Gabinet[e] en riesgo, por Naky Soto
Twitter: @Naky
El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la creación de un “centro de Gobierno” que coordinará a todos los representantes que ha designado y que estará a cargo del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López (refugiado en la Embajada de España en Caracas) como una suerte de Secretaría de la Presidencia o de Jefatura del Consejo de Ministros. Informó además la designación de comisionados presidenciales: Julio Borges, para las relaciones exteriores (Canciller); Humberto Prado para derechos humanos y atención a las víctimas; Alejandro Plaz para el Desarrollo Económico y Javier Troconis para la gestión y recuperación de activos. Estas comisiones se suman a la de seguimiento para la ayuda humanitaria, Plan País y atención a la crisis, esta última coordinada por Sergio Vergara y el analista JJ Rendón. Guaidó explicó que las designaciones responden a una necesidad política y permitirán atender la emergencia humanitaria compleja, además de ejercer presión y prepararse para la transición. Enfatizó que los designados corren “riesgo de cárcel y persecución”.
Algo certero
Sobre las negociaciones bajo el auspicio y mediación de Noruega, Guaidó dijo que hasta el momento no existe fecha para reanudar el mecanismo: «El régimen le pone costo a la transición, pero es inevitable. Hacen más doloroso el sufrimiento de los venezolanos (…) La mediación del reino de Noruega, del Grupo Internacional de Contacto son herramientas. Entiendo las frustraciones por las experiencias pasadas, pero crearon su costo». Agregó que no regresará al mecanismo “hasta que logremos que sea algo certero para aproximar a una solución. Si es para vernos las caras, eso no le sirve al pueblo de Venezuela”, afirmó. Más tarde, Guaidó participó en la presentación del Plan País sobre Obras e Infraestructura y desde allí reiteró que “Venezuela vive una dictadura, vive una emergencia humanitaria compleja, que no solo la vivimos los venezolanos sino que amenaza a la región”.
Una amnistía para Nicolás
The New York Times publicó un trabajo en el que cita declaraciones de Elliott Abrams, el enviado para Venezuela de la Casa Blanca, quien advirtió que las conversaciones de alto nivel sobre las que Trump y Nicolás hablaron, no han sucedido. “No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder”, afirmó Abrams como si le hablara a Nicolás, aunque advierte que, por el momento, no cree valioso hablar directamente con el gobierno chavista. En su versión, el mensaje que han reiterado los intermediarios de Nicolás, es que él “seguirá resistiéndose a la campaña de presión internacional”. El mecanismo de diálogo con Noruega lo evalúa como el mejor recurso que tiene Nicolás para evitar las sanciones europeas, pero espera que pronto se entienda “que es un caso perdido”. Abrams dijo que la Casa Blanca no daría su respaldo a que haya nuevas elecciones si en la boleta aparecen Nicolás o Guaidó. Un analista de riesgos políticos afirmó que para que sea exitosa, cualquier oferta de amnistía a Nicolás tiene que extenderse a los funcionarios y militares de alto rango.
Quién manda aquí
“El imperio norteamericano ha perdido capacidad para imponer su política en el mundo”, respondió Nicolás esta noche y agregó: “Hoy salió Elliott Abrams a dictarle normas a Venezuela (…) y a determinar quién viene a participar en unas supuestas elecciones presidenciales que están en la cabeza del imperio norteamericano”. Nada relevante.
De resto, su show de variedades incluyó el “relanzamiento” del Parque Tecnológico Chávez (Anaco, estado Anzoátegui); mostrar el taller de ensamblaje de bombas de aguas, y el anuncio del bono Pueblo Libre, 50.000 bolívares que se depositan a través del carnet de la patria. Menos de 2,5 dólares. Le alcanzó el bigote para hacer un llamado a los empresarios “para potenciar el desarrollo de la fuerza productiva en el marco del plan de recuperación económica”.
¿En serio?
Pero la verdad es que el plan de recuperación económica de Nicolás cumplió un año sin resultados, con la hiperinflación en curso, haciendo más pobres a todos y con una recesión mayor. El FMI estima que el PIB caerá 35 % este año y que la contracción acumulada desde 2013 superaría el 60 %. El deterioro del sector petrolero ya supera 14 trimestres consecutivos con signo negativo: Pdvsa produce apenas 732.000 barriles por día, según reveló su reporte de julio a la Opep; el de fuentes secundarias reporta bastante menos. El sector industrial suma más de cinco años de depresión, al igual que el sector construcción, las entidades financieras y el comercio. Conindustria denunció hace poco que 80 % de las industrias del país bajaron su producción en el segundo trimestre de 2019. El fondo del problema sigue siendo el gobierno de Nicolás, ese que recibió $ 700 millones (la mayoría en yuanes) por ventas de petróleo, un pago que se retrasó por meses mientras las partes buscaban cómo mover el dinero bajo las sanciones.
El no país
– Reuters reporta que barras de oro estampadas fraudulentamente (con los logotipos de las principales refinerías) están llegando al mercado para lavar oro de contrabando o ilegal. Al piratear marcas importantes, el metal que se ha extraído o procesado en lugares que de otro modo no serían legales o aceptables, incluyendo a Venezuela y Corea del Norte, se puede inyectar en el mercado, canalizando fondos a delincuentes o regímenes sancionados.
– Representantes estudiantiles de varias universidades públicas ofrecieron una rueda de prensa para expresar el rechazo a la sentencia del TSJ, esa que calificaron como una “pretensión de los usurpadores en acabar con la autonomía universitaria y el libre pensamiento”.
– La Asamblea de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) votó en su mayoría por desconocer la sentencia del TSJ.
– Por segundo día consecutivo varias líneas de transporte de Caracas suspendieron sus servicios. No están de acuerdo con la exigencia del gobierno de Nicolás de limitar el cobro del pasaje a Bs. 800, demandan Bs. 1.500.
Movimientos en el tablero
– EEUU anunció la apertura de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU, por sus siglas en inglés), que funcionará en la sede diplomática de Bogotá. La VAU continuará el trabajo con el gobierno Interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
– El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, con quien dijo que coordina una reunión para el 6 de septiembre con el fin de analizar la situación generada por los incendios con los líderes de los países amazónicos, «excepto el de Venezuela».
– Diosdado Cabello se reunió con los embajadores de China, Li Baorong, y de Corea del Norte, Ri Sung Gil, para “seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales».
– La canciller de Canadá, Chrystia Freeland viajó a La Habana para reunirse con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, para tratar la crisis en Venezuela. Rodríguez aseguró que dijo que las sanciones de Washington contra Venezuela son contrarias al Derecho Internacional y al proceso de diálogo. Freeland dijo que hablaron del proceso de Noruega, de “sus diferentes perspectivas sobre la crisis”, y acordaron mantener contacto.
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Con el apoyo de 21 países, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condena las violaciones de DDHH, exige la realización de una investigación que permita llevar a la justicia los autores; reafirma la importancia de implementar las recomendaciones de la alta comisionada Michelle Bachelet, y exige el acceso inmediato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela.
