Gobierno amenaza autonomía universitaria al querer controlar el 100% de los cupos
El sociólogo Carlos Meléndez, miembro del Observatorio de Universidades, analiza la decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de centralizar el control de los cupos universitarios a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Esta medida, que elimina las pruebas internas de admisión en la mayoría de las universidades, atenta contra la autonomía universitaria y la equidad en el acceso a la educación superior, explica en Noche D
El gobierno venezolano, a través del CNU, busca controlar el 100% de las asignaciones de cupos universitarios, eliminando las pruebas internas de admisión que las universidades autónomas han utilizado durante años. Esta decisión, según el sociólogo Carlos Meléndez, miembro del Observatorio de Universidades, «debe entenderse en principio como una acción más que vulnera la autonomía universitaria». Meléndez argumenta que el proceso de formación universitaria «comienza con el ingreso», y esta medida representa una «afrenta» a la autonomía universitaria que se suma a otras tomadas en el pasado, como la eliminación de la prueba de actitud académica en 2007.
El experto destaca, en entrevista en el programa NocheD de TalCual, que la decisión del CNU tiene «un componente de derechos humanos» al violar la autonomía universitaria, un principio constitucional que garantiza derechos como «el derecho a la educación de calidad, la libertad de cátedra, la libertad de investigación». Si bien el gobierno argumenta que la medida busca «equidad y justicia», Meléndez contrapone que «la equidad no debe ser discrecional», y critica la falta de responsabilidad gubernamental en cuanto a «el salario de los profesores universitarios, en el presupuesto universitario y las condiciones de infraestructura de las universidades». Como prueba de ello, cita datos del Observatorio de Universidades: «ocho de cada 10 no tienen electricidad ni agua de forma continua, que nueve de cada 10 no tiene internet en sus universidades, que seis de cada 10 profesores y estudiantes no tienen laboratorios ni biblioteca que funcionen y sean suficientes para la labor académica e investigativa».
Meléndez señala que, incluso antes de esta decisión, la OPSU ya controlaba el 80% del ingreso a las universidades, dejando solo el 20% para mecanismos alternativos como las pruebas internas. Este sistema, según el sociólogo, garantiza que los estudiantes tengan «las condiciones, las capacidades para poder no solamente ingresar, sino también egresar de las universidades». Las pruebas internas, especialmente en áreas como artes y música, son «mecanismos más efectivos para garantizar el egreso efectivo de profesionales universitarios para el país».
La decisión del gobierno, sin embargo, no ha sido totalmente efectiva. La UCV, por ejemplo, ha anunciado que continuará con sus pruebas internas para el ingreso 2025, basándose en su autonomía constitucional. Meléndez explica que la respuesta de la UCV «goza de legalidad», aunque se espera ver qué acciones tomará el gobierno para contrarrestar esta decisión. El sociólogo advierte sobre el peligro de un control total del sistema de educación superior, ya que esto representa una amenaza a «un espacio de contención, un espacio de reproducción de ciudadanía, del pensamiento diverso, del pensamiento libre, de la investigación autónoma, de la cátedra libre».
La situación se complica aún más por la drástica reducción de la matrícula estudiantil. Meléndez cita datos oficiales que indican una reducción del 23% entre 2008 y 2018, mientras que las universidades autónomas reportan reducciones de entre el 50% y el 60% desde 2012 hasta 2023. «Dos de 50 siguen en la universidad», afirma Meléndez al referirse a una promoción de bachilleres de 2019, ilustrando la preocupante deserción estudiantil. Esta situación se debe, en parte, a las precarias condiciones de vida de los estudiantes y profesores, con salarios extremadamente bajos y falta de recursos. «Los docentes universitarios en Venezuela lamentablemente tienen el peor salario de toda América», afirma Meléndez, añadiendo que un profesor titular a dedicación exclusiva percibe 8 dólares mensuales.
Finalmente, Meléndez advierte sobre posibles acciones futuras del gobierno, como la ampliación del paralelismo universitario y el control presupuestario, que agravarían aún más la situación de las universidades y sus miembros. La precaria situación de las infraestructuras universitarias fuera de Caracas también es un tema preocupante, con universidades en condiciones deplorables. En resumen, la decisión del CNU representa una grave amenaza a la autonomía universitaria y a la calidad de la educación superior en Venezuela, exacerbada por la crisis económica y social que afecta al país.
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