Gobierno afina mecanismos represivos e impone el miedo para acallar protestas ciudadanas
Las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estímulos a la delación y amenazas directas a sectores populares y activistas políticos son parte de los mecanismos usados por el gobierno de Nicolás Maduro para acallar las protestas en contra de los resultados del 28 de julio. Otras acciones, como el arresto selectivo de opositores y mensajes en redes sociales sobre la operación «tun tun», buscan evitar mayor conversación sobre la crisis política y las graves violaciones a los derechos humanos
«Tengan la seguridad que iremos por todos los criminales, por todos los fascistas, porque el fascismo en Venezuela no asaltará el poder. Estoy dispuesto a todo, y cuento con ustedes para que prevalezca el orden, la ley, la Constitución», dijo el gobernante Nicolás Maduro en un acto de ascenso de oficiales de la Guardia Nacional el domingo 4 de agosto.
«Y el que se coma la luz, tun tun. No seas llorón, vas pa Tocorón», dijo en otro acto el 5 de agosto con jóvenes del PSUV. Esta serie de mensajes y otras violaciones a los derechos humanos, identificadas por varias ONG, forman parte de las estrategias de la administración Maduro para detener las protestas ciudadanas contra los resultados del 28 de julio e infundir temor en la población. ¿El objetivo? Acallar cualquier conversación sobre la crisis política, especialmente en sectores populares.
La ola de protestas ciudadanas en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del 29 de julio, donde se dio como ganador a Maduro, desató una escalada de represión «brutal» y «corta, pero intensa», según oenegés como Provea, Laboratorio de Paz y Amnistía Internacional. Las autoridades contabilizan 2.229 personas detenidas y dos muertos en todo el país por hechos que califican como «terroristas».
Pero organizaciones independientes cifran en 25 los fallecidos y 1.263 las personas detenidas, entre ellos 114 adolescentes, cinco indígenas y 16 personas con discapacidad.
Provea destaca que esto equivale al 41,59% de las detenciones arbitrarias registradas entre los meses de abril y agosto de 2017, «el ciclo de protestas más importante del país desde 1989».
Hay un patrón en estos arrestos, de acuerdo a lo dicho por el Foro Penal: vienen de sectores populares o medios, han sido presentados en audiencias telemáticas colectivas ante tribunales con competencia en terrorismo, son sometidos a aislamiento prolongado, se les impone defensores públicos y no se permite acceso a los expedientes.
«Hemos pasado de los castigos ejemplares a la masividad de los efectos de la represión. Los sectores populares son las principales víctimas en este momento», dice Rafael Uzcátegui, sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes señaló que en esa región (estado Mérida, Táchira y Trujillo) se identificaron 12 modalidades:
- Detenciones arbitrarias.
- Desapariciones forzadas.
- Tratos crueles y degradantes.
- Violación del principio de presunción de inocencia.
- Imputación de delitos graves sin pruebas.
- Negación del derecho a la defensa privada.
- Imposición desde Caracas de defensores y fiscales nacionales antiterrorismo.
- Violación del principio de individualización de la pena.
- Tratamiento no diferenciado entre personas adultas y menores de edad durante su detención y proceso judicial.
- Tratamiento no diferenciado de las mujeres privadas de libertad.
- Incitación al odio mediante la exposición pública de fotografías y nombres de personas, a quienes etiquetan con mensajes como «Se busca. Recompensa. Líderes guarimberos».
- Violación a la libertad de expresión, libre asociación y libre tránsito. Hostigamiento y agresiones contra trabajadores de la prensa.
En todo el país los delitos se repiten: terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas, asociación para delinquir y traición a la patria, cuyas penas van entre tres y 30 años de prisión. A algunos también se les imputa el delito de uso de adolescentes para delinquir.
Varias Relatorías de la ONU han llamado la atención sobre el «uso crónico» de la legislación antiterrorista, especialmente en el caso de defensores de derechos humanos. La organización Espacio Público ha dejado en claro que los delitos contemplados dentro de la “Ley contra el odio” son amplios y difusos, por lo que su aplicación es discrecional.
La nueva «masividad»
El codirector de Laboratorio de Paz resalta que hay «algunas novedades» dentro de este esquema represivo que en el pasado se presentaban como casos aislados. Todas ellas están marcadas por la «masividad».
Pone como primer ejemplo el estímulo oficial a la delación. «Nosotros en el 2014 y 2017 teníamos casos registrados, pero en este momento es masivo, se transformó en una política institucional el suministro de información de personas que manifiestan o comparten información en redes sociales. Incluso se habilitó una aplicación que ya existía, que es VenApp, para que la gente pudiera entregar este tipo de datos».
*Lea también: Gobierno radicaliza la represión al usar la VenApp como brazo de persecución
Además del uso de VenApp, se han activado canales de Telegram y números de WhatsApp de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), identificado por organismos internacionales como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Todo ello identificado como parte de la «operación tun tun».
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TalCual pudo conocer que las estructuras comunales (consejos, jefes de calle, UBCH) tienen parte y son estimuladas directamente a la identificación y delación de opositores. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) también dispone de carpetas con fotos y nombres de personas en «lista» para ser detenidas u hostigadas.
Otra situación que expone Laboratorio de Paz es la extorsión a personas privadas de libertad. «En este momento se ha vuelto una constante (…) Se les cobra por cualquier cosa, por permitirles llamadas telefónicas a sus familiares, por todo. Sobre todo, hay una situación de extorsión masiva para liberarlos. Tenemos información de cobros que van desde los 500 dólares, incluso nos han reportado que hay casos, de acuerdo a los perfiles, que llegan a solicitarles 15.000 dólares. Unas cifras desproporcionadas para lo que gana la gente en Venezuela», dice Uzcátegui.
La organización también destaca la detención de personas por compartir información en redes sociales. «Antes eran castigos emblemáticos, que tenían un objetivo de infundir temor pero ahora vemos detenciones en alcabalas o retenes policiales y militares y si la gente ha compartido información crítica, memes, noticias o cualquier otro tipo de comentario que para los funcionarios signifique incitación al odio es detenida».
Viejas prácticas
Las desapariciones forzadas, el aislamiento y tratos crueles como amenazas verbales, violencia psicológica, negación de alimentos, agua o atención médica son constantes que se repiten en las detenciones de carácter político.
El Observatorio de la ULA pudo constatar, a través de testimonios de familiares, que la mayoría de los detenidos en las protestas estuvieron desaparecidos por horas e incluso días. Esta situación se replica a casos de dirigentes políticos como Nelson Merino, Freddy Superlano o María Oropeza, quien hizo una transmisión en vivo por la aplicación Tiktok del momento en que era detenida.
.🚨 #Urgente | Funcionarios de la DGCIM, detuvieron a María Oropeza, jefe del comando de campaña ConVzla en Portuguesa.
Ingresaron a la fuerza y sin orden judicial.
Alertamos a la comunidad internacional de esta situación. El régimen es responsable de su integridad física. pic.twitter.com/lIi0pwSlyg
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 7, 2024
Ese mismo video fue utilizado por la Dgcim en sus redes sociales, con un fondo musical de la película de terror Freddy Krueger. Una de las frases que se resalta, mientras se ve a la dirigente de Vente Venezuela esposada, llorosa y bajando de un avión es «vienen por ti». La madre de Oropeza no sabe de su paradero oficial.
🆘 ACTUALIZACIÓN URGENTE DESDE VENEZUELA 🇻🇪
La agencia de contrainteligencia militar de Venezuela, DGCIM, publicó un video aterrador de María Oropeza, directora del Comando por Venezuela en el estado Portuguesa, quien fue arrestada el martes.
Esta campaña de terror ha sido… pic.twitter.com/18jlbYnMwq
— Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) August 9, 2024
En el estado Mérida se pudo confirmar que en las audiencias telemáticas están presentes los mismos funcionarios de la Guardia Nacional que hicieron las detenciones, lo que genera temor entre los detenidos. El Observatorio de la ULA también constató «acciones de intimidación a jueces, fiscales y defensores, ordenadas desde el Ministerio Público en Caracas».
Esta coacción por parte de los custodios en audiencias telemáticas también ha sido identificada en otros políticos, especialmente de los detenidos en la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I.
Rafael Uzcategui señaló que los delitos bajo investigación y monitoreo internacional, como torturas o asesinatos, no son tan representativos en este momento como una forma de «cuidarse». Esto no es más que «un refinamiento de los mecanismos de control y coerción hacia otras estrategias que tienen que ver con todas estas detenciones masivas y uso de los medios de comunicación para mandar mensajes de intimidación y temor».
A pesar de ello, insiste en la cantidad de personas asesinadas. «Es una cifra escandalosa, pero no hemos llegado a los niveles letales de 2017. Un solo venezolano que sea asesinado es reprobable». Considera además «que el gobierno ha derogado las garantías constitucionales por la vía de los hechos, pero no lo anuncia por el referente que tenemos los venezolanos en El Caracazo».
Reacción popular
Diversas organizaciones de derechos humanos han subrayado lo que significó el 29 de julio y días subsiguientes: una respuesta de la población ante la duda, más que razonable debido a la falta de resultados electorales desglosados, de la victoria de Nicolás Maduro.
«La población venezolana, que ha sufrido las terribles consecuencias del régimen autoritario de Nicolás Maduro, tiene el legítimo derecho a levantar la voz y a salir a las calles en defensa de la transparencia de su propio sistema electoral y para la recuperación de la democracia», dice la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Al ser una movilización convocada y protagonizada en su mayoría por sectores populares, algunos de ellos antiguos bastiones electorales del chavismo, se comportó de manera diferente a través del derribo de estatuas de Hugo Chávez, el ataque a sedes del PSUV o la quema de material publicitario de Maduro, explican en Laboratorio de Paz.
Frente a una «reacción monumental de la ciudadanía», teoriza Rafael Uzcátegui, el gobierno optó posiblemente por una doble estrategia represiva: una respuesta corta pero contundente, que no es sostenible en el tiempo por razones de operatividad de los cuerpos de seguridad, y una operación de difusión del temor a través de vocerías oficiales y cuentas institucionales.
«Es decir, el gobierno intenta que el miedo en este momento sea el que inhiba, el que neutralice la posibilidad de que la gente siga expresándose en el espacio público y a través de las redes sociales», asegura.
A estos mensajes se suman la anulación de pasaportes al azar, el bloqueo a redes sociales utilizadas para la denuncia y difusión de información o de aplicaciones de mensajería segura. La organización Access Now también resalta la ejecución «de campañas de desinformación en medios estatales y redes sociales, para manipular y estigmatizar a individuos. Estas tácticas abusivas frecuentemente resultan en detenciones contra las víctimas».
Que la represión en mayor escala continúe, dice Uzcátegui, «va a depender de la magnitud del despliegue de la ciudadanía en el espacio público, pero creo que el gobierno particularmente el mayor miedo que tiene es la protesta de los sectores populares (…) Si vuelven a tener una presencia masiva en el espacio público lamentablemente vamos a seguir viendo este tipo de reacciones intensas pero de corta duración».
