FundaRedes denuncia entrenamiento militar de menores en municipio del Táchira
FundaRedes también denunció los hechos ocurridos en una feria de comida el pasado 22 de diciembre donde la FAES agredió a ciudadanos
La ONG FundaRedes, junto a habitantes del municipio Córdoba del estado Táchira -cercano a la frontera-, denunció el 25 de enero ante la sede del Ministerio Público de la entidad la actuación de grupos armados en la zona que llevan a cabo ocupaciones en las fincas de la localidad donde, además de intimidar a la población y amenazar con hacer más invasiones, hacen entrenamiento de guerra, reclutamiento de menores y otras actividades ilícitas.
Marco Aurelio Becerra, quien fue acompañado y asesorado por FundaRedes, es uno de los que hacen vida en el municipio Córdoba y acudió a la Fiscalía por ser uno de los afectados por estas acciones. Tras recibir varias amenazas por parte de quienes hacen acciones irregulares, manifestó temer por su integridad y la de su familia.
Becerra explicó que la situación ocurre en las adyacencias de la propiedad de nombre Palmarito, ubicada en el sector Santa Isabel de la aldea La Blanquita, donde al parecer desde hace más de cuatro años los grupos irregulares han estado realizando ocupaciones ilegales en la zona y comenzaron a ejercer su dominio sobre ella.
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Recordó que enfrentó la situación de haber sido desalojado y despojado de la Finca Palermo, de la cual es co-propietario y que fue entregada al ciudadano Juan Carlos Becerra, a quien se le dio un título de adjudicación por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) con un presunto documento fraudulento, lo que a su juicio violenta todas las leyes. En ese sentido, indicó que también efectuó la denuncia correspondiente por ese caso hace unos meses, refiere una nota de prensa.
Describió el afectado que existe un comandante conocido por los habitantes del municipio Córdoba como “Carlos el guerrillo” quien ejerce el poder en la comunidad y dijo que los sujetos armados, junto a los que integran el consejo comunal de la zona, deciden sobre la vida cotidiana en el sector, mientras que los funcionarios de cuerpos de seguridad destacados en el lugar son indolentes ante lo que sucede. Acotó que ya van al menos tres fincas usadas para dormir y desde donde coordinan las operaciones.
Además de registrarse «extraños asesinatos», reporta Marco Aurelio Becerra que los irregulares ya se pasean tranquilamente por la localidad en motocicletas, portan ropa particular, botas negras, tapabocas negros que les cubren casi la totalidad del rostro y se identifican por portar un pañuelo rojo en el cuello además de exhibir armas largas tipo fusil.
Por su parte, el director general de FundaRedes, Javier Tarazona, aseveró que el testimonio de Becerra es evidencia de la arbitrariedad que se registra en el país y que es un patrón que se repite en Táchira y varios estados de Venezuela.
Destacó Tarazona que en las últimas horas también se ha conocido de comportamientos arbitrarios de sujetos armados que son funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) pero que se dedican a agredir a los ciudadanos, y en este caso se cuenta con testimonios de víctimas que han narrado la situación que se presentó en una feria de comida en la avenida Los Agustinos en San Cristóbal el 23 de enero.
Al respecto, exhortó a las autoridades para que puedan cumplir con las funciones de proteger la integridad física de los ciudadanos, en especial la de Marco Aurelio Becerra y su familia, como la de los demás afectados.
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Reiteró el llamado hecho por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de disolver las FAES.
La noche del viernes 22 de enero, el ciudadano Nicola Digioia fue interceptado por los funcionarios policiales pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuando salía del local comercial que le pertenece y ubicada en la feria de comida Suramerican Food Trucks. Lo obligaron a entregar el teléfono porque supuestamente había grabado imágenes de los policías golpeando a un ciudadano en la calle.
“Entre los funcionarios se encontraba Tamani Bernal, el hijo de Freddy Bernal quien de manera insistente me pidió el teléfono, al negarme me asestó un puño en la frente, otro me tomó por la espalda, me ahorcaba con el brazo y de ahí me desplome, me caí al piso y sangré por todas partes”, narró el comerciante.
Cuatro personas resultaron muertas en un solo enfrentamiento en el que participaron integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana durante el mes de diciembre de 2020, confirmando la tendencia a la baja en la responsabilidad de dejar sin vida a ciudadanos por parte de este cuerpo policial.
En noviembre fueron cinco las personas que perdieron la vida a manos de las FAES, por lo que diciembre se convierte en el mes en que menos muertes fueron producto de las acciones de este cuerpo policial en supuestos enfrentamientos.
Esta reducción en el número de muertos provocados por las FAES pareciera que viene preparando el camino para su disolución, aunque Marino Alvarado Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, denunció el lunes 28 de diciembre el inicio de una «operación maquillaje» dentro de las FAES, “para evadir la recomendación de Michelle Bachelet y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU de disolver las FAES”, instancias que pidieron su disolución.
