«Fue cínico»: familias de presos políticos critican respuesta de ministerio penitenciario
Un director del Ministerio de Servicio Penitenciario les dijo a los familiares de los presos políticos que «cobraban por esta clase de actividades» y que «muchos de los detenidos en este momento son producto del olvido de los políticos»
Familiares de presos políticos protestaron frente a la sede del Ministerio de Servicio Penitenciario para exigir condiciones dignas de reclusión a todos los detenidos. La respuesta que recibieron, aseguró Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, fue «cínica».
«La respuesta fue muy tajante y algo cínica. Más allá de una respuesta a lo que estábamos exigiendo y exponiendo en ese momento, lo que recibimos fue un discurso político (…) Según ellos se respetan los derechos humanos y que el Estado venezolano es garante del cumplimiento de todos los derechos fundamentales de los detenidos, cosa que no podemos apoyar», reclamó Silva tras la reunión con Anyelo Mendoza Labrador, director general de Atención a la Familia del Ministerio de Servicio Penitenciario.
Según refirió la esposa del dirigente de Voluntad Popular, también les dijeron que «cobraban por esta clase de actividades» y que «muchos de los detenidos en este momento son producto del olvido de los políticos». Los familiares presentes murmuraron que se sintieron insultados.
El funcionario además les manifestó que no podía responder por la situación en las cárceles de El Rodeo I y Sebin Helicoide, calificadas como de «máxima seguridad», pero sí estaba al tanto de la situación en la cárcel de Tocorón (estado Aragua) y los recluidos en comandos policiales.
«No obtuvimos ningún tipo de respuesta, solo que al parecer el 1 de marzo van a empezar a trasladar detenidos de todos esos centros (comandos policiales) y sí le compete a ellos trabajar e iniciar una especie de investigación. También que debemos agradecerle que han sido liberados, según ellos, más de dos mil presos», dijo Aurora Silva.
Esta es la segunda protesta de familiares de presos políticos frente al Ministerio de Servicio Penitenciario. El 18 de octubre de 2024 denunciaron que las cárceles venezolanas son «centros de tortura» y entregaron un documento donde exigían mejorar las condiciones de reclusión, así como la instalación de una comisión entre el ministro Julio García Zerpa y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Ese escrito no fue respondido.
Los reclamos en esta protesta, en el marco de la llamada «Ruta por la Libertad», son similares: mejorar las condiciones de reclusión, lo que implica una alimentación adecuada, acceso a agua potable suficiente y atención médica, eliminación de castigos denigrantes, la restitución de visitas para aquellos detenidos en «aislamiento prolongado» y el cese de traslados arbitrarios.
Aurora Silva recordó que desde hace 212 días no ha podido tener contacto con su esposo Freddy Superlano, dirigente nacional de Voluntad Popular acusado de supuesto terrorismo y conspiración. Esta situación se repite con Biagio Pilieri, Roland Carreño, el excandidato presidencial Enrique Márquez, el abogado Perkins Rocha, Carlos Azuaje, Alfredo Díaz, Luis Palozc, Rafael Ramírez Colina o Pedro Guanipa.
«Hemos acudido a todas las instancias internacionales e instituciones del Estado y hasta el momento no obtenemos ningún tipo de respuesta», señaló.
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María Livia Vasile, esposa de Biagio Pilieri, señaló que desde su detención hace 183 días no ha podido verlo. En el Sebin Helicoide solo se dejan ingresar paquetería, agua y algunas medicinas para sus problemas gastrointestinales, problemas de tensión o los episodios de lumbago que sufrió en dos oportunidades el año pasado.
«Nosotros seguiremos luchando porque su libertad sea lo más inmediato posible. Nos queda pedirle a Dios, pedirle a estos entes que los tienen, que apliquen la justicia y salgan en libertad», afirmó Vasile.
Desde el mes de noviembre, tras la audiencia preliminar, Pilieri espera el inicio de juicio por los presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, conspiración y asociación.
«Hemos insistido en defensa privada, pero no hay manera (…) Tenemos derecho, estamos hablando de más de seis meses que no podemos verlo. A nosotros nos angustia, pero a él también porque no sabe si estamos bien, cómo sigue el tratamiento de cáncer de mi mamá», dijo Vasile.
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