Gobierno interino, sanciones y negociación, por Gonzalo González
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El gobierno interino no pudo cumplir con su principal objetivo, el cual era impulsar exitosamente el fin de la usurpación. No obstante, su desempeño no ha sido inocuo ni es tampoco un artefacto virtual como algunos injustamente lo califican.
Hay logros más modestos que, por modestos, no dejan de ser importantes. Empecemos por los que podríamos caracterizar como simbólico-políticos: reivindicar a la Asamblea Nacional electa en el 2015 como el único poder nacional del Estado con legalidad y legitimidad de origen; visibilizar por contraste la usurpación, por tanto, la condición dictatorial e inconstitucional del gobierno surgido de los fraudulentos comicios presidenciales del 2018 y del parlamento electo en el 2020; expresar al país y al mundo la decisión de resistir a la dictadura.
Sigamos con los aportes concretos a la lucha contra la usurpación: la condición de gobierno interino ha facilitado el esfuerzo y la credibilidad al denunciar la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, el riesgo y los daños que eso supone tanto para el país como para la vigencia de la democracia como sistema en el mundo y para la seguridad nacional de los Estados democráticos. De lo anterior deriva el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional democrática, que es uno de los principales activos de la lucha contra el régimen. Ha posibilitado resguardar importantes activos materiales de la república en el extranjero (claves para la futura recuperación económica del país) en peligro de embargo o de ser escamoteados por la corrupción imperante en el gobierno Maduro.
Lo arriba glosado no pasa por alto las carencias, limitaciones, errores del gobierno interino. Tampoco que se encuentra en horas bajas. Así como la necesidad de evaluar su utilidad y permanencia como instancia e instrumento útil para la resistencia a la dictadura y articulador de fuerzas para la consecución del cambio necesario.
A pesar de sus problemas, el interinato continúa siendo reconocido por los EE. UU., la UE y otros componentes de la comunidad internacional democrática como el interlocutor privilegiado. Y por el régimen como su principal enemigo interno.
Las sanciones instrumentadas por EE. UU. y la UE a sectores del Estado venezolano, a altos jerarcas del régimen, cómplices y asociados del mismo han demostrado su utilidad. Si bien no le han quebrado la muñeca ni lo han sacado del poder, lo han aislado de tal manera del sistema comercial y financiero internacional que le ha complicado el acceso a recursos necesarios que le facilitarían su gobernanza y estabilidad. Las sanciones personales han convertido a los miembros de la nomenclatura roja y allegados en suerte de parias internacionales e integrantes algunos de la lista de buscados por Interpol.
Las sanciones han sido clave para llevar al régimen a la mesa de negociaciones en México.
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Algunos de buena fe, otros por intereses subalternos, han cuestionado las sanciones y solicitado su levantamiento. No hay otras formas más eficaces para que los Estados demuestren su divergencia con políticas y acciones de otros Estados, sus dirigentes, allegados, cómplices, asociados. Por supuesto que las mismas generan daños colaterales; lo recomendable es que las sanciones a adoptar limiten lo más posible esos perjuicios. Lo otro es quedarse en lo meramente declarativo.
Un nuevo escenario de conversaciones entre el régimen y las fuerzas democráticas se inició la semana pasada. Una solución negociada a la crisis política (madre de todos los demás padecimientos) acompañada de acuerdos para confrontar conjuntamente problemas como el covid-19 sería el mejor escenario.
Las fuerzas democráticas no pueden negarse a experimentar esa posibilidad siempre y cuando no sirva simplemente como en ocasiones en anteriores para que el régimen compre tiempo, tampoco para facilitar el continuismo chavista.
Concuerdo con que los interlocutores son y deben ser los que se sentaron. Nada tienen que hacer allí mesitos-alacranes; tampoco otros sectores que para conveniencia del régimen convertirían esas reuniones en asambleas inútiles. Otra cosa es que desde el lado democrático se produzca la mayor consulta, asesoría con sectores políticos y de la sociedad civil.
El proceso es visto con escepticismo por no pocos, entre los que me incluyo, por los antecedentes, la condición dictatorial del chavismo, debilidad opositora, falta de incentivos —por los momentos— para que el chavismo acuerde cosas que potencialmente lo desalojen del poder.
Las fuerzas democráticas no pueden circunscribir su política, estrategia y acción a la negociación. Tienen por delante el reto de reconstruir la unidad, trabajar por politizar, articular, construir musculatura orgánica sobre el descontento y el rechazo mayoritario de la sociedad al régimen.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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