FundaRedes denuncia que mafias internacionales de trata de personas están en Venezuela
Para FundaRedes, lo ocurrido en Falcón y Sucre dejan en evidencia la «fragilidad» del Estado venezolano en relación a la protección de la ciudadanía
La ONG FundaRedes denunció en su más reciente boletín de la existencia de una mafia internacional de trata de personas, que es controlada por grupos armados irregulares, en la que estarían participando funcionarios venezolanos de los cuerpos de seguridad y en los puertos del país.
Según el informe «Venezolanos que emigran por mar desaparecen a manos de redes de tráfico de personas», la conclusión de la investigación está apoyada por las denuncias de los familiares de los familiares de estas personas, quienes acusan a los funcionarios gubernamentales de impedir estas actividades ilícitas a pesar de estar en conocimiento de las irregularidades que hay alrededor de estos viajes, que muchos se hacen desde Sucre hasta Trinidad y Tobago.
Recordó que en 2019 se registró el naufragio de dos embarcaciones que zarparon desde la población de Güiria y dejó al descubierto este tipo de situaciones. Una se hundió el 23 de abril, donde solo sobrevivieron dos personas de las 30 que estaban a bordo y la otra, llamada Ana María, zozobró con 29 pasajeros a bordo, de los cuales solo uno quedó vivo.
Por ello, sus familiares denuncian complicidad de funcionarios policiales, negligencia en las labores de búsqueda y salvamento, así como en las indagaciones posteriores al caso.
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“Testimonios de sobrevivientes indican que el naufragio no fue accidental, sino provocado por la tripulación que opera en complicidad con bandas armadas dedicadas a vender a los viajeros a redes de trata de personas”, señala el informe.
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Robert Alcalá denunció que las autoridades venezolanas no activaron a tiempo el protocolo de búsqueda y rescate y que tampoco se cuenta con los equipos necesarios para enfrentar este tipo de tragedias.
Según se pudo conocer, las pesquisas oficiales llevaron al arresto de al menos nueve personas, entre ellas funcionarios de la Guardia Nacional a quienes investigaron por el delito de trata de personas, pues tanto los sobrevivientes como los familiares de las víctimas afirmaron que muchos de quienes viajaban en estos botes lo hicieron bajo engaño y finalmente descubrieron que serían obligados a prostituirse.
En el caso de Falcón, donde un grupo de personas que buscaba una mejor calidad de vida al intentar llegar a Curazao, familiares reportan que no volvieron a tener noticias sobre ellos, refiere una nota de prensa.
Johnny Rafael Romero Sarmiento, padre de Johnny de Jesús Romero Palacios, de 27 años de edad asegura, “en la zona operan distintos grupos que conviven, a mucha gente se lo he dicho, este es un grupito que capta personas para montarlas en la lancha, pero en la lancha también se embarcan no solo pasajeros migrantes que están intentando buscar un futuro, también se montan personas que tienen extraños procederes, llevan droga, llevan pistolas, y es la forma de moverse los delincuentes de la zona entre Curazao y Aruba; entonces hay unas bandas allí que operan y creemos que el secuestro lo hizo precisamente una de esas bandas”.
Según Romero Sarmiento, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) también estarían vinculados en la desaparición de la lancha donde viajaba su hijo.
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Un informe de la Organización Internacional de Migraciones (OMI) , que contabiliza más de 80 desapariciones de venezolanos en el Caribe y cita testimonios de sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, afirma que los traficantes de personas venden a los migrantes viajes en barcos sobrecargados e inadecuados para el transporte de pasajeros en mar abierto. Al cierre de 2019 – según las investigaciones realizadas por activistas de FundaRedes- el número de desaparecidos ascendía a 152.
“Existen grupos criminales actuando en altamar que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes y exigir rescates o para venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para ello con la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago vinculadas al comercio sexual y a otras formas de esclavitud moderna”, revela el estudio.
Para FundaRedes, lo ocurrido en Falcón y Sucre dejan en evidencia la «fragilidad» del Estado venezolano en relación a la protección de la ciudadanía y en la investigación de estos hechos, ante eventuales violaciones de los DDHH.
“El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y evitar que ocurran desapariciones forzadas, además de luchar contra la impunidad para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y a que se conozca la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como también debe respetar el derecho de los familiares a buscar, recibir y difundir información relacionada con cada caso”, asegura FundaRedes.
