Fueron detenidos dos PNB por ejecución extrajudicial en Ocumare del Tuy
Tarek William Saab informó que solicitaron órdenes de captura contra otros cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por su presunta participación en la muerte de un joven de 21 años
El fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó el jueves 30 de septiembre que fueron arrestados Willians Ortega y Cesar Freitas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) destacados en el estado Miranda, tras ser señalados como responsables de la ejecución extrajudicial del joven Dimilson Guzman Santaella durante un operativo en los Valles del Tuy.
A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que a los referidos funcionarios de la PNB se les imputarán los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma y agavillamiento, enfatizando que el Ministerio Público bajo su gestión va a «perseguir y sancionar de manera ejemplar» cualquier acción que viole los DDHH en Venezuela. Dijo que por el hecho están buscando a otras ocho personas.
2) El Ministerio Público bajo nuestra gestión #PERSEGUIRÁ Y #SANCIONARÁ DE MANERA EJEMPLAR toda acción violatoria a los Derechos Humanos: por la ejecución ya descrita en Miranda estamos tras la búsqueda de 8 ejecutores más #JUSTICIA
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 1, 2021
En la misma red social, Tarek William Saab informó que la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión para los otros funcionarios de la PNB Jean Carlos Chacón, Joswal Ibarra, Robert Maldonado y José Díaz, señalados de presuntamente haber participado en la ejecución extrajudicial de Dimilson Guzmán Santaella.
Un video circuló por las redes sociales donde se ve a un joven que está en el dintel de una puerta mientras es sostenido por funcionarios de seguridad a la fuerza, mientras otro se acerca a él. Pronto se escucha un disparo y se observa cómo el cuerpo del hombre, presuntamente Guzmán Santaella, cae al suelo.
Circula este video en el que se evidencia una ejecución extrajudicial. Habría ocurrido en Ocumare del Tuy, estado Miranda. pic.twitter.com/vBQBto3z5t
— Robert Lobo (@RobertLobo_) September 30, 2021
Refiere el portal El Pitazo que Dimilson Rafael Guzmán Santaella tenía 21 años de edad cuando murió en manos de los efectivos policiales durante un operativo realizado en horas de la mañana del 30 de septiembre en el sector La Trilla de Ocumare del Tuy, en el que participaron funcionarios policiales, cuyo destacamento está en la estación de El Alto de Soapire de Santa Lucía.
La minuta oficial del cuerpo de seguridad señala que Guzmán integraba una banda delictiva y que se había enfrentado a las comisiones con una escopeta calibre 12 milímetros; no obstante, una persona de manera oculta grabó el hecho y el material audiovisual se hizo viral.
Más temprano, Tarek William Saab afirmaba que en Venezuela «no hace falta la actuación de una instancia territorial o extraterritorial como la Corte Penal Internacional (CPI) y otro organismo dependiente de organismos multilaterales para que se desarrollen acciones de DDHH o de carácter legal» porque en nuestro país «funciona el sistema de justicia», mientras anunciaba que estaba apelando la sentencia en la que se dejó libre al acusado de asesinar en 2017 al joven David José Vallenilla.
La ONG Provea y el Centro Gumilla presentaron la página web Lupa por la Vida, en la que reflejan los resultados de su monitoreo de violencia policial y militar, investigación que arroja un registro de 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio de 2021.
Resaltan que esta cifra deja en evidencia el alto nivel de letalidad policial en el país, pues los cuerpos de seguridad del Estado no practican el uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo. En su lugar, «persiste la práctica del disparen a matar», destacan Provea y Centro Gumilla.
Las acciones que adelanta Saab se hacen mientras se espera un pronunciamiento por parte de la CPI respecto al caso «Venezuela 1», un expediente que fue abierto por Colombia y otros países en el que denuncian la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
