GarroTVil, por Teodoro Petkoff
¿Cómo discutir en las actuales circunstancias una ley que establezca el marco y el piso para el desenvolvimiento de los medios radioeléctricos? Lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional con la llamada Ley de Contenidos revela que este no es, ciertamente, el momento adecuado para adelantar ese debate. Hacerlo en medio de este clima nacional de polarización y radicalización, impepinablemente falsea los términos de la discusión y hace de esta un episodio más de la feroz controversia política que vive el país.
Aprobar una ley de la delicada naturaleza de esta, amparándose en una estrecha mayoría de votos, sin los necesarios grados de consenso social y político que exige un tema que atañe a tan importante derecho humano, como es el de la libertad de expresión, no puede sino producir un adefesio, suficientemente vago y discrecional para utilizarlo como instrumento de coerción sobre los medios, para la limitación política del ejercicio de esa libertad de expresión.
El gobierno no quiere una ley sino un garrote. La menor de sus preocupaciones es la de que se legisle para dotar a la sociedad de una normativa que le permita protegerse de los negativos efectos de determinados programas de televisión. Por otra parte, el chavismo ni siquiera se pasea por la obvia necesidad de establecer normas para la radiotelevisión estatal, no sólo para que esta sea de alta calidad sino para que no pueda ser confiscada por los intereses políticos del gobierno de turno. Ese no es su problema, aunque si lo sea para la nación. Su preocupación, dictada por la coyuntura, es la de arrinconar a la radiotelevisión privada.
No es que esta esté libre de toda mácula. Todo lo contrario. Tal vez uno de sus más insoportables rasgos es ese que lleva a sus propietarios a confundir sus muy legítimos pero, en fin de cuentas, particulares intereses comerciales nada menos que con la libertad y con la democracia. Además, en la presente coyuntura, la televisión privada difícilmente aprobaría un examen de ética. Pero, precisamente porque el debate atiende al ejercicio de la libertad de expresión, tendría que ser adelantado en un clima, justamente, de libertad de expresión. Esta no debería ser confiscada por los intereses políticos en juego. No debería ser manipulada ni por la televisión privada, ni por un gobierno cuya intolerancia y brutal infantilismo en la relación con los medios es responsable determinante del peligroso clima confrontacional existente en el país, dentro del cual pretende, ahora, ganar la “batalla” mediática mediatizando la propia libertad de expresión.
Si ya es inaceptable una televisión privada cuyo sentido de responsabilidad social está sesgado por sus intereses económicos y políticos, mucho menos aceptable es la pretensión del gobierno de coartar el ejercicio de la libertad de expresión en nombre de intereses estricta y mezquinamente políticos, que, además, para colmo, hoy son claramente minoritarios en el país. Esa ley no puede pasar.
