Gobierno abrió compuerta para partidos opositores que no le hacen contrapeso
El Poder Electoral avaló a organizaciones nuevas como Soluciones, partido creado por Claudio Fermín, y a Cambiemos, fundado por el diputado Timoteo Zambrano. Además permitió el cambio del partido Nuevo Camino Revolucionario al nombre de Somos Venezuela
La arremetida del Gobierno contra los partidos, iniciada en 2016, ha dejado como saldo que, para finales de 2018, de acuerdo con un registro de Súmate, el CNE ha cancelado 88,6% de las organizaciones que adversan la revolución. En contraparte, se ha dado el aval a pequeñas organizaciones, dentro de las que figuran algunas que respaldan al oficialismo y a opositoras que se han medido en los comicios celebrados durante este año.
El Poder Electoral avaló a organizaciones nuevas como Soluciones, partido creado por Claudio Fermín, y a Cambiemos, fundado por el diputado Timoteo Zambrano. Además permitió el cambio del partido Nuevo Camino Revolucionario al nombre del Movimiento Somos Venezuela, partido activado por Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Fue en enero de este año cuando el TSJ ordenó al CNE excluir a la Mesa de la Unidad Democrática del proceso de validación de firmas, pero seis días martes se informó de la habilitación del Movimiento Somos Venezuela con potestad para postular candidatos.
La Mesa de la Unidad Democrática, alianza de partidos opositores, resultó la tarjeta más votada en las elecciones parlamentarias de 2015. Durante el proceso de legalización, en el camino se quedaron además Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
El propósito del cerco a los partidos que se enfrentan a Maduro es configurar una oposición a la medida, destaca el politólogo Luis Salamanca.
“El objetivo de todo régimen autoritario es liquidar a la oposición que le puede desbancar del poder. Este que era un régimen autoritario hibridado con elecciones, ya ni siquiera hace elecciones competitivas. Esta tendencia se acentuó desde la constituyente. Los principales partidos opositores y la MUD fueron proscritos y sin derecho a procesos administrativos para apelar estas resoluciones, pero además desde Hugo Chávez, no se permitió la legalización de organizaciones radicales como Marea Socialista o Vente Venezuela”, puntualiza.
Salamanca insiste en que el Gobierno no solo viola el derecho constitucional a la libre asociación política, sino que también propicia una oposición sin beligerancia. Destaca que así se evidenció en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 con el partido Avanzada Progresista, principal organización de la alianza de partidos pequeños que apoyaron a Henri Falcón, y en los recientes comicios de concejales del 9 de diciembre.
Cuestiona que a los partidos con una línea dura contra el Gobierno, no solo se les sacó del juego durante las fases de legalización, puesto que muchos de sus dirigentes están detenidos o en el exilio. El politólogo recuerda que, al mismo tiempo, se han hecho legalizaciones exprés.
Salamanca subraya que luego de las municipales del 9 de diciembre, el Gobierno se ha jactado de que derrotó a la oposición, pero considera que no es cierto dado que el grueso de los adversarios de Maduro no participó en el proceso, en el que además la abstención fue de 72%.
Tania D’ Amelio, rectora del CNE, informó en septiembre de este año que solo hay 21 organizaciones políticas nacionales vigentes: PSUV, AP, COPEI, MAS, MOVEV, MEP, Somos Venezuela, MPAPC, ORA, PCV, PODEMOS, PPT, TUPAMARO, UPV, UPP89, El Cambio, CMC, ACEP, FDC, LAPIZ y SPV. Destacó la reciente inscripción de las últimas 5 organizaciones.
Al respecto, Ricardo Dao, miembro de la dirección nacional de Soluciones, aseguró que la organización de Claudio Fermín tenía 5 años tramitando su legalización y logró recabar las firmas exigidas por el ente comicial.
Trabas electorales
Durante todo el 2018, el CNE condicionó la participación en elecciones a los partidos que concurrieron a los comicios previos. Así, por ejemplo, estaban impedidos de ir a las municipales del 9 de diciembre, las organizaciones nacionales y regionales que no postularon candidatos a las regionales de 2017 y a las presidenciales de mayo de este año.
“Existe una clara y sostenida intención del CNE de celebrar procesos comiciales con una acentuada reducción de organizaciones políticas, y quizás sólo con los partidos políticos que cuenten con el visto bueno del Gobierno”, advirtió Acceso a la Justicia en un informe. La ONG recordó la decisión de la ANC, publicada en la Gaceta Oficial número 41.308 del 27 de diciembre de 2017, que calificó como ilegítimas a las organizaciones políticas que se abstuvieron de participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes del año pasado.
Trabas administrativas
El consultor electoral Aníbal Sánchez señala que quedan un total de 21 partidos nacionales, de los cuales 4 son nuevos: Acep, Soluciones, Lápiz y Cambiemos. Indicó que la Fuerza del Cambio existía desde el 2016, pero no logró renovarse; el CNE le reservó la denominación y, en agosto de 2018, renovó la militancia a través de las firmas.
Sánchez indica que las referidas organizaciones representan casos distintos de Marea Socialista, compuesto por chavistas que cuestionan las políticas de Nicolás Maduro, y Vente Venezuela, cuya coordinadora es María Corina Machado. Explica que a estas organizaciones, desde 2015, “se les ha regresado en el primer paso correspondiente a la reserva de la denominación con fines políticos, bajo el argumento de que sus nombres no son denominaciones”.
Añade que a otras organizaciones como Soluciones, Cambiemos, Lápiz y Acep les flexibilizaron la norma al aprobarles la denominación con cambios. “En el caso de Soluciones por Venezuela, con las siglas SPV, al Movimiento Ciudadanos Cambiemos con las siglas MCC. Ellos presentaron el 1% de las manifestaciones de voluntad en firmas en más de 12 estados del país. En la fase de validación vino la flexibilización por cuanto el CNE aplicó un nuevo criterio: Por estados grandes llevan 1500 electores a colocar sus huellas, 1000 por los estados medianos y 500 por los pequeños”, explica.
Aníbal Sánchez sostiene que con el ente comicial “hay que aprender a jugar bajo sus normas”. Señala que aún no se sabe qué hará el CNE con las organizaciones con fines políticos que no obtuvieron 1% de los votos en las elecciones de concejales, entre las que se encuentran Tupamaros, MEP, Podemos, MCC, MPAC; ORA, Acep, Lápiz y la FDC.
Arremetida judicial
La raíz de la exclusión de los principales partidos está en número 01 de 2016 emitida por la Sala Constitucional del TSJ. Esta situación fue denunciada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), durante el período 170° Período Ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizado a principios de diciembre de 2018.
La ONG recordó que se ordenó a 59 partidos a renovarse luego de la interpretación que la Sala Constitucional dio al artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Destaca que la renovación se hizo en medio de un proceso burocrático.
“El proceso de legalización de los partidos fue diferido en cinco ocasiones por las rectoras del CNE y por varias sentencias del TSJ. En total, el proceso para que las organizaciones pudieran mantenerse legales se demoró un año y tres meses, es decir, un total de 462 días.
Sin embargo, en medio de estos diferimientos, el TSJ en su sentencia Nº233 concluyó que los partidos Tupamaro, Nuvipa, PSV y Unidad DR, partidos ligados a la postura de Gobierno que inicialmente obligados a participar en la renovación, estaban exentos de cumplir con este trámite”, argumentó ante el Cepaz ante el sistema interamericano.
Cepaz rechaza la amenaza a la existencia del pluralismo político en Venezuela, la cual vulnera los derechos políticos del pueblo.
