Gobernaciones sin recursos y la AN trata de «echar una mano»
Autor: Luisa Quintero
Los problemas de presupuesto en alcaldías y gobernaciones del país no son algo nuevo, pero desde 2015 las denuncias de los mismos trabajadores aumentaron, debido a la incapacidad de las administraciones regionales de asumir ciertos pagos. Ejemplo de ello son los constantes aumentos de salario y bono de alimentación decretados por la Presidencia, lo que descoloca el presupuesto asignado por medio del situado constitucional para las regiones.
En 2009, la Asamblea Nacional, presidida por Cilia Flores, aprobó una ley derogatoria parcial de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en la que se decretó que hasta tanto se dicten los instrumentos normativos que regulen las materias, quedaron vigentes solo 24 artículos de 433, referentes al uso y disposición que realiza el Poder Ejecutivo de los bienes y cómo los distribuye entre los estados, y en forma parcial el artículo 106, sólo en cuanto a la custodia de los bienes que constituyen la Hacienda Pública Nacional.
La Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, fue publicada en 1961, y reformada parcialmente en junio de 1974.
Los artículos que quedaron vigentes tratan sobre la denominación de bienes nacionales, su utilización, exención de impuestos, forma de adquisición, o la creación de un Cuerpo que se denominará «Resguardo Nacional», el cual será organizado, dotado y distribuido por el Poder Ejecutivo.
Muchas suspicacias causó la derogación de artículos, como el 27: «Ni el Presidente de la República, ni los Ministros del Despacho, ni el Procurador de la Nación, ni el Fiscal General de la Nación, ni los Senadores, ni los Diputados al Congreso, ni los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Contralor, ni el Subcontralor, podrán, por sí mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar bien alguno a la Nación, ni celebrar con ella contrato de ninguna especie. Esta prohibición no menoscaba la restricción impuesta respecto a otros funcionarios en leyes especiales».
Con este paso tomado por la AN, todos los recursos asignados por las gobernaciones deben pasar por filtros antes de que se aprueben los recursos.
A pesar de un incremento progresivo en los situados constitucionales, la inflación, deudas de las gobernaciones y los retrasos en los pagos han llevado a una gobernación a declararse en emergencia económica, mientras que una alcaldía planea interponer un recurso ante el TSJ para conseguir que se respeten los derechos de sus habitantes.
Luego de haberse derogado la Ley de Hacienda Nacional, el presidente Hugo Chávez eliminó el cobro en los peajes por considerarlos un «atraco» que solo beneficiaba al capitalismo, lo que dejó al menos a 10 estados sin recursos excedentes para planes de vialidad o inversiones sociales.
La medida fue revertida por Nicolás Maduro en 2014, al asegurar que la acción era necesaria para hacer más efectiva la «inversión concreta».
Los puertos y aeropuertos también fueron asumidos por el Gobierno central, lo que quitó a varios estados otra tajada de los ingresos percibidos por medio de impuestos.
DE LEYES HABILITANTES
El expresidente Hugo Chávez no solo se quedó con la decisión de quitar competencias a las gobernaciones y municipios.
También fue el precursor por medio de una ley habilitante de la creación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, que traía consigo al Fondo de Compensación Interterritorial.
Con esto se derogó la función del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) por medio de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).
El Consejo Federal de Gobierno está encargado de coordinar y planificar las políticas y acciones para el desarrollo de descentralización y transferencias de competencias del Poder Nacional.
Para ello, se realizan reuniones con presidencia, ministros, gobernadores y alcaldes, además de los voceros del poder popular. No siempre las gobernaciones o alcaldías reciben resursos por medio de este mecanismo, lo que las obliga a recurrir a los créditos adicionales, que dependen de los excedentes tributarios y la rapidez con la cual el Parlamento venezolano procesa y aprueba las peticiones particulares.
Del Consejo Federal se deriva el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas. Muchas de estas inversiones son proyectos particulares como la ampliación de una vía, la remodelación de una escuela o la construcción de una cancha, dependiendo de las solicitudes de las gobernaciones que deben competir con las comunas y consejos comunales.
Tanto el Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial dependen de los recursos asignados por el Poder Ejecutivo para las regiones, el dinero que obtengan por su propia gestión o administración. Este último apartado no es del todo cierto, pues la administración de riquezas o ciertos pagos de impuestos a actividades extraordinarias, como la minería o el sector hidrocarburos también es manejado e ingresado en las arcas del Ejecutivo.
Para el Ejercicio Fiscal de 2016 los recursos para regiones por medio del situado constitucional ascienden a 284.825 millones de bolívares, de los cuales 227.000 millones son para los estados y 56.965 millones para municipios. El vicepresidente del Área Económica, Rodolfo Marco Torres, indicó que esto representa un aumento de 130% de asignación a las regiones pero se le olvidó comentar que con una inflación proyectada de al menos tres dígitos, el dinero se transforma «en sal y agua».
GOBERNACIONES EN RIESGO
Para la gobernación de Miranda, los problemas de déficit presupuestario comienzan desde 2009 cuando se empezó a percibir los efectos de la inflación.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, explicó en 2011 que para el año 2009, el presupuesto de ese estado debió ser de 2.369 millones de bolívares y el asignado fue de 1.662 millones de bolívares.
Para 2015 la situación tampoco cambió. La gobernación recibió por medio del situado 8 mil 696 millones, además de 706 millones de bolívares por medio del Fondo de Compensación Interterritorial.
En 2016, el situado constitucional mirandino se ubicó en 19 mil 270 millones de bolívares El gobernador ha anunciado que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir los salarios mínimos, aumentos de bonos de alimentación y el aumento de las escalas a todos los trabajadores que deben hacerse de forma inmediata cuando Presidencia anuncia los aumentos.
El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, vive una situación similar en su entidad, pues denunció que a pesar de haber recibido los recursos provenientes del situado que alcanzan los tres mil millones de bolívares, tienen una deuda similar con sus empleados debido a que no han contado con el dinero necesario para cancelar los aumentos, bonos y aumento de escalas.
«El año pasado se realizaron tres aumentos, de los cuales el Gobierno no envió los recursos necesarios y tenemos esa mora. Con el aumento que se hizo este año, en el cual el bono de alimentación superó el salario, recibimos los recursos aprobados pero no hemos podido cancelar los aumentos de las tablas salariales que deben hacerse en todo el país», expresó Guarulla.
Al parecer del gobernador de Amazonas, todas las alcaldías y gobernaciones del país atraviesan una situación similar pues pasan por los mismos problemas de falta de cancelación de los recursos adicionales, pagos por conceptos de aumentos y tablas, salariales además de la inflación.
El alcalde del Distrito del Alto Apure, Jorge Rodríguez Galvis, aseguró que a pesar de haber «nacido y nos mantenemos en revolución», este distrito atraviesa los mismos problemas de fallas en el presupuesto asignado y cancelación de los recursos.
Rodríguez Galvis denunció este martes que de 621 millones de bolívares que se les asignó por situado constitucional, solo han cancelado 50 millones, or lo que la alcaldía presenta un grave déficit presupuestario. Además, deben más de 200 millones de bolívares por concepto de pagos regulares de salarios a los trabajadores (que tienen varios meses sin cobrar), y tampoco les fueron asignados los recursos en mayo para el aumento salarial decretado por el presidente Maduro.
Debido a estos problemas, el alcalde Rodríguez indicó que introducirán ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de abstención para proteger a los trabajadores y sus familias.
En Lara tampoco escapan de la realidad. El gobernador Henri Falcón decretó emergencia económica financiera en la entidad a principios de junio debido principalmente a la imposibilidad de asumir los constantes aumentos y los retrasos en la cancelación de los excedentes presupuestarios que por Ley le corresponden al estado.
Falcón explicó que el primer ajuste de salario tuvo una incidencia en el presupuesto de la gobernación de 1.440 millones de bolívares, recursos que no envió el Ejecutivo y que no tenía el gobierno regional. El segundo ajuste representó una incidencia de 3.956 millones.
La gobernación de Lara sumó un déficit de 5 mil 396 millones de bolívares. El déficit proyectado para este año estaba en 10 mil millones de bolívares, pero ahora el total es de 16 mil millones de bolívares.
Además, Falcón detalló que «a Lara le correspondieron 1.842 millones de bolívares, lo cual no es para salario mínimo ni para cestaticket, ya que son recursos ordinarios que se incorporan al situado constitucional. Mediante la Gaceta Oficial Nº 40.911 nos exhortan para que con esos recursos se ajuste el salario mínimo y el cestaticket. Pero no están enviando ni medio. Se trata de recursos nuestros que debieron cubrir el déficit de los 10 mil millones progresivamente».
Algunos estados considerados como rojos tuvieron mejor suerte en la inversión. Los estados orientales de Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui contaron con un aumento de 122% del situado con respecto a 2015, mientras que a Aragua se les aprobaron todos los recursos presupuestados. En Táchira denunciaron que el presupuestó se asignó sin haber sido aprobado por el Consejo Legislativo, mientras que Carabobo fue el gran perdedor, pues a pesar de contemplar para 2016 un gasto de más de 17 mil millones, solo les fueron aprobados un poco más de 15 por situado constitucional.
SOLUCIÓN LEGISLATIVA
En la sesión ordinaria del 31 de mayo de la Asamblea Nacional se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, que busca recuperar ciertas competencias a los estados y municipios.
Este proyecto fue presentado por el diputado Rafael Guzmán y forma parte de la agenda legislativa de la Comisión de Finanzas. Consta de 234 artículos, siete títulos y ocho capítulos, donde se especifican el sistema de distribución de los ingresos en los estados, formas de ingresos por tributos, y se toman en cuenta casos especiales como la explotación de las salinas, minerales no metálicos y ostrales de perlas; impuestos a la venta de combustibles derivados de hidrocarburos o impuestos por ganancias fortuitas.
Una de las novedades es la propuesta de crear un nuevo sistema de recursos de las haciendas, y una nueva ordenación del régimen para su administración. Además se establecen «Relaciones Fiscales Intergubernamentales», donde no sólo se proponen mecanismos de cooperación e intercambio de información a nivel vertical y horizontal entre los distintos entes políticos territoriales, sino también, medidas de coordinación en el ejercicio de sus actividades financieras.
Para Guzmán, esta ley es un paso a la autonomía que durante 15 años la provincia venezolana ha estado esperando, como repuesta para mejorar el manejo de sus recursos.
«Este es un Gobierno que lo único que a hecho es atacar la descentralización y fortalecer centralismo».
El parlamentario recordó que el hecho de haberle quitado la competencia a las gobernaciones en 2009 empeoró considerablemente la situación de las autopistas y puertos del país. «Este es un Gobierno que desde que llegó al poder ha malgastado y malversado más de un millón de millones de dólares de las rentas petroleras que le pertenecen a todos los venezolanos, mal pudiera manejar correctamente, los recursos de las regiones».
Además, Guzmán detalló que este proyecto de ley orgánica está dirigido a proponerle un nuevo sistema de administración de ingresos y gastos a los estados, para que se puedan tomar las decisiones en forma conjunta con las comunidades.
Ricardo Sanguino, diputado del PSUV, rechazó el proyecto, pues aseguró que representa un golpe a los aportes del Seniat y de otros organismos que impulsan numerosos programas sociales.
El proyecto de ley se encuentra dentro de discusión en la Comisión de Finanzas para luego pasar a Consulta Pública y llegar a segunda discusión para ser aprobada y sancionada en la plenaria.
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