Freddy Superlano cumple 200 días preso, sin visitas ni acceso a abogados
Familiares y abogados de Freddy Superlano denuncian que en su caso se ha violado el debido proceso completamente y tanto el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han hecho caso omiso a la exigencia de sus derechos constitucionales y garantías como privado de libertad
Freddy Superlano cumple 200 días en técnicamente «desaparición forzada». En casi siete meses detenido ninguna instancia gubernamental ha dado información sobre su paradero. Su familia y abogados no han podido verlo, desconocen su estado físico y de salud, temen por su vida y su integridad.
«No he podido ver ni constatar el estado físico de mi esposo. No sé si está siendo torturado fisicamente y por eso es que no me dejan verlo. No hay motivo por el que Freddy deba estar detenido, no ha cometido ningún delito», declaró Aurora Silva, esposa del dirigente de Voluntad Popular (VP) a las afueras del Ministerio Público (MP) el pasado jueves, a donde acudió por quinta vez desde que funcionarios sin identificación se llevaron a su esposo.
Superlano, coordinador del partido naranja, fundado por Leopoldo López, fue apresado el 30 de julio, en Caracas, durante una «persecución», en la que le dispararon al vehículo donde se trasladaba y lo chocaron, hasta que lo interceptaron en la avenida principal de Sebucan, municipio Sucre del estado Miranda. En el momento en el que eran perseguidos, el asistente de Superlano, Renso Salinas y su chófer Rafael García, también fueron aprehendidos.
«Freddy tiene 200 días en aislamiento prolongado. Hemos acudido a todas las instancias que podemos llevar nuestra denuncia y exigencia, sin emabargo, no obtenemos ningún tipo de información oficial o respuesta», señala Aurora Silva, esposa de Superlano.
Desde entonces han sido días de angustia, temor y de violaciones a las leyes y garantías fundamentales que el Estado debería garantizar a toda persona aprehendida por la justicia, señala Silva al afirmar que el padre de sus dos hijas es inocente. Por eso, exige que le respeten el derecho a la visita de su familia y al acceso a sus abogados de confianza.
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Hasta ahora sus deseos no han sido escuchados. Las súplicas en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio Público no han tenido éxito. La información que tienen sobre el dirigente opositor la conocen de manera extraoficial y aunque llevan comida e insumos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, no han confirmado oficialmente que se encuentre ahí.
En la misma situación se encuentran Jesús Armas, Biagio Pilieri, Rafael Ramírez, Américo de Grazia, al abogado Perkins Rocha, Alfredo Díaz y el periodista Roland Carreño, “quienes están injustamente detenidos, porque no han cometido ningún delito y no hay ninguna prueba en su contra”.
Proceso irregular
El pasado 5 de septiembre, el fiscal general Tarek William Saab lo vinculó junto a Perkins Rocha y Biagio Pilieri con la divulgación de las actas de votación que publicó la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). En una rueda de prensa, dijo que los tres fueron entrevistados por el Ministerio Público por presuntamente haber incurrido en “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes” y “conspiración”, entre otros delitos.
Esa es la única información que manejan del caso ya que tampoco tienen acceso al expediente. Fue presentado vía telemática y en la audiencia preliminar le negaron la asistencia de su abogado de confianza, que en este caso es Joel García.
«Lo que estamos viendo es un juego sucio, una farsa judicial que no solo viola los derechos humanos de los detenidos, sino que también ataca el corazón mismo de lo que debería ser un proceso democrático,» advirtió García en una rueda de prensa que ofreció para denunciar las irregularidades sobre el caso de Superlano y otros presos políticos que cumplen el mismo patrón: aislamiento prolongado, imposición de defensores públicos, celebración de audiencia telemáticas, entre otras violaciones al debido proceso.
Ante esta situación, han acudido a instancias internacionales como la ONU, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, quienes, según asegura Silva, están al tanto de la situación y han enviado comunicaciones a las instituciones nacionales encargadas de estas garantías pero han sido ignorados.
La esposa de Superlano dice que la administración de Nicolás Maduro, «juega al cansancio y a quebrar el espíritu». No obstante, sostiene que mantiene la esperanza y que en todas las oportunidades que tenga de denunciar y alzar la voz por los presos políticos en Venezuela lo hará, para que se tomen acciones contundente en contra de la violación a los derechos humanos a los que son sometidos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
