Frutos de la politización militar, por Gregorio Salazar
Autor: Gregorio Salazar | @goyosalazar
La primera gran crisis militar durante el período chavista fue lo que, principalmente, condujo a los trágicos sucesos del 11 de abril del 2002. Las causas y pormenores de esa fractura en los altos mandos se hicieron mucho más evidentes cuando entre el 2 y el 24 de mayo de ese año tuvieron que acudir a la Asamblea Nacional 34 de los principales actores de esos días, de los cuales no en balde 25 fueron militares.
A sólo tres años de haber asumido Chávez la presidencia de la República, el proceso de politización de las fuerzas armadas en el que se había embarcado el jefe del llamado “proyecto bolivariano” era profundo. Pero quienes se oponían a ello y fracasaron cuando apenas pudieron defenestrar al presidente por escasas horas pasaron a la historia como golpistas y no como defensores de la institucionalidad. Los vencedores se arrogaron la exclusividad de la defensa de la Constitución, aunque Chávez era un violador contumaz de su artículo 328.
Vale la pena recordar un renglón de esa disposición tan trajinada y vapuleada durante todos estos años para contrastarlo con la realidad del presente: “La Fuerza Armada Nacional (…) en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Fue la crisis militar la que fundamentalmente llevó al golpe del 11 de abril porque a pesar de la confrontación por el control de Pdvsa y las perturbaciones económicas y protestas que generaba el paquete de 49 leyes impuestas por decretos de Chávez, nada incidió tanto como la profunda inconformidad y el cerrado rechazo al uso personalista de Chávez y la intromisión de su grupo de militares desincorporados de las fuerzas armadas desde la asonada del 4-F para que se accionaran finalmente los resortes de la insurgencia, según quedó recogido en los testimonios de la alta oficialidad comprometida en la asonada que compareció por ante la AN.
Desde el año 99, primero del gobierno de Chávez, se había expresado “la inconveniencia del nombramiento de oficiales de menor antigüedad para ocupar cargos en el Alto Mando aéreo (…) y la evidente intromisión del teniente coronel Luis Reyes Reyes, actual gobernador de Lara, y de otros oficiales en su mayoría retirados a raíz de los hechos de intento de golpe de estado en el año 1992, quienes influían en la toma de decisiones para designar oficiales en los diferentes cargos de la FAV, convirtiéndose en un comando paralelo fuera de la institución” (Gral AV, Pedro Antonio Pereira).
Pero además causaba profundo escozor “oir al presidente Chávez en discursos y conferencias que los miembros de las FANB debían plegarse o identificarse con el proceso revolucionario bolivariano”. No menos el que Chávez contraviniera el reglamento militar con el uso del uniforme en actividades políticas y “la falta de prudencia en el usual acercamiento al régimen cubano en contraposición al discurso y acciones de rechazo contra el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial”.
Los militares que habían participado de la asonada rechazaban radicalmente que Chávez se dedicara a “fomentar una lucha de clases sociales en el país, manipulando e inculpando a una de los males de la otra, sembrando rencores y odio que hasta la fecha no habíamos vivido en nuestra reciente historia republicana”.
Claramente, allí no entra por ningún resquicio la inaudita letanía del ministro Vladimir Padrino López “las FANB son profundamente chavistas”.
Ya las FAN estaban siendo utilizadas para labores no cónsonas con su misión, como en el Plan Bolívar 2000, devenido en campo fértil para la corrupción. La Comandancia General de la Aviación había sido despojada de su sede para entregársela al Ministro de la Defensa. Se denunciaba la complicidad de elementos de las FANB con las FARC colombiana. A la Marina se le había recortado el 40% de su presupuesto y para el primer cuatrimestre del 2002 aún no habían recibido los recursos del tercer trimestre del 2001. “El que no esté con el ‘Proyecto’ olvídese que va a tener algún tipo de opción para ascender en la carrera militar” (General Néstor González González). Se cuestionaba que Rodríguez Torres, coordinador de los Círculos Bolivarianos, llegara “al descaro inclusive de realizar esa actividad dentro de los cuarteles”.
De aquellos militares que obligaron a la salida de Hugo Chávez de Miraflores entre el 12 y el 14 de abril, ninguno quedó detenido, gracias a la declaratoria del “vacío de poder” dictaminado por el TSJ, aunque ninguno pudo quedarse ni en las FANB ni en el país. Dicha sentencia fue posteriormente anulada. La purga posterior dio paso franco a la politización de las fuerzas armadas. Aquella transformación incipiente contra la que insurgieron los oficiales del 11-A, es hoy un hecho consumado. Las FANB ha permanecido postrada a los dictados del proyecto socialista de Chávez que prosigue Maduro.
A lo largo de los años han sido debeladas conspiraciones menores hasta la más reciente del 2 de marzo que condujo a la detención por primera vez, según lo que ha trascendido, de militares “profundamente chavistas” con gran ascendencia en sus fuerzas, a quienes no habría alentado un propósito institucional sino el rescate de “la dignidad de la revolución”, lo cual pasa por el desalojo de Nicolás Maduro del poder.
Son cerca de 80 los militares activos o en retiro los que permanecen detenidos por “rebelión y traición a la patria”, incluyendo los de la última conjura, considerada la fractura más importante después de la del 2002. El Sebin y el DGCIM no descansan en su labor de persecución y búsqueda de otros implicados. Maduro busca extirpar de raíz el movimiento disidente, uno más de los amargos frutos, aunque de diferente cepa, de la politización militar.
