Gobierno de Maduro pide a la CPI responder informe de víctimas de lesa humanidad
Para la ONG Acceso a la Justicia, esta es una «estrategia dilatoria» del gobierno venezolano para retrasar una decisión dentro de la CPI sobre la investigación por crímenes de lesa humanidad. Le corresponde la Sala de Cuestiones Preliminares I, que lleva el caso Venezuela I, responder a esta solicitud antes de definir si continua o no la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan
La administración de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de llevar el caso Venezuela I sobre crímenes de lesa humanidad, que se les permita responder al informe sobre las opiniones de 8.900 víctimas que solicitan la reanudación y ampliación de la investigación.
En una carta del pasado 25 de abril, firmada por el canciller Yván Gil, el gobierno venezolano sostiene que esta autorización para responder se justifica debido a que el informe presentado por la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) «plantea nuevos problemas» que no estaban previstas antes de conocer dicho escrito.
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Además, el gobierno venezolano alegó que el informe de la VPRS «presenta hechos de presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano».
El canciller Gil considera necesario que Venezuela pueda responder «en detalle a cada una de estas alegaciones» ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Para entregar dichas respuestas, la administración Maduro pide a la Sala un plazo hasta el 30 de mayo para poder entregar sus reclamos.
En todo caso, le corresponde la Sala de Cuestiones Preliminares I responder a esta solicitud antes de definir si continua o no la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan.
El informe de la VPRS, publicado el pasado 20 de abril, expuso que las víctimas consideran que «debido a la falta de justicia efectiva por parte del Estado venezolano, este Tribunal es el único medio para lograr la reparación o compensación del daño sufrido, para obtener verdadera justicia y responsabilizar a los agentes del Estado cómplices de los grupos armados que actúan a favor del Gobierno nacional y son protegidos por agentes militares y policiales».
El documento (de 57 páginas) no contiene información que identifique a las víctimas y organizaciones que declararon en este proceso. La CPI aclaró que el Gobierno de Venezuela «no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas».
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Para la ONG Acceso a la Justicia, esta es una «estrategia dilatoria» del gobierno venezolano para retrasar una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I sobre la investigación por crímenes de lesa humanidad.
En su cuenta en Twitter, la ONG expresó que esta solicitud «no tiene sentido, dado que el informe es confidencial tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan en atención a la protección de las víctimas, pero evidentemente hay que esperar la decisión de la Sala al respecto».
Esta solicitud por parte de Venezuela no tiene sentido, dado que el informe es confidencial tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan en atención a la protección de las víctimas, pero evidentemente hay que esperar la decisión de la Sala al respecto #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 27, 2023
El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) coincidió en el cáracter dilatorio de la propuesta, y además consideran que esta petición «tiene muy pocas posibilidades de éxito».
Además, la organización explicó que estas peticiones supondrían tener acceso a la información sobre las víctimas. «Algo que está completamente excluido, incluso para el Fiscal de la CPI y con mayor razón para los Estados».
