa mayoría del CNE, con una desvergüenza que sólo tiene antecedentes en el fraude cometido por Pérez Jiménez en 1952, le torció el pescuezo a la ley y a los hechos, para producir un resultado distinto al que el reconteo de votos había arrojado.
Ahora bien, no porque se trate de una elección local, supuestamente sin incidencia nacional, puede disminuirse la gravedad de este atraco de que, según Avella, se ha hecho víctima al país. Más allá de los candidatos mismos y de la mayor o menor afinidad política que se pueda tener con Dávila, lo que está en juego es muy grande e importante. El problema no es Dávila o Porras; el problema es que el organismo del cual depende la confiabilidad de los procesos electorales está demostrando, de acuerdo con el informe Avella, que carece de la más mínima virtud republicana y que el poder ni siquiera necesita comprarlo; le basta con amedrentarlo.
La mayoría del CNE está emplazada por su vicepresidente. Roberto Ruiz no puede hacerse el loco y escurrir el bulto. Pero la Asamblea Nacional, que tiene ante sí el cometido de designar el nuevo CNE, también debe medir muy bien sus acciones. El país necesita tener la mínima garantía de que la institución electoral no es una cueva de tramposos. La designación del nuevo CNE ya no puede ampararse en el burladero de la transitoriedad. La Constitución establece los mecanismos para la designación de los integrantes el CNE y ellos deben ser respetados.
Pero, no nos adelantemos. Antes hay que resolver este asunto que Alfredo Avella ha colocado sobre el tapete político nacional. Ya no se trata de William Dávila protestando, cosa que podía ser tomada como un resuello por la herida, sino de uno de los integrantes de la directiva del CNE que acusa a sus colegas de haber cometido un fraude. Esta materia debería ser considerada por la Asamblea Nacional, y la mayoría gubernamental haría bien en medir los alcances de una convalidación de esta vagabundería. De igual manera, el Tribunal Supremo tendría algo que decir. Estamos ante una muy peligrosa siembra de vientos. Quienes creen que se la están comiendo con estos abusos y con estos atropellos, harían bien en recordar qué fue lo que pasó en Venezuela en 1958, cuando Pérez Jiménez creyó que podía burlarse del país contando con marionetas de una estirpe semejante a las que, hoy, según se desprendería del informe de Avella, tienen sentados sus reales en el CNE
