Ganar con el hambre en Venezuela
Una empresa fantasma de Sabadell logra beneficios millonarios al vender de forma opaca al gobierno de Maduro alimentos básicos destinados a la población más desfavorecida
Autor: Oriol Güel | El País
Una empresa fantasma con sede en Sabadell (Barcelona), controlada por un exfuncionario venezolano, ha obtenido millonarios beneficios con la compraventa de alimentos básicos —arroz, aceite vegetal, azúcar, legumbres, leche en polvo…— destinados a la población desfavorecida de ese país. MIR Importació i Exportació SL ha conseguido contratos para vender al Gobierno de Nicolás Maduro hasta dos millones de paquetes de comida procedentes de México y Colombia por un total de 69,8 millones de dólares (56,8 millones de euros) mediante contratos opacos adjudicados a dedo. Venezuela paga por cada paquete a 34,87 dólares, según los documentos consultados, y la empresa logra un margen por unidad de entre el 25% y el 50%, según las distintas fuentes consultadas.
El destino de los alimentos son las conocidas como “cajas CLAP”. Estas cuatro letras son el acrónimo de Comité Local de Abastecimiento y Producción, una controvertida política de reparto de comida a precio subsidiado iniciada por el régimen bolivariano en 2016 para mitigar los graves problemas de abastecimiento e inflación que sufre la población. Tras casi dos años en marcha, sin embargo, los CLAP reciben duras críticas por su mala distribución —no llegan a muchas zonas o lo hacen muy de vez en cuando— y por la mala calidad de algunos productos. Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Venezuela, encargado por el medio digital de periodismo de investigación Armando.info, ha revelado que la leche en polvo es en realidad un sucedáneo que incumple los requisitos nutricionales fijados por la propia la normativa venezolana. Los CLAP, además, han sido acusados de fomentar el clientelismo —dependen de comités controlados por personas afines al régimen— y han acabado por convertirse en un colosal negocio de unos 3.000 millones de dólares para lucro de empresas como la de Sabadell y otras con sede en paraísos fiscales.
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